Acusan a La Cámpora de trabar la urbanización de la villa 31
Desde 2009 la Legislatura tiene pendiente un dictamen para urbanizar el asentamiento de Retiro. Luego de las protestas de los vecinos que aparecieron en los medios, el PRO, que también frenaba el dictamen, presentará un proyecto propio para que el Ejecutivo de Macri redacte un plan de urbanización. Pero el Gobierno nacional, representado allí por la organización de jóvenes K, no quiere ceder las tierras.
La ley 3343 que la Legislatura porteña sancionó en diciembre de 2009 dispuso la urbanización de la villa 31, que tiene alrededor de 40 mil habitantes. Desde entonces, influidos por la interna que existe entre los punteros de la villa y por la pelea entre el Gobierno de Cristina Kirchner y el de Mauricio Macri, en el parlamento porteño no se pusieron de acuerdo para aprobar un dictamen que hiciera efectiva la urbanización.
La ley de 2009 creó la “Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa para la Urbanización de las Villas 31 y 31 Bis”, que está integrada por delegados de la villa más representantes del Ejecutivo porteño, de la Legislatura y del Congreso.
El kirchnerismo depositó toda su representación en la mesa en la figura de Juan Cabandié, el joven legislador de La Cámpora.
La Mesa se reunió durante un año y medio y como resultado de esas reuniones, la legisladora que presidió hasta el año pasado la comisión de Vivienda, Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica), presentó un proyecto para regular el proceso de urbanización.
Pero el proyecto nunca tuvo el respaldo del bloque del PRO, que pasó a presidir la comisión por intermedio de la michettista Lidia Saya. El macrismo no estaba de acuerdo en más de la mitad de los artículos de ese proyecto (ver más abajo). El año pasado era el ministro de Espacio Público, Diego Santilli, quien estaba a cargo de la urbanización de villas y se oponía a la iniciativa.
Este año, al traspasarse esa competencia a la Secretaría de Hábitat del ministerio de Desarrollo Económico, quien traba el proyecto desde el Ejecutivo es Alejo Maxit, un cada vez más influyente delegado del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), que es quien se ocupa de todo el tema villas en el gobierno de Macri.
Acuerdo trunco
El último viernes, cuando parecía que podía haber un acuerdo, Sánchez Andía estuvo en la villa y les comunicó a algunos delegados que tenía un acuerdo con Saya para avanzar con su dictamen.
Pero el acuerdo se vino abajo cuando Saya se enteró de que Sánchez Andía había dicho en los medios ese fin de semana que el PRO trababa la urbanización. Por esa razón, le bajaron el pulgar definitivamente a la iniciativa de Sánchez Andía e incluso la increparon este último martes en su despacho.
El proyecto de Sánchez Andía tampoco tuvo el apoyo de La Cámpora. La posición de Cabandié quedó en offside cuando presentó un despacho en disidencia con el anteproyecto urbanístico que había ideado un arquitecto kirchnerista, Javier Fernández Castro.
Pero la principal traba para la urbanización la impuso el Gobierno nacional, representado por La Cámpora en la villa, que se niega a ceder a la Ciudad las tierras sobre las que está asentada la villa.
Los punteros
Esta traba propició que la participación de La Cámpora fuera menguando dentro de la villa, en donde el PRO tiene un claro predominio de los punteros.
El PRO controla al grupo mayoritario de punteros a través de cooperativas de trabajo, con punteros como el Rata Guzmán, Norma Gutiérrez, Chacho Mendoza, El Gitano y Carlos Adrian. Este grupo se nuclea principalmente en la federación de cooperativas “Padre Carlos Mugica”.
El PRO también controla la Corriente villera, ex movimiento Teresa Rodríguez, que reparte viandas para comedores en villas desde un galpón en Zona Sur. Esta corriente responde a la vicejefa María Eugenia Vidal, que les consiguió 200 puestos de trabajo y les proporcionó un centro contra la adicción al paco. Es a través de estos grupos que el PRO invierte en las villas, pese a demorar la urbanización.
Pero el macrismo no tiene el control absoluto: también existen grupos de punteros sueltos que tienen afinidad con el kirchnerismo, como los de los vecinos que responden a Tapia, a Zulema, a Amalia Aima y la cooperativa El Salvador de los hermanos Castillo. Algunos de estos punteros son los que estuvieron marchando todas las semanas a la Legislatura para reclamar que el PRO aprobara el dictamen de Sánchez Andía, pese a los intentos del PRO de romper las marchas a través de sus punteros (la vicejefa logró frenar a la corriente villera en una de ellas).
