A más de un año de su aprobación en la Legislatura y luego que diferentes sectores sociales presionaban con la Ley de Acceso Justo al Hábitat, finalmente el Gobierno bonaerense reglamentó la norma que exige a los grandes emprendimientos inmobiliarios ceder el 10 por ciento del valor total del terreno para la realización de planes de vivienda social.

A través del decreto 1062/13, el Gobierno de Scioli reglamentó la ley que establece el derecho a la vivienda y a un hábitat digno para todos los ciudadanos y en especial para aquellos en situación de pobreza. Esto se da en medio de la polémica por el aumento de precios de terrenos a raíz del plan Pro.Cre.Ar y ante los datos del último Censo que indican que el 25 por ciento de la población bonaerense tiene déficit de acceso a la vivienda.

El organismo encargado de ser la autoridad de aplicación es el ministerio de Infraestructura, cuyo titular Alejandro Arlía, explicó que “con la implementación inmediata de esta ley se van a asegurar las condiciones básicas para una planificación urbana que dé la oportunidad a las familias de obtener terrenos preparados para habitar”. La normativa 14.449 tiene por objeto la promoción del derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable, conforme lo establece la Constitución bonaerense.

De acuerdo a la promulgación que hizo el Gobierno a principios de octubre la importancia de ley radica en el impulso dado a programas de construcción, autoconstrucción, reparación, remodelación o ampliación de viviendas tanto urbanas como rurales, así como el fomento a créditos para la mejora de hábitat a través de un fondo fiduciario que financiará a aquellas familias imposibilitadas de acceder al crédito bancario.

La norma prevé la construcción de nuevos proyectos habitacionales y la mejora de los barrios informales (villas). Además, la iniciativa obliga a countries y grandes superficies comerciales a ceder el 10 por ciento del valor total del terreno en el que construyan para la realización de planes de vivienda social. Pero también prevé una imposición de hasta el 33 por ciento para viviendas o terreno cuyos valores aumenten por obras de infraestructura o cambios de zonificación y un adicional del 50 por ciento del Impuesto Inmobiliario Urbano a Baldíos, algo que Arba ya comenzó a aplicar este año, pese a que la ley no estaba promulgada.

“Por ejemplo, vemos que en todo el país se está dando esta situación donde los lotes han aumentado mucho su valor y esta especulación financiera necesita de una regulación del Estado, y el Estado es quien a través de esta Ley va a poder tener el financiamiento para hacer las compras de los terrenos y que la gente no tenga que pagar disparates”, informó Arlía.