Señalan que Argentina perdió una oportunidad histórica para terminar con los fondos buitres
Un informe del Banco Ciudad explica que el Gobierno pudo haber ofrecido a los fondos buitre un pago equivalente al de los bonistas que ingresaron al canje. Pero advertido de una posible maniobra para no pagar, el juez Thomas Griesa debió obligar a Argentina a pagar lo máximo posible.
Un informe del Banco Ciudad reveló que la Argentina habría perdido una oportunidad histórica para terminar con los denominados fondos buitres.
Según el informe al que tuvo acceso LPO, la decisión manifiesta del Gobierno nacional de no cancelar la deuda con los bonistas que no ingresaron al canje en default motivó el fallo adverso del juez Thomas Griesa, que dispuso que el país debe pagar antes del 15 de diciembre próximo la suma de 1300 millones de dólares a los fondos buitre. El mismo fallo que apelará mañana el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, pese a haber negado que el juez ordenara pagar.
El informe sostiene que el Gobierno perdió la chance histórica de valerse de la cláusula pari-passu, una figura legal técnica que indica que no se puede dar un tratamiento distinto a distintos bonistas, para ofrecerles a los fondos buitre un pago equivalente al del resto de los bonistas que ingresaron al canje, con fuertes quitas.
“En nuestra visión, existió una `mala praxis´ legal y política que permitió justificar una acción judicial inédita, contraria a los intereses de la República Argentina”, señala el informe del Banco Ciudad y explica que “el principal fundamento por el cual el Juez Griesa suspende la medida “no innovar” fueron las declaraciones públicas de funcionarios argentinos (en particular, de la Presidente Cristina Kirchner y su Ministro Hernán Lorenzino) anticipando que no se respetaría ninguna decisión que implicase abonar total o parcialmente a los demandantes”.
“A nuestro juicio, el gobierno desaprovechó una primera (y quizás única) oportunidad para mostrar voluntad de pago e inducir a la Justicia a una interpretación distinta de la cláusula de pari-passu (es decir, que todos los bonistas reciban un trato “igualitario”): básicamente, ofreciendo a los “fondos buitre” un pago equivalente al del resto de los bonistas que ingresaron al canje”, agrega el informe.
El titular del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger, señaló que Argentina todavía está a tiempo de subsanar el manejo de la causa.
En una columna publicada hoy por Clarín, Sturzenegger explicó que “en la apelación que hará el país al plenario de la Cámara de Apelaciones del 2do Distrito, puede todavía presentar una oferta de pago. ¿Cuál? La misma que debería haberle presentado a Griesa, y que ya sugerimos en esta columna, interpretando el pago proporcional que manda el juez como un pago equivalente al de quienes entraron en el canje”.
“Lo que quiero resaltar es que si Argentina ofrece esto de manera concreta, se cae el argumento de la premura, que fue la causal que impulsó al Juez a emitir este fallo. En otras palabras, con una oferta, Argentina podría conmover los fundamentos conceptuales de la decisión judicial que se basaban en la supuesta preparación de una maniobra”, remarcó el titular del Banco Ciudad.
Según el informe al que tuvo acceso LPO, la decisión manifiesta del Gobierno nacional de no cancelar la deuda con los bonistas que no ingresaron al canje en default motivó el fallo adverso del juez Thomas Griesa, que dispuso que el país debe pagar antes del 15 de diciembre próximo la suma de 1300 millones de dólares a los fondos buitre. El mismo fallo que apelará mañana el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, pese a haber negado que el juez ordenara pagar.
El informe sostiene que el Gobierno perdió la chance histórica de valerse de la cláusula pari-passu, una figura legal técnica que indica que no se puede dar un tratamiento distinto a distintos bonistas, para ofrecerles a los fondos buitre un pago equivalente al del resto de los bonistas que ingresaron al canje, con fuertes quitas.
“En nuestra visión, existió una `mala praxis´ legal y política que permitió justificar una acción judicial inédita, contraria a los intereses de la República Argentina”, señala el informe del Banco Ciudad y explica que “el principal fundamento por el cual el Juez Griesa suspende la medida “no innovar” fueron las declaraciones públicas de funcionarios argentinos (en particular, de la Presidente Cristina Kirchner y su Ministro Hernán Lorenzino) anticipando que no se respetaría ninguna decisión que implicase abonar total o parcialmente a los demandantes”.
“A nuestro juicio, el gobierno desaprovechó una primera (y quizás única) oportunidad para mostrar voluntad de pago e inducir a la Justicia a una interpretación distinta de la cláusula de pari-passu (es decir, que todos los bonistas reciban un trato “igualitario”): básicamente, ofreciendo a los “fondos buitre” un pago equivalente al del resto de los bonistas que ingresaron al canje”, agrega el informe.
El titular del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger, señaló que Argentina todavía está a tiempo de subsanar el manejo de la causa.
En una columna publicada hoy por Clarín, Sturzenegger explicó que “en la apelación que hará el país al plenario de la Cámara de Apelaciones del 2do Distrito, puede todavía presentar una oferta de pago. ¿Cuál? La misma que debería haberle presentado a Griesa, y que ya sugerimos en esta columna, interpretando el pago proporcional que manda el juez como un pago equivalente al de quienes entraron en el canje”.
“Lo que quiero resaltar es que si Argentina ofrece esto de manera concreta, se cae el argumento de la premura, que fue la causal que impulsó al Juez a emitir este fallo. En otras palabras, con una oferta, Argentina podría conmover los fundamentos conceptuales de la decisión judicial que se basaban en la supuesta preparación de una maniobra”, remarcó el titular del Banco Ciudad.