Si bien La Cámpora quería que estos punteros protestaran contra Macri, buscó evitar que se movilizaran a pie hasta el parlamento y que realizaran piquetes. Es por eso que en una de las manifestaciones dispuso de dos colectivos para trasladar a los vecinos de la villa. Pero los vecinos le dieron la espalda en su mayoría y La Cámpora decidió retirarse de la Mesa de Urbanización.
La situación estalló el último jueves, cuando los vecinos de la villa marcharon a la Legislatura y cortaron la autopista Illia en su salida a la calle Castillo. Ese día los medios le dieron a la protesta una cobertura que el PRO no esperaba y por eso Macri instruyó a sus legisladores a que encontraran una solución.
El proyecto del PRO
“La Cámpora no quiere que Macri sea quien se lleve el rédito de haber urbanizado la villa 31 después de ochenta años”, señalaron a LPO desde el bloque del PRO en la Legislatura. Desde allí anticiparon a este medio que Lidia Saya presentará un proyecto propio en 15 días.
El PRO pedirá que el Gobierno nacional le transfiera las tierras de la villa a la Ciudad o que en su defecto las ceda a sus habitantes.
Para que el proyecto de ley no sea de doble lectura y por ende requiera 40 votos de la Legislatura, el PRO modificará el proyecto de Sánchez Andía de manera tal que no implique la modificación del Código de Planeamiento Urbano.
Del mismo modo, modificará el modo de financiamiento de la urbanización. En el proyecto de Sánchez Andía, se estipulaba que durante los cinco años subsiguientes a la aprobación de la ley, el proceso de urbanización debía contar con no menos del 0,5 por ciento del Presupuesto General de la Ciudad.
En el nuevo proyecto del PRO, el único financiamiento que se estipulará será para un “Consejo Consultivo del Proceso de Urbanización de las villas 31 y 31 bis”, que absorberá no menos del 10 por ciento del presupuesto que maneja Alejo Maxit.
Entonces se tratará únicamente de una “ley marco” que instruya al Ejecutivo para que elabore un plan de urbanización. Y sólo deberá pasar por la comisión de Vivienda, donde el PRO tiene mayoría, evitando las comisiones de Planeamiento y de Presupuesto.
Desde el bloque del PRO en la Legislatura señalaron a LPO que además de estos cambios, se introducirá un artículo que prohíba los desalojos forzosos y otro que permita que los vecinos puedan mudarse fuera del polígono determinado por la misma ley para la villa.
En la comisión de Vivienda señalaron que el proyecto de la oposición permitía la construcción de torres de hasta 9 pisos en la propia villa, lo que será restringido hasta sólo dos plantas.
La ley de 2009 creó la “Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa para la Urbanización de las Villas 31 y 31 Bis”, que está integrada por delegados de la villa más representantes del Ejecutivo porteño, de la Legislatura y del Congreso.
El kirchnerismo depositó toda su representación en la mesa en la figura de Juan Cabandié, el joven legislador de La Cámpora.
La Mesa se reunió durante un año y medio y como resultado de esas reuniones, la legisladora que presidió hasta el año pasado la comisión de Vivienda, Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica), presentó un proyecto para regular el proceso de urbanización.
Pero el proyecto nunca tuvo el respaldo del bloque del PRO, que pasó a presidir la comisión por intermedio de la michettista Lidia Saya. El macrismo no estaba de acuerdo en más de la mitad de los artículos de ese proyecto (ver más abajo). El año pasado era el ministro de Espacio Público, Diego Santilli, quien estaba a cargo de la urbanización de villas y se oponía a la iniciativa.
Este año, al traspasarse esa competencia a la Secretaría de Hábitat del ministerio de Desarrollo Económico, quien traba el proyecto desde el Ejecutivo es Alejo Maxit, un cada vez más influyente delegado del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), que es quien se ocupa de todo el tema villas en el gobierno de Macri.
Acuerdo trunco
El último viernes, cuando parecía que podía haber un acuerdo, Sánchez Andía estuvo en la villa y les comunicó a algunos delegados que tenía un acuerdo con Saya para avanzar con su dictamen.
Pero el acuerdo se vino abajo cuando Saya se enteró de que Sánchez Andía había dicho en los medios ese fin de semana que el PRO trababa la urbanización. Por esa razón, le bajaron el pulgar definitivamente a la iniciativa de Sánchez Andía e incluso la increparon este último martes en su despacho.
