La oposición prepara impugnaciones al acuerdo con Chevron
Los bloques opositores trabajan en proyectos de rechazo al convenio con la petrolera estadounidense por Vaca Muerta. El Gobierno estableció varios beneficios a partir de las exigencias que impuso la firma.
Al menos dos bloques de la oposición en Diputados trabajaban este lunes en pedidos de informes y otras medidas para impugnar el acuerdo entre YPF y Chevron para la explotación del yacimiento de petróleo y gas de Vaca Muerta, que será presentado mañana por directivos de ambas firmas.
La preocupación opositora se incrementó hoy con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 929 que creó el “Régimen de promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos”, una normativa destinada a cumplir con las exigencias de la empresa norteamericana que, como adelantó LPO, impuso duras condiciones para desembolsar 1.600 millones de dólares.
El mes pasado diputados opositores ya habían puesto el foco en el acuerdo con Chevron, que se negoció en estricto secreto. El legislador del peronismo disidente, Enrique Thomas, presentó dos pedidos de informes sobre este tema. El primero exige conocer “condiciones y detalles de los acuerdos”, adecuación de los planes de extracción a las disposiciones medioambientales, y realización de estudios de impacto ambiental.
Además, el mendocino reclamó la presencia en la Cámara de Diputados del cerebro de la estatización de YPF, Axel Kicillof; del ministro de Planificación, Julio de Vido; y del secretario de Energía, Daniel Cameron, para “informar sobre las explícitas condiciones de los acuerdos”.
Por su parte, la UCR también presentó un pedido para que el CEO de YPF, Miguel Galuccio, asista a la Comisión de Energía para que informe sobre “cuáles son los términos y condiciones contractuales que se fijaron en el Acuerdo para el desarrollo del Yacimiento y que porcentaje del mismo comprende”, “detalle de las obligaciones asumidas por cada una de las partes”, “impacto ambiental”, y otros puntos.
Entre esos puntos, el radicalismo ponía la atención en “si se han pautado condiciones cambiarias particulares” o “si se ha acordado un régimen especial para el giro de dividendos al exterior”.
Estas últimas dos cuestiones fueron respondidas mediante el decreto publicado hoy por el Gobierno, que le otorgó el “derecho a comercializar libremente en el mercado externo el 20% de la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos producidos en dichos Proyectos, con una alícuota del 0% de derechos de exportación”, después de los cinco años de proyecto.
Además, se estableció que las empresas que inviertan más de 1.000 millones de dólares "tendrán la libre disponibilidad del 100 por ciento de las divisas provenientes de la exportación de tales hidrocarburos, en cuyo caso no estarán obligados a ingresar las divisas correspondientes a la exportación del 20 por ciento de hidrocarburos".
Meses atrás, el grupo de diputados que responden a los Rodríguez Saá habían presentado un proyecto para que el Ministerio de Planificación remita el acuerdo suscrito con el Grupo Bridas.
La preocupación opositora se incrementó hoy con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 929 que creó el “Régimen de promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos”, una normativa destinada a cumplir con las exigencias de la empresa norteamericana que, como adelantó LPO, impuso duras condiciones para desembolsar 1.600 millones de dólares.
El mes pasado diputados opositores ya habían puesto el foco en el acuerdo con Chevron, que se negoció en estricto secreto. El legislador del peronismo disidente, Enrique Thomas, presentó dos pedidos de informes sobre este tema. El primero exige conocer “condiciones y detalles de los acuerdos”, adecuación de los planes de extracción a las disposiciones medioambientales, y realización de estudios de impacto ambiental.
Además, el mendocino reclamó la presencia en la Cámara de Diputados del cerebro de la estatización de YPF, Axel Kicillof; del ministro de Planificación, Julio de Vido; y del secretario de Energía, Daniel Cameron, para “informar sobre las explícitas condiciones de los acuerdos”.
Por su parte, la UCR también presentó un pedido para que el CEO de YPF, Miguel Galuccio, asista a la Comisión de Energía para que informe sobre “cuáles son los términos y condiciones contractuales que se fijaron en el Acuerdo para el desarrollo del Yacimiento y que porcentaje del mismo comprende”, “detalle de las obligaciones asumidas por cada una de las partes”, “impacto ambiental”, y otros puntos.
Entre esos puntos, el radicalismo ponía la atención en “si se han pautado condiciones cambiarias particulares” o “si se ha acordado un régimen especial para el giro de dividendos al exterior”.
Estas últimas dos cuestiones fueron respondidas mediante el decreto publicado hoy por el Gobierno, que le otorgó el “derecho a comercializar libremente en el mercado externo el 20% de la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos producidos en dichos Proyectos, con una alícuota del 0% de derechos de exportación”, después de los cinco años de proyecto.
Además, se estableció que las empresas que inviertan más de 1.000 millones de dólares "tendrán la libre disponibilidad del 100 por ciento de las divisas provenientes de la exportación de tales hidrocarburos, en cuyo caso no estarán obligados a ingresar las divisas correspondientes a la exportación del 20 por ciento de hidrocarburos".
Meses atrás, el grupo de diputados que responden a los Rodríguez Saá habían presentado un proyecto para que el Ministerio de Planificación remita el acuerdo suscrito con el Grupo Bridas.