De la Sota envió una ley para limitar las protestas y luego de una marcha retrocedió
En la estela de lasiniciativas que lanzaron Cristina y Daniel Scioli, el gobernador José Manuel dela Sota, envió a la Legislatura de Córdoba un proyecto para limitar los parosen los servicios esenciales.
La embestida se produjo en el mismo momento que la provincia de Buenos Aires sufre un paro docente queya lleva once días y que empezó a instalarse una discusión pública sobre límitesal derecho constitucional de huelga, cuando hay otros derechos –como el accesoa la educación- que no se están respetando.
Los autores formalesdel proyecto son tres legisladores oficialistas, pero es un secreto a voces quese trata de una iniciativa que empujó personalmente De la Sota.
De hecho, en laLegislatura nadie duda que el presidente provisorio de la Cámara, Oscar González,el titular del bloque oficialista, Sergio Busso, y el schiarettista CarlosGutiérrez, no darían semejante paso por propia cuenta.
El cálculo
El cálculodelasotista era que el proyecto desataría dos corrientes de opinióncontrapuestas: la del sindicalismo, oponiéndose, y la de la gente, apoyándola.Mientras ese tironeo se resolvía -especulaban- el costo político debía ser pagado por loslegisladores, pero al final, si había rédito, pasaría a buscarlo el gobernador con unaprecisa aparición en escena.
Sin embargo, el proyecto consiguióunir a las dos CGT (la oficialista y la kirchnerista) en una marcha que este miércoles desbordó a la Legislatura, justo a la hora de comienzo de la sesión.
Ante la presión en la calle, las autoridades de la Legislatura recibieron a representantes gremiales y en un gesto bochornoso, accedieron directamente a "retirar" el proyecto presentado, una maniobra por otro lado, de dudosa legalidad.
Fue una rendición incondicional, que acaso vino precedida por un punteó de las propias fuerzas en la Legislatura. Es que antes de claudicar ante los sindicalistas, los delasotistas ya la tenían complicada en su propio bloque.
De hecho, al menos siete los legisladores del bloqueUnión por Córdoba (PJ) anticiparon su rechazo al proyecto. Entre ellos,José Pihen, quien reviste la doble condición de legislador y secretario generaldel SEP (Sindicato de Empleados Públicos). También tomaron distancia los doslegisladores que responden a Martín Llaryora, el ministro de Industria yexintendente de San Francisco que busca su proyección provincial.
Con esas bajas, aUnión por Córdoba no le alcanzaban los 34 votos que le quedaban para imponer elproyecto (la Legislatura tiene 70). Además, aunque podrían haber incorporado algunosvotos de la oposición afín, De la Sota no se arriesgaría a poner en crisis sugobernabilidad en la Legislatura por más marketinera que fuera la iniciativa.