Tensión en la Fiscalía de Estado: Gómez quiere remover apoderados para poner propios
La asunción de Hernán Gómez como nuevo Fiscal de Estadobonaerense desató una guerra por el control de los apoderados fiscales, encargadosde lograr acuerdos entre el Estado y los contribuyentes para pagar deudasfiscales, un negocio millonario asentado sobre la necesidad de lograr ingresosa las agotadas arcas del gobierno bonaernese.
En las últimas semanas distintos apoderados hablaron deuna persecusión y hasta quita de carteras, algo que no ocurría antes de queGómez tomara el control de ese organismo. Con absoluta reserva plantearon a LPOexigencias burocráticas sobreabundantes; auditorías con suspensionesinjustificadadas, sospechosas o poco fundamentadas; y el retiro de carterasfiscales de manera arbitraria.
Segúnpudo saber LPO de fuentes del gobierno bonaerense, la Provincia cuenta con unos1200 abogados fiscales. Su designación está a cargo de la Fiscalía de Estado,aunque todos cuentan con el aval de la Agencia de Recaudación (Arba) en unaespecie de acuerdo entre ambas dependencias.
Sinembargo, la potestad de removerlos es exclusiva del Fiscal. Así consta en eldecreto ley 7543/69 que establece que es el propio Fiscal de Estado quien “podrárevocar el mandato otorgado, cuando lo estime conveniente, sin que fuerenecesario invocar causal alguna”.
Deesos 1200 apoderados, unos 900 pertenecen a estudios de abogados externos. Entanto, fuentes del gobierno sostienen que unos 300 dependen directamente de laFiscalía. Esto fue desmentido por voceros de ese organismo que sostienen que latotalidad de los apoderados son externos. Una fuente del gobierno explica muyclaro el mecanismo: “En los grandes juicios siempre intervienen los abogados dela Fiscalía”.
La denuncia de los apoderados coincide con lo que remitendesde el gobierno: La idea de Gómez es remover el 20% del staff de abogados.Hablan de un total de 250. Ante una consulta formal de este medio, voceros dela Fiscalía explicaron que no existe ningún proceso de recambio.
Pero además alegan la complejidad para establecer uninicio de gestión de Gómez. El planeo tiene cierta lógica: El abogado radical estuvoa cargo de la Fiscalía de manera indirecta desde 2010 hasta la muerte de RicardoSzelagowski -en julio de 2012. Allí ocupó la Fiscalía en caracter interino porel período de un año y medio hasta que Daniel Scioli lo designó como titularvitalicio de ese poderoso órgano encargado de la defensa legal del PoderEjecutivo.
Ya al frente de la Fiscalía, su accionar sufrió un durorevés judicial cuando la Cámara rechazó su apelación al duro fallo del juezLuis Arias sobre el número de víctimas que dejó la trágica inundación de LaPlata. Ese traspié, aunque los jueces también coincidieron en que “no huboocultamiento de víctimas” por parte del gobierno, abrió la puerta a laoposición para avanzar en un juicio político contra el Gobernador, cosa en laque finalmente no obtuvo consenso en la Legislatura.
La batalla en San Isidro
La Provincia cuenta con 18 departamentos judiciales y cadauno de ellos tiene designado una determinada cantidad de apoderados fiscalesencargados de llevar adelante el juicio o los acuerdos entre el Estado y losdeudores fiscales.
Claro que no todos los departementos judicialesrepresentan el mismo grado de importancia a los objetivos del trabajo de losapoderados. Es que a nivel económico no es lo mismo un departamento como LaMatanza o La Plata donde es más difícil lograr acuerdos fiscales con grandesdeudores que el departamento de San Isidro, conformado por los distritos másricos de la Provincia (San Fernando, Pilar, Tigre, Vicente López y el propio San Isidro).
Justamente es en ese distrito donde se vienen dando laspresiones más fuertes hacia los apoderados que denuncian una feroz persecuciónpor parte de los auditores, por orden de las autoridades nuevas, para sacarleslas carteras fiscales.
Señalan directamente a Gómez y a Miguel Oscar Berri, el poderososubsecretario de Ejecuciones de Créditos Fiscales y Tributarios, uno de losoperadores del radicalismo en la capital provincial. Debajo -explican- aparecelos auditores de cada cada departamento judicial, que controlan “y en estecaso, apretan” a los apoderados fiscales.