Alak reconoció que se "robaron" el expediente de Ciccone que complicaba a Boudou
El Gobierno nacional incurrió en lo que vulgarmente se llama un “sincericidio” luego de que el ministro de Justicia, Julio Alak, confirmara el extravío de documentos oficiales sobre la ex Ciccone Calcográfica y su sociedad controlante The Old Fund que estaban en la Inspección General de Justicia (IGJ).
Como reveló Clarín, se trata de documentos que podrían comprometer al vicepresidente Amado Boudou, el principal acusado del caso Ciccone.
"En todos los poderes, en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, suele extraviarse documentación o suelen sustraerla, lamentablemente", admitió Alak, al tiempo que puntualizó que "en este caso, la ventaja fue que el expediente", perdido en una oficina que depende de su cartera, "estaba digitalizado".
El ministro aseguró que "se labraron las actuaciones sumariales correspondientes para establecer las responsabilidades administrativas que hubiera en los funcionarios de la Inspección General de Justicia" por la pérdida de esa documentación.
Como explicara LPO, desde que La Cámpora copó la IGJ están “desapareciendo” expedientes de manera galopante.
Enfatizó asimismo que cuando "la Justicia ha reclamado la información, ha sido entregada", pero admitió que "lo que pueden faltar son antecedentes que no son de la administración pública". Por su parte, el titular de la IGJ, Martín Cormick, sostuvo que el organismo "cumplió con todos los requerimientos administrativos para la reconstrucción" del expediente de la firma The Old Fund", y resaltó que "instruyó los sumarios correspondientes para determinar las responsabilidades por el extravío de ese archivo".
En tanto, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, negó que el ministro esté imputado en una causa penal por el extravío de los documentos oficiales y afirmó que "es falso" que el titular de la cartera de Justicia no haya radicado una denuncia sobre la falta de esos archivos porque, remarcó, "hizo un sumario administrativo".
De todos modos, el camporista reconoció que durante 2011 "tres expedientes" referidos a la ex Ciccone Calcográfica que estaban en la IGJ, que depende del Ministerio de Justicia, "desaparecieron" aunque destacó que luego "se encontró uno mal encasillado y dos se reconstruyeron".
Los documentos "están totalmente reconstruidos porque se extravió el soporte papel pero estaba digitalizados en soporte magnético", aclaró, y aseguró que "éso ya está presentado" en la Justicia federal.
En sintonìa con Alak, Álvarez buscó también restar importancia al tema al comentar que -al igual que lo ocurrido en la IGJ- "en cualquier juzgado pasa que hay expedientes que se extravían" y que luego "se reconstruyen".
"Una vergüenza" El diputado nacional y titular del bloque Unión Pro, Federico Pinedo, consideró que “hubo un hecho delictivo que no es casual, se robaron el expediente”. En comunicación con La Once Diez/Radio de la Ciudad, el legislador, destacó que “el Gobierno le negó información al pueblo argentino, ocultaron información, no es normal, es una vergüenza”.
A través de un comunicado, el titular de la IGJ advirtió que "las autoridades" del organismo "dieron intervención a la Justicia acerca del extravío y la reconstrucción del expediente, que contiene todos los elementos registrales pertinentes" y destacó que "se inició en tiempo y forma el sumario correspondiente para establecer la responsabilidad administrativa de los funcionarios actuantes".
Aclaró que la diferencia de volumen entre el archivo original y el que resultó de la reconstrucción "se explica en que el nuevo expediente contiene toda la documentación registral inscripta originalmente, no siendo necesaria, tal como manda la normativa vigente, la inclusión de la documentación preparatoria".
Esto ocurrió, se consignó, durante la gestión de Marcelo Mamberti al frente de la IGJ y de Silvina Martínez como titular del Registro Nacionales de Sociedades.
La ex directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ, Silvina Martínez, declaró ante la jueza Servini de Cubría que ella misma había denunciado ante Alak la perdida del trámite de The Old Fund en su organismo, y que el ministro no hizo nada al respecto. Al contrario, la despedida fue ella.
Martínez le dijo a Clarín que “los funcionarios que reconstruyeron el trámite de The Old Fund fueron sacándole partes fundamentales para la investigación judicial, que son fácilmente identificables. Si el trámite tenía 22 fojas, su reconstrucción tiene que tener las mismas. Si no, podríamos estar frente al delito de violación de medios de prueba o documentos”.
El martes pasado la Corte Suprema de Justicia dejó firme un fallo que obliga a la IGJ a satisfacer un pedido de información pública sobre la sociedad ex Ciccone Calcográfica, que supuestamente quiso comprar Boudou, por lo cual el vicepresidente de la Nación terminó procesado.
El fallo del máximo tribunal rechazó un recurso extraordinario del Estado, al confirmar una resolución de la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, en un pedido de información hecho por el ex ministro de Justicia del gobierno de la Alianza, Ricardo Gil Lavedra, contra el Ministerio que conduce Alak.