7D: la cámara advirtió que el Gobierno afecta su independiencia
En un carta enviada a la Corte Suprema, la Cámara Nacional de Apelaciones Civil y Comercial advirtió que las "sucesivas denuncias penales" y "recusaciones" del Gobierno contra los jueces que la integran "afectan la independencia". Sucede luego de que el máximo tribunal se negara a intervenir en el pedido de extensión a la cautelar de Clarín, que debe ser resuelta por esta cámara.
La puja judicial para definir la constitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Medios, que obligaría al Grupo Clarín -entre otros- a desprenderse de varias de sus licencias parece haber ingresado en una etapa de definiciones: la Cámara Nacional de Apelaciones Civil y Comercial elevó una carta a la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial de la Corte Suprema para expresar su preocupación por las presiones del Gobierno que afectan su independencia.
La misiva, firmada por el titular de la cámara Ricardo Guarinoni, fue enviada a Elena Higthon de Nolasco y Carmen Argibay, encargadas de la comisión. "Tengo el agrado de dirigme a las señoras ministros (...) para poner en su conocimiento la situación de notable excepcionalidad por la que atraviesa este Tribunal, en el contexto de los hechos que son de público conocimiento y que afectan la independencia de esta jurisdicción".
Este documento es enviado luego de que la propia Corte se expresara en los últimos sobre la causa de la constitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Medios, a través de dos fallos. El máximo tribunal solicitó que el juez de primera instancia se pronunciara en torno a la cuestión de fondo con un fallo definitivo y, por otra parte, se negó a tratar el pedido de extensión a la cautelar que pedía el Grupo Clarín.
"Es inadmisible pues al tratarse de un planteo que, ante la resolución denegatoria dictada por el juez de primera instancia, se encuentra en trámite ante el tribunal de alzada competente con motivo de la apelación promovida por las peticionarias, su consideración no corresponde a la jurisdicción apelada ni originaria de esta Corte", fueron las palabras de la Corte.
Es decir que ahora ese pedido está en manos de la cámara, que a través de esta carta enumeró las distintas presiones del Gobierno. Por un lado, menciona "las sucesivas denuncias penales formuladas contra los jueces de esta cámara. Esta circunstancia oblicaría a que todos los magistrados denunciados deban excusarse en todos los expedientes que intervenga el estado".
Menciona también "las actuaciones administrativas iniciadas contra los miembros de este Tribunal ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura", así como "las recusaciones planteadas contra casi todos los miembros del Tribunal en causas que enfrentan como litigantes al Estado Nacional contra el Grupo Clarín".
La misiva, firmada por el titular de la cámara Ricardo Guarinoni, fue enviada a Elena Higthon de Nolasco y Carmen Argibay, encargadas de la comisión. "Tengo el agrado de dirigme a las señoras ministros (...) para poner en su conocimiento la situación de notable excepcionalidad por la que atraviesa este Tribunal, en el contexto de los hechos que son de público conocimiento y que afectan la independencia de esta jurisdicción".
Este documento es enviado luego de que la propia Corte se expresara en los últimos sobre la causa de la constitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Medios, a través de dos fallos. El máximo tribunal solicitó que el juez de primera instancia se pronunciara en torno a la cuestión de fondo con un fallo definitivo y, por otra parte, se negó a tratar el pedido de extensión a la cautelar que pedía el Grupo Clarín.
"Es inadmisible pues al tratarse de un planteo que, ante la resolución denegatoria dictada por el juez de primera instancia, se encuentra en trámite ante el tribunal de alzada competente con motivo de la apelación promovida por las peticionarias, su consideración no corresponde a la jurisdicción apelada ni originaria de esta Corte", fueron las palabras de la Corte.
Es decir que ahora ese pedido está en manos de la cámara, que a través de esta carta enumeró las distintas presiones del Gobierno. Por un lado, menciona "las sucesivas denuncias penales formuladas contra los jueces de esta cámara. Esta circunstancia oblicaría a que todos los magistrados denunciados deban excusarse en todos los expedientes que intervenga el estado".
Menciona también "las actuaciones administrativas iniciadas contra los miembros de este Tribunal ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura", así como "las recusaciones planteadas contra casi todos los miembros del Tribunal en causas que enfrentan como litigantes al Estado Nacional contra el Grupo Clarín".