La polémica Indra controlará las elecciones
El Gobierno contrató a la firma española para realizar el recuento provisional de votos. En los comicios de 2011 fue denunciada por Duhalde y antes hubo sospechas de negocios turbios con Ricardo Jaime. Sus antecedentes en otros países.
El Gobierno nacional contrató a la empresa española Indra para que se encargue de la carga, el procesamiento y la difusión del recuento provisional en las elecciones primarias y generales de este año. La firma, la única que se presentó a la licitación, se encarga del recuento de votos desde 1997.
De acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial, en esta oportunidad estará a cargo del “diseño, planificación, organización, operación del servicio de carga, procesamiento y difusión para el recuento provisional de resultados; evaluación del proceso electoral y propuesta de innovación sobre la administración de las mesas receptoras de votos”.
Por ese trabajo, el Gobierno le pagará a Indra 168,49 millones de pesos, una cifra 25% superior a la que se abonó hace apenas dos años atrás (134,42 millones). Las cifras han crecido exponencialmente desde que el kirchnerismo está en el poder. En 2005, se le pagaron 24,6 millones. En 2007, fueron 38,612 millones y en 2009, 52,750 millones. A diferencia de 2011, en esos casos fue por una sola elección ya que no había primarias.
Más allá del costo, la contratación de Indra genera algunos rechazos debido a sospechas de fraude que ha cosechado en los últimos años. La más reciente fue en el año 2011, cuando el ex candidato a presidente Eduardo Duhalde denunció un “fraude informático escandaloso” en las PASO. Como en esa y otras denuncias, la empresa española se defendió diciendo que ha participado en cientos de elecciones en todo el mundo, sin ninguna condena en su contra.
Semanas atrás, el director nacional electoral, Alejandro Tullio, defendió a Indra y descartó las sospechas planteadas por algunos miembros de la oposición. “Siempre surgen los mismos cuestionamientos dos meses antes de la elección (…) No creo que (Indra) haga nada que le perjudique su propio mercado. Alguien que se dedica a hacer elecciones trata de hacerlo de manera tal de cumplir un servicio para que todos los que puedan ganar la elección la vuelvan a contratar”, declaró al portal Infobae.
Algunos referentes de la oposición consultados acerca de estas sospechas evitaron pronunciarse contra la contratación de Indra, aunque dijeron conocer las denuncias. La estrategia opositora -aseguran- será redoblar la fiscalización.
Indra había sido relacionada con el posible fraude en las elecciones venezolanas en las que Nicolás Maduro se consagró presidente. Sin embargo, la firma aclaró que desde el año 2000 no es parte de los comicios en ese país. En ese momento, el entonces presidente Hugo Chávez la apartó tras unos comicios plagados de denuncias de irregularidades. La firma española también tuvo participación en comicios en los que se reportaron irregularidades en países como Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Angola.
Otro antecedente que despierta polémica es una denuncia que vinculó a Indra con Ricardo Jaime. En 2010, se reveló que Manuel Vázquez, asesor del ex secretario de Transporte, ofreció en 2005 a los españoles que aporten fondos a la campaña electoral del kirchnerismo a cambio de ganar contratos con el Estado.
Indra tiene diversos negocios con dependencias estatales y empresas privadas del país.
De acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial, en esta oportunidad estará a cargo del “diseño, planificación, organización, operación del servicio de carga, procesamiento y difusión para el recuento provisional de resultados; evaluación del proceso electoral y propuesta de innovación sobre la administración de las mesas receptoras de votos”.
Por ese trabajo, el Gobierno le pagará a Indra 168,49 millones de pesos, una cifra 25% superior a la que se abonó hace apenas dos años atrás (134,42 millones). Las cifras han crecido exponencialmente desde que el kirchnerismo está en el poder. En 2005, se le pagaron 24,6 millones. En 2007, fueron 38,612 millones y en 2009, 52,750 millones. A diferencia de 2011, en esos casos fue por una sola elección ya que no había primarias.
Más allá del costo, la contratación de Indra genera algunos rechazos debido a sospechas de fraude que ha cosechado en los últimos años. La más reciente fue en el año 2011, cuando el ex candidato a presidente Eduardo Duhalde denunció un “fraude informático escandaloso” en las PASO. Como en esa y otras denuncias, la empresa española se defendió diciendo que ha participado en cientos de elecciones en todo el mundo, sin ninguna condena en su contra.
Semanas atrás, el director nacional electoral, Alejandro Tullio, defendió a Indra y descartó las sospechas planteadas por algunos miembros de la oposición. “Siempre surgen los mismos cuestionamientos dos meses antes de la elección (…) No creo que (Indra) haga nada que le perjudique su propio mercado. Alguien que se dedica a hacer elecciones trata de hacerlo de manera tal de cumplir un servicio para que todos los que puedan ganar la elección la vuelvan a contratar”, declaró al portal Infobae.
Algunos referentes de la oposición consultados acerca de estas sospechas evitaron pronunciarse contra la contratación de Indra, aunque dijeron conocer las denuncias. La estrategia opositora -aseguran- será redoblar la fiscalización.
Indra había sido relacionada con el posible fraude en las elecciones venezolanas en las que Nicolás Maduro se consagró presidente. Sin embargo, la firma aclaró que desde el año 2000 no es parte de los comicios en ese país. En ese momento, el entonces presidente Hugo Chávez la apartó tras unos comicios plagados de denuncias de irregularidades. La firma española también tuvo participación en comicios en los que se reportaron irregularidades en países como Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Angola.
Otro antecedente que despierta polémica es una denuncia que vinculó a Indra con Ricardo Jaime. En 2010, se reveló que Manuel Vázquez, asesor del ex secretario de Transporte, ofreció en 2005 a los españoles que aporten fondos a la campaña electoral del kirchnerismo a cambio de ganar contratos con el Estado.
Indra tiene diversos negocios con dependencias estatales y empresas privadas del país.