Macri estalló con la licitación de la basura que llegaría a los 2800 millones

El jefe de gobierno está furioso porque se enteró que las propuestas económicas de la licitación de la basura llegarían a los 2800 millones, mil millones más de lo que cuesta hoy el servicio. "Al final puse a un peronista como Santilli porque me dijeron que iba a negociar mejor con Moyano y el contrato no para de subir", estalló. Los cambios que se vienen en el Ministerio de Espacio Público.
Mauricio Macri se había planteado como uno de los desafíos centrales de su segundo mandato mejorar la limpieza de la Ciudad de Buenos Aires, intentando brindar un servicio acorde a su jerarquía global. Para ello el ministro de Espacio Público, Diego Santilli, trabajó una licitación de la que resta abrir el sobre dos, con las ofertas económicas.

Se trata del mayor contrato que tiene el gobierno porteño y como ya explicó LPO, el tema de la basura es de por sí deficitario: mientras que se estima una recaudación de 1500 millones de pesos anuales por la tasa de ABL, el gobierno de Macri ya paga actualmente unos 1800 millones por año en contratos para la recolección de residuos.

En ese sentido, como una solución a corto plazo, el macrismo debió ampliar el presupuesto en 1900 millones de pesos, de los cuales 242 millones serán destinados a zanjar el déficit del contrato de basura.

Pero en las últimas semanas Macri estalló cuando se enteró informalmente que algunas de las ofertas económicas que contienen los denominados “sobre dos” de las empresas que se presentaron en la licitación, llegarían a la friolera de 2.800 millones.

Fue la gota que colmó el vaso en la tensa situación que mantiene con Santilli por estos días y que están alimentando una ola de rumores sobre eventuales intervenciones a la cartera de Espacio Público.

“Lo nombré a Diego ministro porque me dijeron que un peronista iba a negociar mejor con Moyano, pero el contrato no para de subir, al final Piccardo negociaba mejor”, lo escucharon decir lacerante a Macri.

Es que Santilli asumió en Espacio Público en reemplazo de Juan Pablo Piccardo, a quien por entonces lo cuestionaban por su supuesta falta de “muñeca política”. La referencia de Macri a Moyano no es casual, el ítem de salarios de los camioneros –los trabajadores en las empresas de recolección de residuos pertenecen al gremio del líder de la CGT- no para de subir y es una de las principales causas del aumento del contrato.

Si bien en la apertura del sobre uno –que contiene los requisitos técnicos- se dejó afuera a Covelia, la empresa ligada a Hugo Moyano, es sabido que el camionero logró entrar en la Ciudad durante la gestión de Santilli, a través de la reciente licitación de la zona 7, que creó el actual ministro de Espacio Público sobre el área que limpiaba la Ciudad.

Como denunció en su momento la ex ministra Graciela Ocaña, el líder de la CGT usó de fronting para entrar a la ciudad una UTE de las empresas Ashira y Martin y Martin. Las empresas que se presentaron a la nueva licitación son las mismas que se encargan actualmente de la recolección de basura (Cliba, Aesa, Nítida, Urbasur e Integra).

Un contrato que no para de subir

“Macri se va a plantar, no quiere pagar más de 1.800 millones”, anticipó una fuente del Ejecutivo porteño a LPO y reveló que equipos muy cercanos al jefe de Gobierno “ya están trabajando en una solución integral” para el conflictivo tema de la basura.

El legislador que más sigue el tema es Eduardo Epszteyn, que supo ser ministro del área durante el gobierno de Aníbal Ibarra, hasta marzo de 2006. Según Epszteyn, hace sólo 6 años el gobierno porteño pagaba 220 millones de pesos por la recolección de residuos. Desde entonces, la Ciudad se ató a un contrato que fue creciendo de a cientos de millones año a año.

El legislador ibarrista lo había denunciado en octubre del año pasado, en la sesión en la que se aprobó la ampliación presupuestaria. En esa ocasión, mencionando el contrato de la basura, Epszteyn había dicho que “la cláusula de redeterminación de precios la cambió Telerman a favor de las empresas” (ver la versión taquigráfica).

“Macri no tiene decisión política de apretar a las empresas”, afirmó el legislador a LPO. Sin embargo, desde la jefatura de Gobierno ratificaron a este medio que Macri está dispuesto a dar pelea con las recolectoras. En la Legislatura opinan que si se las empresas se niegan a reducir su propuesta económica, al jefe de Gobierno le quedaría una salida: anular la licitación.