Rosario: la verdad sobre el ataque a balazos a los militantes del Movimiento Evita
La organización de Emilio Pérsico sospechaba que una mujer del barrio Nuevo Alberdi que militaba con ellos tenía una cocina de cocaína. La echaron y le informaron al municipio. El día del tiroteo, jóvenes de una banda de narcos deambulaban armados pero la policía lo ignoró. Las pruebas contra el comisario que no alcanzan para que Bonfatti lo desplace.
El gobierno de Rosario que administra la socialista Mónica Fein había sido advertido sobre una guerra narco en el barrio Nuevo Alberdi, donde el 10 de enero fueron tiroteados Gastón Arregui y los hermanos Ariel y Carlos Ferreyra, militantes del Movimiento Evita que conduce Emilio Pérsico.
Según relataron referentes de la organización a LPO, el aviso fue trasmitido en noviembre durante una reunión informal que tuvieron con Fernando Asegurado, secretario de Gobierno de Rosario.
El dato les llegó desde su propia organización, cuando echaron a una mujer que militaba con ellos tras sospechar que tenía una cocina de droga. Según esa información, la mujer respondía a una de las dos bandas de narcos del barrio, enfrentada a “Los Romeros”.
Expansión narco
La proliferación de narcos en el gran Rosario, que en alguna medida repite el fenómeno que asola a las zonas calientes del Conurbano bonaerense, no cambia. El modus operandi clásico es: Los narcos se instalan en los barrios, contratan a jóvenes como mano de obra y se adueñan de las calles.
La tarde del 10 de enero había clima de guerra en el barrio Nuevo Alberdi. Jóvenes armados deambulaban por la zona, lo que motivó a llamar al comando policial a Ramón Ferreyra, padre de los hermanos atacados más tarde.
La policía se dio una vuelta por la zona e ignoró la presencia de chicos con revólveres en la cintura, actitud que para el Evita no hizo más que confirmar la notable prescindencia de la subcomisaría segunda, a cargo de Marcelo Mendoza, ante la expansión narco.
Cuando a las 20 horas una moto pasó tirando tiros no había efectivos pero sí vecinos, que esperaban el anochecer en la vereda para tratar de capturar alguna brisa que hiciera mas tolerable el agobiante calor. Los vecinos vieron llegar al auto que disparó contra Aguirre y los Ferrerya.
El cruce de militantes y narcos en los barrios más marginados empieza a ser una constante cada vez más dificil de manejar para las organizaciones políticas.
“En determinados barrios la criminalidad y la tasa de homicidios por el tráfico de estupefacientes impacta en las organizaciones barriales sociales, que terminan siendo la última barrera”, explicó a LPO Eduardo Toniolli, diputado provincial del Movimiento Evita.
La protección de Bonfatti
Ramón Ferreyra denunció la complicidad del comisario Mendoza con los narcos ante el fiscal federal de Rosario, Juan Patricio Murray, a quien se acercaron por no confiar en el sistema provincial.
Murray fue nombrado en diciembre para reemplazar a Liliana Bettiolo, quien estaba a cargo de las investigaciones que se le siguen al ex jefe de la Policía de Santa Fe, comisario Hugo Tognoli, por presuntos vínculos con el narcotráfico, a partir de escuchas difundidas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Como testigo protegido, Ferreyra denunció la participación de Mendoza con hechos concretos. Ya venía protestando por el avance del narcotráfico: hace unos meses le había pedido a la comuna que restableciera las luminarias, cortadas por los narcos para operar en la oscuridad.
Los referentes del Evita se reunieron con el ministro de Seguridad Raúl Lamberto y le pidieron que pusiera en disponibilidad al comisario pero no tuvieron suerte.
“Nos dicen que no hay pruebas, pero al menos lo podrían sancionar por ineficiencia y ponerlo a disponibilidad, sin tocarle el salario”, se indignó el diputado Toniolli.
Es notable la inacción de la administración socialista ante un tema tan delicado. Desde que comenzó la escalada de violencia por la guerra narco, que el año pasado se cobró 183 víctimas en Rosario, Bonfatti optó por no tocar a ningún policía.
Ni siquiera echó a uno cuando se desató el escándalo de Togniolli. Y ahora sigue sin tomar medidas, mientras los asesinatos no paran.
Según relataron referentes de la organización a LPO, el aviso fue trasmitido en noviembre durante una reunión informal que tuvieron con Fernando Asegurado, secretario de Gobierno de Rosario.
