Scioli reglamentó la ley que obliga a countries a ceder tierras para planes sociales

A más de un año de su aprobación en la Legislatura y luegoque diferentes sectores sociales presionaban con la Ley de Acceso Justo alHábitat, finalmente el Gobierno bonaerense reglamentó la norma que exige a losgrandes emprendimientos inmobiliarios ceder el 10 por ciento del valor totaldel terreno para la realización de planes de vivienda social.

A través del decreto 1062/13, el Gobierno de Sciolireglamentó la ley que establece el derecho a la vivienda y a un hábitat dignopara todos los ciudadanos y en especial para aquellos en situación de pobreza.Esto se da en medio de la polémica por el aumento de precios de terrenos a raízdel plan Pro.Cre.Ar y ante los datos del último Censo que indican que el 25 porciento de la población bonaerense tiene déficit de acceso a la vivienda.

El organismo encargado de ser la autoridad de aplicación esel ministerio de Infraestructura, cuyo titular Alejandro Arlía, explicó que“con la implementación inmediata de esta ley se van a asegurar las condicionesbásicas para una planificación urbana que dé la oportunidad a las familias deobtener terrenos preparados para habitar”. La normativa 14.449 tiene por objetola promoción del derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable,conforme lo establece la Constitución bonaerense.

De acuerdo a la promulgación que hizo el Gobierno aprincipios de octubre la importancia de ley radica en el impulso dado aprogramas de construcción, autoconstrucción, reparación, remodelación oampliación de viviendas tanto urbanas como rurales, así como el fomento acréditos para la mejora de hábitat a través de un fondo fiduciario quefinanciará a aquellas familias imposibilitadas de acceder al crédito bancario.

La norma prevé la construcción de nuevos proyectoshabitacionales y la mejora de los barrios informales (villas). Además, lainiciativa obliga a countries y grandes superficies comerciales a ceder el 10por ciento del valor total del terreno en el que construyan para la realizaciónde planes de vivienda social. Pero también prevé una imposición de hasta el 33por ciento para viviendas o terreno cuyos valores aumenten por obras deinfraestructura o cambios de zonificación y un adicional del 50 por ciento delImpuesto Inmobiliario Urbano a Baldíos, algo que Arba ya comenzó a aplicar esteaño, pese a que la ley no estaba promulgada.

“Por ejemplo, vemos que en todo el país se está dando estasituación donde los lotes han aumentado mucho su valor y esta especulaciónfinanciera necesita de una regulación del Estado, y el Estado es quien a travésde esta Ley va a poder tener el financiamiento para hacer las compras de losterrenos y que la gente no tenga que pagar disparates”, informó Arlía.