El currículum de Carles suma inconsistencias y ya hablan de un nuevo Reposo
El pliego de Roberto Carles como juez de la Corte Suprema se aproxima a final similar al de Daniel Reposo, el frustrado candidato a procurador general que fue humillado cuando quiso defender su pliego en el Senado.
En plena aura de Cristina, Reposo se animó a mentir en la experiencia y ni siquiera se preparó para evadirse en la Comisión. Con sólo 33 años, Carles buscó ser más quirúrgico: para disimular su precaria historia laboral magnificó sus antecedentes.
El primero fue su contrato en el Senado en categoría A1 para el área de Seguridad e Higiene, donde cuesta registrar un asesor de esa jerarquía, con un sueldo de 30 mil pesos.
En su CV se limitó a escribir que es asesor desde 2012, pero el contrato indica el área a la que debería prestar servicios. Se trata de una de tantas irregularidades de Boudou en la administración del Senado, que tiene más empleados que Diputados, con un tercio de las bancas.
“Carlés empezó por el mismo camino que Reposo, con mentiras en su currículum y con tuits bastante parciales, agrediendo”, sostuvo Julio Piumato, secretario del gremio de judiciales.
Carles se presenta como asesor en varias oportunidades de diferentes asociaciones de abogados, pero siempre por períodos muy pequeños.
Una de ellas fue en el Colegio Público de Abogados de Capital, desmentida por su presidente Jorge Rizzo, quien impugnará su pliego. “Apenas fue un aspirante a procurador o cadete, y estuvo durante 15 días recibiendo asesoramiento del personal de la entidad, y luego nunca más se presentó”. Suficiente para considerarse “asesor jurídico” en “enero de 2004”.
De eso se trata el ítem experiencia laboral, ubicado abajo del currículum, casi escondido detrás de las decenas de participaciones académicas.
Entre marzo y octubre de 2005, por ejemplo, fue “asesor en prensa y difusión de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, de donde todavía es socio.
Fue relator de “la Dra. Nelly Minyersky en el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, pero sólo en marzo de 2006.
Y pasó un semestre como asesor de la Procuración Penitenciaria de la Nación, entre noviembre de 2003 y marzo de 2004, cuando ni siquiera era abogado.
Se presenta como asesor de las Comisiones de Seguridad, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad, donde se adjudica la autoría del proyecto de ley de creación de sistemas de información para la prevención del delito y la violencia (SIPREC). Es imposible: los asesores no son autores de proyectos.
Los primeros dos antecedentes laborales que publica son sobre la misma tarea: la Comisión para la Elaboración del proyecto de reforma del Código Penal, nunca presentado.
Orgulloso, Carles informa que fue “coordinador del trabajo realizado” por la comisión y, como otro trabajo, asesor de quien fue su presidente, Eugenio Zaffaroni.
El ahora ex juez de la Corte Suprema lo protegió desde que lo tuvo de alumno en la UBA hasta convertirlo en su pichón de penalista.
“Él estuvo mucho tiempo afuera del país estudiando y siempre tuvo habilidad para hablar con los abogados de prestigio. Pero jamás pensamos que lo propusieran para la Corte”, le dijo a LPO un miembro de la Asociación de Abogados, todavía sorprendido.
Nacido en 1981, Carles se recibió de abogado en 2005, o sea que muy recientemente superó los 8 años de matrícula requeridos para ser juez de la Corte Suprema.
En este tiempo se preocupó por hacer tantos cursos de postgrados como pudo, aunque algunos diplomas son cuanto menos exóticos, como el doctorado en Derecho penal en la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Su pliego se someterá a impugnaciones durante 15 días y luego se fijará una fecha para que Carles lo defienda ante la Comisión de Acuerdos, donde el kirchnerismo puede aprobarlo con mayoría simple.
El problema lo tendrá para reunir los dos tercios en el Senado, sobre todo con sus precarios antecedentes laborales.
Como adelantó LPO, el peronismo federal, que tiene la llave para llegar a los 48 votos, ya adelantó que prevé respetar el compromiso de no nombrar jueces este año.
La UCR fue la primera fuerza en recordar esa decisión por lo que el pliego de Carles no tendría otro destino que el naufragio.