Advierten que la falta de audiencias públicas podría complicar los aumentos de luz y gas

Los ajustes tarifarios para los servicios de energía eléctrica y gas quese anunciarán en los próximos días podrían llevar al gobierno de Mauricio Macria enfrentar un extendido embrollo judicial y darle a la oposición kirchneristaun nuevo motivo para atacar las “medidas antimodelo” que se vienenimplementando desde el 10 diciembre.

El ministerio de Energía y Minería, Juan José Aranguren, tiene previsto poneren marcha los aumentos y la quita de subsidios por medio de decretos yresoluciones y soslayar la convocatoria a las “audiencias públicas” queestablecen las normas vigentes.

La decisión de no exponer a un “debate público no vinculante” losalcances y porcentajes de incrementos que recaerán sobre las boletas de luz ygas colocan a la administración macrista a tiro de posibles medidas cautelaresque podrían retrasar y complicar la aplicación de las nuevas tarifas.

La postura de esquivar las audiencias para no darle espacio a lascríticas opositoras contrasta con el accionar que tuvo Macri como Jefe deGobierno porteño. En sus dos períodos de gestión municipal, siempre convocó alas audiencias públicas fijadas por las normas para tratar los aumentos en losservicios de taxis, subtes y autopistas urbanas. E incluso ahora su sucesor enla ciudad, Horacio Rodríguez Larreta ya tiene en curso dos nuevas audiencias novinculantes para los próximos días donde se debatirán las subas que se vienenpara los taxis y peajes capitalinos.

Los argumentos

Para justificar la falta de realización de las audiencias públicas, lasautoridades del área energética sostienen dos argumentos que, a priori, puedenser atendibles desde el punto de vista político, pero suenan algo endeble desdela óptica legal.

En primer lugar, plantean que se trata básicamente de “una reducción desubsidios” que no tocaría los precios específicos de la energía y el gas y quepor tal motivo no resulta necesario una “audiencia pública”.

El cargo específico. El nuevo gobierno también debe resolver el conflicto por el “cargoespecífico por el gas importado” que el kirchnerismo impuso porel decreto 2067/2008. Ese cargo—que representa entre el 20 y 50% de lafactura total—fue frenado en 2010 por una cautelar de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Actualmente para no abonarlo, lo único que tienen que hacerlos usuarios es acudir cada vez que reciben una boleta a las oficinas de lasdistribuidoras para manifestar su rechazo y pedir la refacturación del servicio.

Y en segundo lugar, consideran que las subas que afrontarán los usuariosconstituyen una mejora en los ingresos de las distribuidoras que “es a cuenta dela revisión tarifaria integral (RTI) que se llevará adelante en el segundosemestre de 2016”. Según la interpretación oficial, las audiencias públicas sólodeben concretarse cuando está en juego una RTI y no ante ajustes transitorios oparciales.

Más allá del panorama optimista que trazan los funcionarios energéticossobre la aplicación del ajuste sin sobresaltos, no se descarta la presentaciónde varias demandas por parte de las defensorías del pueblo municipales,entidades de usuarios y legisladores de la oposición.

Un fallo clave

Además de reclamar las audiencias públicas que no fueron suprimidas porla reciente declaración de la “emergencia energética”, las probables demandasprometen hacer foco en un dato clave que, curiosamente, el gobierno parece nohaber tenido en cuenta hasta ahora.

Se trata de los fallos que están vigentes desde el año 2014 y queimpiden la aplicación plena de los últimos aumentos que había dispuesto laadministración kirchnerista en el servicio de gas sin haber llamado aaudiencias públicas

En marzo de 2014, los ex ministros Axel Kicillof y Julio De Vido anunciaronla implementación a lo largo de ese año de una tanda de ajustes de hasta el700% en las tarifas de gas.

Dichos aumentos que eran de alcance nacional sólo pudieron aplicarse enla región metropolitana y en algunas ciudades del interior del país.

Numerosas medidas cautelares otorgadas por jueces federales antepresentaciones de asociaciones de consumidores y funcionarios municipalesbloquearon la entrada en vigencia de las nuevas tarifas y obligaron a lasdistribuidoras de gas a refacturar los consumos que habían cobrado conaumentos.

En el caso de Litoral Gas, un fallo le vedó el traslado de los aumentosa todos los hogares de la provincia de Santa Fe hasta que se resuelva lacuestión de fondo sobre la legalidad de las subas.

En tanto, en el área de concesión de Camuzzi Gas Pampeana existe unalarga lista de cautelares que tienen suspendidos los incrementos de hace dosaños en Necochea, Miramar, Mar del Plata, Mar Chiquita, Balcarce, Lobería, TresArroyos, González Chaves, Olavarría, Azul, Tandil, Rauch, Las Flores, RoquePérez, Saladillo, Alvear y Tapalqué.

También se encuentran bloqueados los aumentos en San Nicolás, Ramallo,Pergamino, San Pedro, Baradero y Colón.

En el interior, fallos similares benefician a los usuarios residencialesde Mendoza, Córdoba, San Luis, San Juan y Tucumán.