"La denuncia de Boudou a Righi genera un daño importante en lo institucional"
En diálogo con LPO, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez consideró que si la denuncia de Amado Boudou es cierta, significa que el Procurador "trafica su influencia para avanzar o frenar una causa. Y si es mentira, implica que un vice presiona al jefe los fiscales, cuando está siendo investigado".
Luego de las acusaciones que realizó en su última conferencia de prensa, el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, finalmente presentó esta mañana la denuncia formal contra el estudio jurídico del procurador Esteban Righi -y también con el titular de la bolsa de comercio, Adelmo Gabbi-, al que acusa haberle ofrecido facilitarle su situación en la causa Ciccone por la buena relación que mantienen con Justicia Federal, que funciona en Comodoro Py.
"Por lo que recuerdo, es la primera vez en la historia argentina que un vicepresidente denuncia por tráfico de influencias a un procurador General de la Nación", resaló el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, en diálogo con La Política Online.
El especialista recordó que en "la historia Argentina, generalmente los vice han tenido un rol más pasivo o, cuando hubo algún conflicto, más bien terminaron renunciando". Y subrayó que "no hay antecedentes de este tipo de conflictos. El impacto institucional que genera la denuncia de Boudou es muy fuerte, si uno tiene en cuenta que el procurador es el jefe de todos los fiscales de la Nación, entre ellos de los penales".
Según Gil Domínguez, si es cierto lo que plantea Boudou, "es muy grave, porque el Ministerio Público es el titulariza la promoción de la acción penal: denuncia o querella". Dicho de otro modo, si lo que denunció el vicepresidente es realmente así, Argentina tiene un procurador "que negocia su influencia para avanzar o frenar una investigación. El daño institucional es muy profundo".
"Pero si lo que dice Boudou no es cierto, también se está haciendo un daño en términos institucionales. Porque significa que un vicepresidente denuncia a un procurador para presionarlo, para ejercer una injerencia en medio de una causa en la que estaría complicado", agregó el constitucionalista.
Gil Domínguez concluyó: "Otro interrogante en el que uno podría ahondar es por qué Boudou avanza con esta denuncia justo ahora, cuando parece estar más comprometido en la causa de la ex Ciccone Calcográfica, si conocía este ilícito desde hace tiempo. Un funcionario público está obligado a denunciar cualquier tipo de ilícito. Por donde se lo mire, este hecho representa un daño importante institucionalmente".
"Por lo que recuerdo, es la primera vez en la historia argentina que un vicepresidente denuncia por tráfico de influencias a un procurador General de la Nación", resaló el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, en diálogo con La Política Online.
El especialista recordó que en "la historia Argentina, generalmente los vice han tenido un rol más pasivo o, cuando hubo algún conflicto, más bien terminaron renunciando". Y subrayó que "no hay antecedentes de este tipo de conflictos. El impacto institucional que genera la denuncia de Boudou es muy fuerte, si uno tiene en cuenta que el procurador es el jefe de todos los fiscales de la Nación, entre ellos de los penales".
Según Gil Domínguez, si es cierto lo que plantea Boudou, "es muy grave, porque el Ministerio Público es el titulariza la promoción de la acción penal: denuncia o querella". Dicho de otro modo, si lo que denunció el vicepresidente es realmente así, Argentina tiene un procurador "que negocia su influencia para avanzar o frenar una investigación. El daño institucional es muy profundo".
"Pero si lo que dice Boudou no es cierto, también se está haciendo un daño en términos institucionales. Porque significa que un vicepresidente denuncia a un procurador para presionarlo, para ejercer una injerencia en medio de una causa en la que estaría complicado", agregó el constitucionalista.
Gil Domínguez concluyó: "Otro interrogante en el que uno podría ahondar es por qué Boudou avanza con esta denuncia justo ahora, cuando parece estar más comprometido en la causa de la ex Ciccone Calcográfica, si conocía este ilícito desde hace tiempo. Un funcionario público está obligado a denunciar cualquier tipo de ilícito. Por donde se lo mire, este hecho representa un daño importante institucionalmente".