El proyecto de Sánchez Andía tampoco tuvo el apoyo de La Cámpora. La posición de Cabandié quedó en offside cuando presentó un despacho en disidencia con el anteproyecto urbanístico que había ideado un arquitecto kirchnerista, Javier Fernández Castro.
Pero la principal traba para la urbanización la impuso el Gobierno nacional, representado por La Cámpora en la villa, que se niega a ceder a la Ciudad las tierras sobre las que está asentada la villa.
Los punteros
Esta traba propició que la participación de La Cámpora fuera menguando dentro de la villa, en donde el PRO tiene un claro predominio de los punteros.
El PRO controla al grupo mayoritario de punteros a través de cooperativas de trabajo, con punteros como el Rata Guzmán, Norma Gutiérrez, Chacho Mendoza, El Gitano y Carlos Adrian. Este grupo se nuclea principalmente en la federación de cooperativas “Padre Carlos Mugica”.
El PRO también controla la Corriente villera, ex movimiento Teresa Rodríguez, que reparte viandas para comedores en villas desde un galpón en Zona Sur. Esta corriente responde a la vicejefa María Eugenia Vidal, que les consiguió 200 puestos de trabajo y les proporcionó un centro contra la adicción al paco. Es a través de estos grupos que el PRO invierte en las villas, pese a demorar la urbanización.
Pero el macrismo no tiene el control absoluto: también existen grupos de punteros sueltos que tienen afinidad con el kirchnerismo, como los de los vecinos que responden a Tapia, a Zulema, a Amalia Aima y la cooperativa El Salvador de los hermanos Castillo. Algunos de estos punteros son los que estuvieron marchando todas las semanas a la Legislatura para reclamar que el PRO aprobara el dictamen de Sánchez Andía, pese a los intentos del PRO de romper las marchas a través de sus punteros (la vicejefa logró frenar a la corriente villera en una de ellas).
Si bien La Cámpora quería que estos punteros protestaran contra Macri, buscó evitar que se movilizaran a pie hasta el parlamento y que realizaran piquetes. Es por eso que en una de las manifestaciones dispuso de dos colectivos para trasladar a los vecinos de la villa. Pero los vecinos le dieron la espalda en su mayoría y La Cámpora decidió retirarse de la Mesa de Urbanización.
La situación estalló el último jueves, cuando los vecinos de la villa marcharon a la Legislatura y cortaron la autopista Illia en su salida a la calle Castillo. Ese día los medios le dieron a la protesta una cobertura que el PRO no esperaba y por eso Macri instruyó a sus legisladores a que encontraran una solución.
El proyecto del PRO
“La Cámpora no quiere que Macri sea quien se lleve el rédito de haber urbanizado la villa 31 después de ochenta años”, señalaron a LPO desde el bloque del PRO en la Legislatura. Desde allí anticiparon a este medio que Lidia Saya presentará un proyecto propio en 15 días.
El PRO pedirá que el Gobierno nacional le transfiera las tierras de la villa a la Ciudad o que en su defecto las ceda a sus habitantes.
Para que el proyecto de ley no sea de doble lectura y por ende requiera 40 votos de la Legislatura, el PRO modificará el proyecto de Sánchez Andía de manera tal que no implique la modificación del Código de Planeamiento Urbano.
Del mismo modo, modificará el modo de financiamiento de la urbanización. En el proyecto de Sánchez Andía, se estipulaba que durante los cinco años subsiguientes a la aprobación de la ley, el proceso de urbanización debía contar con no menos del 0,5 por ciento del Presupuesto General de la Ciudad.
En el nuevo proyecto del PRO, el único financiamiento que se estipulará será para un “Consejo Consultivo del Proceso de Urbanización de las villas 31 y 31 bis”, que absorberá no menos del 10 por ciento del presupuesto que maneja Alejo Maxit.
Entonces se tratará únicamente de una “ley marco” que instruya al Ejecutivo para que elabore un plan de urbanización. Y sólo deberá pasar por la comisión de Vivienda, donde el PRO tiene mayoría, evitando las comisiones de Planeamiento y de Presupuesto.
Desde el bloque del PRO en la Legislatura señalaron a LPO que además de estos cambios, se introducirá un artículo que prohíba los desalojos forzosos y otro que permita que los vecinos puedan mudarse fuera del polígono determinado por la misma ley para la villa.
En la comisión de Vivienda señalaron que el proyecto de la oposición permitía la construcción de torres de hasta 9 pisos en la propia villa, lo que será restringido hasta sólo dos plantas.