Indec: Verbitsky se diferenció de Moreno y repudió la persecución a periodistas
Fue la posición del Centro de Estudios Legales y Sociales, que preside el periodista más cercano al Gobierno. Recordó la protección constitucional a las fuentes de información y que incluye el secreto de las líneas telefónicas. Pero aclaró que los periodistas pueden ser llamados como testigos.
Horacio Verbitsky coincidió que los principales referentes de la oposición en rechazar el exhorto judicial que recibieron periodistas económicos que escribieron sobre la evolución de precios, en lo que pareció una toma de distancia de Guillermo Moreno que busca acallar a las consultoras y periodistas que difunden íncides alternativos a los del Indec.
A través de un comunicado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que preside el periodista de llegada directa a la Casa Rosada, le recordó al magistrado que la Constitución protege “a las fuentes de información periodística”, lo que incluye a “el secreto de las líneas telefónicas utilizadas”.
Por otro lado, aclaró que ninguna disposición legal exceptúa a los periodistas de declarar como testigos.
El juez en lo penal económico Alejandro Catania que lleva adelante una investigación contra las consultoras económicas que elaboran índices de inflación alternativos a los del Indec, requirió a diarios que informen si las consultoras pusieron publicidad o efectuaron otros pagos a los medios, además de requerir los nombres, domicilios y teléfonos de quienes haya publicado artículos sobre la inflación.
Fue como parte de una investigación abierta a raíz de una denuncia de Moreno, apelando al arículo 300 del Código Penal, que tififica como delito a quien “hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías, fondos públicos o valores, por medio de noticias falsas con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado”.
La noticia de la medida claramente intimidatoria del juez volvió a reunir a los diputados de la oposición, quienes, cuando las consultoras fueron prohibidas de difundir los datos sobre precios, comenzaron a difundir mes a mes a esas mediciones, amparados en los feuros que les otorga el Congreso.
Hoy, luego dele scándalo que causó su pedido, el juez Catania se vio forzado a emitir una resolución "aclarando" los términos del pedido que hizo ayer a los diarios, explicando que solicitó datos donde "contactar" a los periodista sen caso que quiera citarlos como testigos, pero nunca exigió sus referencias personales, lo que ayer se interpretó como una intimidación.
Lo llamativo es que esta vez los reclamos de la oposición fueron respaldados por Verbistky -a través del Cels-. “El papel de los medios y periodistas es relevante para la causa y no por cuestiones éticas, sino para determinar si participaron a sabiendas en la divulgación de informes falsos. Esto no puede ser objeto de presunción sino de prueba”, dice el comunicado que difundió la institución que preside el columnista de Página 12.
Y agrega: “El CELS se ha pronunciado reiteradamente a favor de la preservación de los derechos de los medios y periodistas a investigar y difundir informaciones y opiniones así como los del público a recibirlas”.
“También ha actuado judicialmente para obtener acceso a la información en temas vinculados al INDEC en conjunto con investigadores universitarios”, subraya.
Por último reitera “la constitucionalidad de la preservación de las fuentes de la información periodística y la conveniencia de despejar cualquier sospecha de publicaciones basadas en operaciones económicas, mucho más si ocurren a cambio de pagos explícitos o implícitos de sumas dinero”.
A través de un comunicado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que preside el periodista de llegada directa a la Casa Rosada, le recordó al magistrado que la Constitución protege “a las fuentes de información periodística”, lo que incluye a “el secreto de las líneas telefónicas utilizadas”.
Por otro lado, aclaró que ninguna disposición legal exceptúa a los periodistas de declarar como testigos.
El juez en lo penal económico Alejandro Catania que lleva adelante una investigación contra las consultoras económicas que elaboran índices de inflación alternativos a los del Indec, requirió a diarios que informen si las consultoras pusieron publicidad o efectuaron otros pagos a los medios, además de requerir los nombres, domicilios y teléfonos de quienes haya publicado artículos sobre la inflación.
Fue como parte de una investigación abierta a raíz de una denuncia de Moreno, apelando al arículo 300 del Código Penal, que tififica como delito a quien “hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías, fondos públicos o valores, por medio de noticias falsas con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado”.
La noticia de la medida claramente intimidatoria del juez volvió a reunir a los diputados de la oposición, quienes, cuando las consultoras fueron prohibidas de difundir los datos sobre precios, comenzaron a difundir mes a mes a esas mediciones, amparados en los feuros que les otorga el Congreso.
Hoy, luego dele scándalo que causó su pedido, el juez Catania se vio forzado a emitir una resolución "aclarando" los términos del pedido que hizo ayer a los diarios, explicando que solicitó datos donde "contactar" a los periodista sen caso que quiera citarlos como testigos, pero nunca exigió sus referencias personales, lo que ayer se interpretó como una intimidación.
Lo llamativo es que esta vez los reclamos de la oposición fueron respaldados por Verbistky -a través del Cels-. “El papel de los medios y periodistas es relevante para la causa y no por cuestiones éticas, sino para determinar si participaron a sabiendas en la divulgación de informes falsos. Esto no puede ser objeto de presunción sino de prueba”, dice el comunicado que difundió la institución que preside el columnista de Página 12.
Y agrega: “El CELS se ha pronunciado reiteradamente a favor de la preservación de los derechos de los medios y periodistas a investigar y difundir informaciones y opiniones así como los del público a recibirlas”.
“También ha actuado judicialmente para obtener acceso a la información en temas vinculados al INDEC en conjunto con investigadores universitarios”, subraya.
Por último reitera “la constitucionalidad de la preservación de las fuentes de la información periodística y la conveniencia de despejar cualquier sospecha de publicaciones basadas en operaciones económicas, mucho más si ocurren a cambio de pagos explícitos o implícitos de sumas dinero”.