La apelación al fallo del juez Luis Arias sobre el número de víctimas que dejó la trágica inundación de La Plata fue la primera intervención importante de Hernán Gómez como Fiscal de Estado y terminó en un duro revés que abrió la puerta a la oposición para avanzar en un juicio político contra Daniel Scioli.
Gómez, vinculado a la Franja Morada y ex decano de la Facultad de Derecho de La Plata, fue elegido por el Gobernador para quedar al frente del organismo de la Constitución encargado de defender al Estado bonaerense en sus intereses patrimoniales y en las demandas contencioso administrativas, como ésta de Arias. Este cargo estaba vacante desde la muerte de Ricardo Szelagowski.
La inundación en la capital provincial lo encontró ocupando ese lugar de oficio, desde su rol de fiscal de Estado adjunto, y durante 2013 intentó traccionar enérgicamente para que Arias, un mediático juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, no siguiera al frente de la causa judicial paralela armada para cuestionar las cifras oficiales de víctimas.
Desde un principio buscó presionar con distintas estrategias propias de la rosca judicial dentro y fuera del despacho de Arias para correrlo de la investigación, y el abogado radical avanzó con una "recusación con causa". Sus argumentos apuntaban a las “manifestaciones disvaliosas referentes a la actuación del Poder Ejecutivo provincial y de algunos de sus funcionarios” volcadas por el juez en todo tipo de medios y en las redes sociales.
La presencia de Arias era un problema para el gobierno bonaerense. Cercano políticamente al vicegobernador Gabriel Mariotto, el juez sostuvo apenas bajaron las aguas en La Plata que Scioli ocultó víctimas y avaló procedimientos irregulares con los cuerpos.
El primer tropiezo de Gómez ocurrió cuando su planteo contra Arias fue rechazado y el juez quedó firme en la investigación.
En busca de un claro impacto mediático, el fallo del juez llegó cuando faltaban pocos días para el primer aniversario de la tragedia natural más importante de La Plata. El texto condenó a la Provincia a admitir como "víctimas de la inundación" a 89 personas, contra las 52 admitidas inicialmente, cifra que luego se fue engrosando a aproximadamente 67. Siempre admitidas por funcionarios del gobierno bonaerense.
Gómez rápidamente apeló el fallo de Arias en la Cámara de Apelación del fuero, con un escrito plagado de argumentos irónicos y sarcásticos hacia los razonamientos del Juez, y comenzó a quedar expuesto y con una imagen negativa ante las asambleas de inundados.
En la apelación el Fiscal de Estado descalificaba a Arias. Lo acusaba de comportarse como un "cuasi auditor" y le adjudicaba razonamientos "absurdos" y conductas de un juez del fuero penal. "La sentencia en crisis -dice el texto- no resulta ser una derivación razonada del derecho vigente, sino la exteriorización de una visión exclusivamente subjetiva del sentenciante (es decir, Arias)".
Inesperadamente, la apelación de Gómez fue rechazada por la Cámara, que confirmó la sentencia de primera instancia y dejó expuesto en un papelón a Gómez a pocos meses de haber asumido en su cargo. El abogado radical se hundió en su segundo fracaso con la inundación y abrió además un escenario de conflicto impensado para el gobierno provincial: un intento de juicio político en la Legislatura.
Quien avanza sobre eso es la diputada massista, Mónica López, y -aunque no tiene chances de poder reunir voluntades en la Cámara Baja- la tramitación supone un golpe a las intenciones del ex motonauta en su carrera para llegar a la presidencia de la Nación.
Gómez espera ahora su próxima oportunidad. Su cargo es vitalicio y por eso los plazos políticos no lo afectan. Aún así busca darle otra imagen al organismo. Llegó con aires renovadores y creó un área de prensa con la idea de tener un contacto más fluido con los medios de comunicación y darle visibilidad al organismo.
