Federación Agraria presiona al Gobierno para que se meta en la pelea con Monsanto
“No descartamos ninguna medida si el Gobiernono interviene a favor de la cadena de comercialización”. Así lo advirtió elpresidente de Federación Agraria (FAA), Omar Príncipe, en una conferencia de prensaofrecida hoy en la sede porteña de la entidad.
El dirigente rural mantiene una dura pelea conMonsanto en el marco del interminable conflicto por la decisión de la empresade comenzar a cobrar regalías por su soja “RR 2”, más conocida como “Intacta”.
“Hasta ahora solo escuché al secretario deAgricultura (Ricky Negri) decir que es un conflicto entre privados. Esperamosque el ministro (Ricardo Buryaile) no se exprese en esa dirección porque de locontrario estaremos en serios problemas”, advirtió Príncipe.
“Esto no es un problema entre privados; es untema que debe resolver el Estado porque sino actúa de manera urgente habráconsecuencias graves”, apuntó el titular de FAA, y agregó que “Monsanto vienepor el control de la soberanía alimentaria argentina”.
Hasta ahora Federación Agraria sequejaba de que Monsanto “retenía” cargamentos de soja para verificar si conteníansu semilla y no habían pagado los derechos de uso correspondiente.
Un cargo que rechazan Monsanto ylos exportadores, que aclaran que simplemente realizan, a través de laextracción de muestras, la evaluación de la presencia de la biotecnologia Intactapara así asegurarse el exportador no estar comercializando grano producido através de semillas que contienen tecnologías patentadas y que requieren, portal motivo, contar con la licencia de uso del propietario de las patentes.
La empresa –que maneja el 10 por ciento delmercado de semillas del país- además niega que cobre cánones sobre el grano,sino que lo hace sobre las biotecnologías patentadas en semillas.
La discusión de fondo
Un dato que llamó la atención es que en laconferencia de prensa -en la que estuvo La Política Online-, Príncipe se mostrójunto a las entidades que componen el Complejo Federado (AFA, FECOFE y CAFER),pero no con el resto de la Mesa de Enlace.
En este sentido, algunos llegaron a decir que laSociedad Rural, CRA y Coninagro, si bien cuestionan la manera en que la empresaverifica la mercadería, no comparten la estrategia de Federación Agraria detratar de meter al gobierno en la discusión.
“Si el Gobierno no toma medidas, corre peligrola próxima comercialización de soja. Lo que dejó de ganar el Estado bajando lasretenciones a la soja, lo pretende ganar Monsanto implementando una retenciónprivada a los productores”, disparó Príncipe.
Cabe recordar que el año pasado la decisión deMonsanto generó la reacción de dirigentes del campo que consideraron que lacompañía instrumentaba una suerte de aduana privada para cobrar por el uso deuna tecnología que está protegida por leyes de propiedad intelectual.
En rigor, los que entienden del tema explicanque la empresa pretende lo obvio. Es decir, cobrar por el uso de una tecnologíapropia en la que invirtió millones de dólares para su desarrollo y que estáprotegida por leyes de propiedad.
Por eso, pese a criticar el método de laempresa de testear el grano, en el sector existe un cierto consenso respecto alderecho de Monsanto de comenzar a cobrar por su producto.
El sistema es muy simple: la empresa contratatécnicos que analizan el grano antes de su embarque y si detecta que tiene elgen tecnológicamente modificado de Monsanto verifica si ese productor o empresacompró la tecnología; sino lo hizo le envía una notificación reclamando el pago(pero no retiene la carga, porque esto sería ilegal).
Así las cosas, los representantes de lasentidades rurales son concientes en la importancia que tiene actualizar esteaño la Ley de Semillas -vigente desde 1973- que justamente propició unescenario mediante el cual los productores y las empresas se encuentran con unvacío legal libre de interpretación.
Se trata de un tema central para un país debase agropecuaria como la Argentina dado que las estimaciones privadas indicanque actualmente existe un mercado ilegal de semillas que movería alrededor de500 millones de dólares por año.