Denuncia penal contra Gils Carbó por crear "una estructura ilegal paralela"
El senador Mario Cimadevilla denunció a la Procuradora por incumplimiento de los deberes de funcionario público y designación ilegal de fiscales. La acusa de violentar "las disposiciones que regulan la estructura del Ministerio Público" y desconocer las facultades del Congreso.
Cimadevilla presentó la demanda en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº7 de Comodoro Py, a cargo de Sebastián Casanello, el mismo que está a cargo de la investigación por lavado de dinero que involucra al empresario kirchnerista Lázaro Báez.
El senador radical pide que se investigue a Alejandra Gils Carbó “como autora penalmente responsable de los delitos tipificados por los artículos 248 y 253 del Código Penal de la Nación”. Es decir, incumplimiento de los deberes de funcionario público y designación ilegal de fiscales, respectivamente.
Cimadevilla, que también es miembro del Consejo de la Magistratura, sostiene que la Procuradora General violentó “consciente y deliberadamente” las disposiciones relativas a la estructura del Ministerio Público Fiscal (artículo 74 de la Ley 24.946) y las relativas a la designación de los magistrados (artículos 5 y 6).
La extensa denuncia del senador chubutense afirma que Gils Carbó “ha desconocido, con una actuación ilegal y abusiva de las potestades que le confiere el art. 33 de la Ley de Ministerio Público, las facultades reservadas al Congreso de la Nación”.
Entre los fundamentos, se explica que la funcionaria mediante la resolución 915/2012 nombró a “sujetos que no han cumplido los requisitos legales para acceder a la designación y al ejercicio de las funciones propias del cargo. Para hacerlo, en pleno conocimiento de la irregularidad y tratando de encubrir la maniobra, la Sra. Procuradora General de la Nación recurre a la expresión \'subrogante\'”.
Cimadevilla cuestiona que con esa maniobra se designó “sin acuerdo del Senado” a Carlos Gonella al frente de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la unidad que debe investigar, por ejemplo, el caso Lázaro Báez.
“Se ha desplazado de sus funciones a magistrados del Ministerio Público regularmente designados sustituyendo su actuación por sujetos no habilitados legalmente para el ejercicio del cargo. Con este proceder, (Gils Carbó) pone en serio riesgo la validez del proceso de juzgamiento de los imputados de delitos de lavado de dinero”, advierte.
Finalmente, el legislador acusa a la funcionaria de manejarse con “autoritarismo” y “desconociendo y despreciando todo límite constitucional y legal” para crear “una estructura ilegal paralela al Ministerio Público Fiscal existente que le permita, mediante la actuación de un grupo de ‘incondicionales’ la concreción de objetivos inconfesables”.
El senador radical pide que se investigue a Alejandra Gils Carbó “como autora penalmente responsable de los delitos tipificados por los artículos 248 y 253 del Código Penal de la Nación”. Es decir, incumplimiento de los deberes de funcionario público y designación ilegal de fiscales, respectivamente.
Cimadevilla, que también es miembro del Consejo de la Magistratura, sostiene que la Procuradora General violentó “consciente y deliberadamente” las disposiciones relativas a la estructura del Ministerio Público Fiscal (artículo 74 de la Ley 24.946) y las relativas a la designación de los magistrados (artículos 5 y 6).
La extensa denuncia del senador chubutense afirma que Gils Carbó “ha desconocido, con una actuación ilegal y abusiva de las potestades que le confiere el art. 33 de la Ley de Ministerio Público, las facultades reservadas al Congreso de la Nación”.
Entre los fundamentos, se explica que la funcionaria mediante la resolución 915/2012 nombró a “sujetos que no han cumplido los requisitos legales para acceder a la designación y al ejercicio de las funciones propias del cargo. Para hacerlo, en pleno conocimiento de la irregularidad y tratando de encubrir la maniobra, la Sra. Procuradora General de la Nación recurre a la expresión \'subrogante\'”.
Cimadevilla cuestiona que con esa maniobra se designó “sin acuerdo del Senado” a Carlos Gonella al frente de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la unidad que debe investigar, por ejemplo, el caso Lázaro Báez.
“Se ha desplazado de sus funciones a magistrados del Ministerio Público regularmente designados sustituyendo su actuación por sujetos no habilitados legalmente para el ejercicio del cargo. Con este proceder, (Gils Carbó) pone en serio riesgo la validez del proceso de juzgamiento de los imputados de delitos de lavado de dinero”, advierte.
Finalmente, el legislador acusa a la funcionaria de manejarse con “autoritarismo” y “desconociendo y despreciando todo límite constitucional y legal” para crear “una estructura ilegal paralela al Ministerio Público Fiscal existente que le permita, mediante la actuación de un grupo de ‘incondicionales’ la concreción de objetivos inconfesables”.