Escándalo con Cameron, Kicillof y Baratta en una reunión de directorio de YPF

Los secretarios de Energía, Daniel Cameron, y de Política Económica, Axel Kiciloff, más el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta, denunciaron que no los dejaron entrar a una reunión de directorio. Desde la empresa lo desmienten y aseguran que el Gobierno prepara "el caso YPF" para una posible nacionalización.
El Gobierno nacional y la petrolera YPF sumaron un nuevo capítulo en la pelea que vienen arrastrando desde hace meses. Esta vez, la “batalla” se libró en una reunión de directorio que terminó en escándalo cuando los secretarios de Energía, Daniel Cameron, y de Política Económica, Axel Kiciloff, más el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta, intentaron ingresar al cónclave pero no se lo permitieron.

En la reunión de directorio, con Antonio Brufau y Sebastián Eskenazy a la cabeza, se debía tratar y aprobar el resultado del último trimestre y otras cuestiones menores pero que por estatuto son obligatorias tratarlas. Según contaron fuentes cercanas a la empresa, minutos antes del encuentro, aparecieron los tres funcionarios nombrados junto con el subsecretario legal del Ministerio de Planificación, Rafael Llorens, y una escribana.

En ese momento, el resto del directorio intentó explicarle a los funcionarios que el único habilitado para ingresar a la reunión era Baratta y que concluida la reunión formal, Cameron y Kicillof podían mantener un encuentro con Brufau y Eskenazi. El secretario de Energía ingresó pero luego se arrepintió y aseguró que si sus compañeros no formaban parte de la reunión se retiraban todos.

Así sucedió y por esa razón se labró un acta, donde los funcionarios dejaron constancia de impedimento. Sin embargo, grande fue la sorpresa del resto de los integrantes: según contaron desde YPF en la vereda ya había móviles de Canal 7 y la agencia oficial Télam.

Desde la empresa sospechan que el Gobierno está preparando “el caso YPF” como lo hizo con Papel Prensa. Por eso, aseguran que la maniobra de ex trabajadores para frenar la venta de acciones, la reunión con los estacioneros por el abastecimiento de gas oil y el nuevo rol de los gobernadores para rever la concesión de áreas, son pasos hacia una decisión relevante que podría ser la nacionalización.

Otro dato que llama la atención: igual que como sucedió en su momento con Cablevisión, en diciembre, la AFIP le abrió a YPF 422 expedientes por supuestas infracciones.