El dato les llegó desde su propia organización, cuando echaron a una mujer que militaba con ellos tras sospechar que tenía una cocina de droga. Según esa información, la mujer respondía a una de las dos bandas de narcos del barrio, enfrentada a “Los Romeros”.
Expansión narco
La proliferación de narcos en el gran Rosario, que en alguna medida repite el fenómeno que asola a las zonas calientes del Conurbano bonaerense, no cambia. El modus operandi clásico es: Los narcos se instalan en los barrios, contratan a jóvenes como mano de obra y se adueñan de las calles.
La tarde del 10 de enero había clima de guerra en el barrio Nuevo Alberdi. Jóvenes armados deambulaban por la zona, lo que motivó a llamar al comando policial a Ramón Ferreyra, padre de los hermanos atacados más tarde.
La policía se dio una vuelta por la zona e ignoró la presencia de chicos con revólveres en la cintura, actitud que para el Evita no hizo más que confirmar la notable prescindencia de la subcomisaría segunda, a cargo de Marcelo Mendoza, ante la expansión narco.
Cuando a las 20 horas una moto pasó tirando tiros no había efectivos pero sí vecinos, que esperaban el anochecer en la vereda para tratar de capturar alguna brisa que hiciera mas tolerable el agobiante calor. Los vecinos vieron llegar al auto que disparó contra Aguirre y los Ferrerya.
El cruce de militantes y narcos en los barrios más marginados empieza a ser una constante cada vez más dificil de manejar para las organizaciones políticas.
“En determinados barrios la criminalidad y la tasa de homicidios por el tráfico de estupefacientes impacta en las organizaciones barriales sociales, que terminan siendo la última barrera”, explicó a LPO Eduardo Toniolli, diputado provincial del Movimiento Evita.
La protección de Bonfatti
Ramón Ferreyra denunció la complicidad del comisario Mendoza con los narcos ante el fiscal federal de Rosario, Juan Patricio Murray, a quien se acercaron por no confiar en el sistema provincial.
Las víctimas, trabajadores y militantesGastón Aguirre, de 27 años, sigue internado en el hospital Clemente Álvarez de Rosario recuperándose del balazo que le destrozó la carótida. Los médicos tuvieron que reconstruirla pero su rehabilitación es lenta y sus compañeros temen que sufra una infección hospitalaria. Aguirre trabajaba como albañil de 8 a 18 y luego militaba, influenciado por su mamá, que vive en Río Gallegos y un tío desaparecido durante la dictadura cuando participaba de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).Ariel y Carlos Ferreyra, de 19 y 21 años, están bien porque tuvieron más suerte: si bien los tiros impactaron sobre la rodilla y la espalda las balas no tocaron sus órganos. Los hermanos se dedican a la carpintería y la venta ambulante y colaboraban con el comedor del padre Ramón, arribado hace quince años al barrio, donde se lo escuchaba reclamar por obras que eviten las inundaciones. Ahora tuvieron que irse.
Es que tras el tiroteo se sorprendieron con información filtrada por la policía que buscaba implicar a los militantes del Evita con el narcotráfico.Murray fue nombrado en diciembre para reemplazar a Liliana Bettiolo, quien estaba a cargo de las investigaciones que se le siguen al ex jefe de la Policía de Santa Fe, comisario Hugo Tognoli, por presuntos vínculos con el narcotráfico, a partir de escuchas difundidas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Como testigo protegido, Ferreyra denunció la participación de Mendoza con hechos concretos. Ya venía protestando por el avance del narcotráfico: hace unos meses le había pedido a la comuna que restableciera las luminarias, cortadas por los narcos para operar en la oscuridad.
Los referentes del Evita se reunieron con el ministro de Seguridad Raúl Lamberto y le pidieron que pusiera en disponibilidad al comisario pero no tuvieron suerte.
“Nos dicen que no hay pruebas, pero al menos lo podrían sancionar por ineficiencia y ponerlo a disponibilidad, sin tocarle el salario”, se indignó el diputado Toniolli.
Es notable la inacción de la administración socialista ante un tema tan delicado. Desde que comenzó la escalada de violencia por la guerra narco, que el año pasado se cobró 183 víctimas en Rosario, Bonfatti optó por no tocar a ningún policía.
Ni siquiera echó a uno cuando se desató el escándalo de Togniolli. Y ahora sigue sin tomar medidas, mientras los asesinatos no paran.