Los ajustes tarifarios para los servicios de energía eléctrica y gas que se anunciarán en los próximos días podrían llevar al gobierno de Mauricio Macri a enfrentar un extendido embrollo judicial y darle a la oposición kirchnerista un nuevo motivo para atacar las “medidas antimodelo” que se vienen implementando desde el 10 diciembre.

El ministerio de Energía y Minería, Juan José Aranguren, tiene previsto poner en marcha los aumentos y la quita de subsidios por medio de decretos y resoluciones y soslayar la convocatoria a las “audiencias públicas” que establecen las normas vigentes.

La decisión de no exponer a un “debate público no vinculante” los alcances y porcentajes de incrementos que recaerán sobre las boletas de luz y gas colocan a la administración macrista a tiro de posibles medidas cautelares que podrían retrasar y complicar la aplicación de las nuevas tarifas.

La postura de esquivar las audiencias para no darle espacio a las críticas opositoras contrasta con el accionar que tuvo Macri como Jefe de Gobierno porteño. En sus dos períodos de gestión municipal, siempre convocó a las audiencias públicas fijadas por las normas para tratar los aumentos en los servicios de taxis, subtes y autopistas urbanas. E incluso ahora su sucesor en la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta ya tiene en curso dos nuevas audiencias no vinculantes para los próximos días donde se debatirán las subas que se vienen para los taxis y peajes capitalinos.

Los argumentos

Para justificar la falta de realización de las audiencias públicas, las autoridades del área energética sostienen dos argumentos que, a priori, pueden ser atendibles desde el punto de vista político, pero suenan algo endeble desde la óptica legal.

En primer lugar, plantean que se trata básicamente de “una reducción de subsidios” que no tocaría los precios específicos de la energía y el gas y que por tal motivo no resulta necesario una “audiencia pública”.

El cargo específico. El nuevo gobierno también debe resolver el conflicto por el “cargo específico por el gas importado” que el kirchnerismo impuso por el decreto 2067/2008. Ese cargo—que representa entre el 20 y 50% de la factura total—fue frenado en 2010 por una cautelar de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Actualmente para no abonarlo, lo único que tienen que hacer los usuarios es acudir cada vez que reciben una boleta a las oficinas de las distribuidoras para manifestar su rechazo y pedir la refacturación del servicio.

Y en segundo lugar, consideran que las subas que afrontarán los usuarios constituyen una mejora en los ingresos de las distribuidoras que “es a cuenta de la revisión tarifaria integral (RTI) que se llevará adelante en el segundo semestre de 2016”. Según la interpretación oficial, las audiencias públicas sólo deben concretarse cuando está en juego una RTI y no ante ajustes transitorios o parciales.

Más allá del panorama optimista que trazan los funcionarios energéticos sobre la aplicación del ajuste sin sobresaltos, no se descarta la presentación de varias demandas por parte de las defensorías del pueblo municipales, entidades de usuarios y legisladores de la oposición.

Un fallo clave

Además de reclamar las audiencias públicas que no fueron suprimidas por la reciente declaración de la “emergencia energética”, las probables demandas prometen hacer foco en un dato clave que, curiosamente, el gobierno parece no haber tenido en cuenta hasta ahora.

Se trata de los fallos que están vigentes desde el año 2014 y que impiden la aplicación plena de los últimos aumentos que había dispuesto la administración kirchnerista en el servicio de gas sin haber llamado a audiencias públicas

En marzo de 2014, los ex ministros Axel Kicillof y Julio De Vido anunciaron la implementación a lo largo de ese año de una tanda de ajustes de hasta el 700% en las tarifas de gas.

Dichos aumentos que eran de alcance nacional sólo pudieron aplicarse en la región metropolitana y en algunas ciudades del interior del país.

Numerosas medidas cautelares otorgadas por jueces federales ante presentaciones de asociaciones de consumidores y funcionarios municipales bloquearon la entrada en vigencia de las nuevas tarifas y obligaron a las distribuidoras de gas a refacturar los consumos que habían cobrado con aumentos.

En el caso de Litoral Gas, un fallo le vedó el traslado de los aumentos a todos los hogares de la provincia de Santa Fe hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre la legalidad de las subas.

En tanto, en el área de concesión de Camuzzi Gas Pampeana existe una larga lista de cautelares que tienen suspendidos los incrementos de hace dos años en Necochea, Miramar, Mar del Plata, Mar Chiquita, Balcarce, Lobería, Tres Arroyos, González Chaves, Olavarría, Azul, Tandil, Rauch, Las Flores, Roque Pérez, Saladillo, Alvear y Tapalqué.

También se encuentran bloqueados los aumentos en San Nicolás, Ramallo, Pergamino, San Pedro, Baradero y Colón.

En el interior, fallos similares benefician a los usuarios residenciales de Mendoza, Córdoba, San Luis, San Juan y Tucumán.