El Congreso se paraliza por el conflicto de los buitres y el caso Boudou
La posibilidad de ir la default por la pelea con los fondos buitres y la indagatoria por la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica ocasionaron una parálisis, que lleva dos semanas sin sesionar en ambas cámaras y no tiene previsto hacerlo hasta el 2 de julio.
El freno rompió con la idea de no disminuir la actividad durante el mundial de fútbol que tenían los presidentes de ambas Cámaras.
Para eso, Amado Boudou había garantizado una sesión cada quince días y Julián Domínguez se comprometió con la oposición a volver a las reuniones ordinarias. Desde mediados del año pasado la mayoría fueron especiales, con temario cerrado de la oposición.
Por gestión del vicepresidente, esta semana se suspendió la sesión ordinaria prevista y recién la Cámara alta tiene previsto reunirse el 2 de julio, pero para un nuevo informe de Jorge Capitanich.
De esta manera al menos hasta mediados de julio la oposición no tendrá oportunidad de enrostrarle al vicepresidente las inconsistencias en su declaración en el caso Ciccone.
Tras ser llamado a indagatoria, la UCR y el Frente Unen pidieron que Boudou se tomara licencia y una vez que lo tengan enfrente deberán repetírselo si no quieren evitar el repudio de sus partidos.
Para esos casos, en la Cámara alta la oposición acostumbra a empezar las sesiones con cuestiones de privilegio, que es una exposición sobre un tema y el pedido para que sea tratado en la próxima reunión.
Con esta agenda, Boudou evitará esa situación al menos hasta mediados de julio y mientras tanto no aparece por ningún lado.
En las últimas actividades oficiales el Gobierno delegó la actividad protocolar en Gerardo Zamora, presidente provisional, quien viajó a Washington con los legisladores de todos los bloques y ayer presenció la reunión entre los jefes de los bloques y Capitanich, Axel Kicillof y Carlos Zannini, quienes intentaron explicar cómo afrontarán la guerra contra los fondos buitres.
La agenda de comisiones tampoco fue intensa, pero suficiente para que el kirchnerismo lograra esta semana dictamen del proyecto sobre responsabilidad del Estado, que evita sanciones a funcionarios ante la justicia civil.
Ante temas tan álgidos, el kirchnerismo acostumbra a sancionarlo cuanto antes pero curiosamente esta vez prefirió esperar.
Buitres, el otro freno
Ayer los jefes de todos los bloques se fueron de la reunión con Kicillof, Zannini y Capitanich sin entender qué quería hacer el Gobierno.
Tamaña indefinición, dejó al propio oficialismo desconcertado y con la idea de que lo mejor era evitar ámbitos de discusión.
Domínguez tenía un pre acuerdo con los jefes de bloque de Diputados para que la próxima sesión sea ordinaria, con temas propuestos por todas las fuerzas.
Ocurre que por la reticencia de la oposición a dar quórum cuando el oficialismo podía necesitarlo, desde mediados del año pasado el presidente de la Cámara arma las sesiones especiales, o sea, con los temas que quiere el Gobierno.
Hasta ayer la idea de cambiar esa práctica esta verde por dos razones: la fuga de la oposición del informe de Capitanich, enojados porque no podían repreguntar; y la impericia del Gobierno en la pelea con los holdouts.
En carpeta sólo hay una posible sesión ordinaria el 2 de junio y con temas a definir, porque tampoco el Gobierno tiene una agenda parlamentaria. Está ocupado en otros asuntos.