El Defensor General había advertido a LPO que podían ocurrir muertes en los desalojos
Mario Kestelboim en una entrevista concedida a LPO en junio de este año advirtió que la política de desalojos del macrismo "puede terminar en un nuevo caso Kosteki y Santillán". Hoy, presentó un amparo para que se cumpla con la norma que exije un censo previo de las personas a desplazar. El protocolo que no se cumplió en Soldati y porqué el caso golpea a la ministra de Desarrollo Social porteña, María Eugenia Vidal.
El 15 de junio de este año, en una entrevista con La Política Online, el defensor General de la Ciudad, Mario Kestelboim, pronunció esta frase:
"la política de desalojos de Macri puede generar un nuevo caso Kosteki y Santillán".
La increíble precisión para vaticinar el futuro de este abogado y militante setentista, no fue casual. Kestelboim hizo una lectura lógica y racional de las consecuencias de las políticas de desalojos que el macrismo impulsa a través de jueces afines.
Particularmente, en aquel reportaje estaba furioso con un pronunciamiento del juez porteño Norberto Tavosnansk, que habilitó el uso de "munición letal como ultimo recurso" para desalojar viviendas del Instituto de Vivienda de la Ciudad ocupadas por habitantes de la villa 1.11.14.
"Lo gravísimo es que el Ejecutivo, a través de sus jueces, estén permitiendo con esta sentencia de desalojo, dar la posibilidad de que se reiteren situaciones como las de Kosteki y Santillán", afirmó Kestelboim y la frase fue el título de la entrevista.
La afirmación de Kestelboim además revela un punto particularmente complicado del desastre de Soldati, las versiones cruzadas sobre si la Policía uso o no balas de plomo.
Lamentablemente como ocurrió con el desastre del boliche Beara -que también alertó varios meses antes una nota de LPO-, ninguna autoridad del gobierno porteño tomó nota de la advertencia, que hasta se cumplió en el número de vidas perdidas, en este caso en el brutal desalojo del Parque Indoamericano del barrio de Villa Soldati.
Un amparo para frenar los desalojos
Hoy, el Defensor General de la Ciudad, Mario Kestelboim, presentó un amparo pidiendo que se suspendan los desalojos, ya que el predio volvió a ser ocupado durante la jornada.
En su presentación -que fue realizada ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 6, interinamente a cargo del juez Andrés Gallardo- , Kestelboim pidió que se cumpla con las medidas dispuestas por los propios protocolos de actuación del Ministerio Público Fiscal, para estos casos.
Se trata de una normativa que firmó el fiscal General de la Ciudad, Germán Garavano, un hombre cercano al macrismo en su línea de pensamiento, aunque políticamente juega con Francisco de Narváez a quien lo une la Fundación Unidos por la Justicia.
Lo notable es que el gobierno porteño antes de embarcarse en el desastrozo operativo de ayer, ni siquiera cumplió con la normativa que impulsó un hombre tan cercano como Garavano. La principal afectada por este incumplimiento es la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, ya que su cartera debería haber realizado el censo y ofrecido a los desplazados alguna solución, según explicaron a LPO fuentes de la Defensoría General.
Kestelboim explicó que el propio protocolo de Garavano dispone que antes de llevar adelante und esalojo de estas características, hay que realziar un censo tendientes a recabar información de las personas y el Gobierno de la Ciudad debe garantizar los derechos económicos y sociales de las personas involucradas, como paso previo indispensable a cualquier medida policial.
El defensor subrayó que el deastre de ayer revela la necesidad de “articular instancias de diálogo y negociación entre el Gobierno de la Ciudad y los habitantes, para evitar peligro para vidas humanas" y agregó que el diálogo debe tener como eje central "la resolución de la cada vez más grave problemática de la falta de vivienda en la Ciudad”.
"la política de desalojos de Macri puede generar un nuevo caso Kosteki y Santillán".
La increíble precisión para vaticinar el futuro de este abogado y militante setentista, no fue casual. Kestelboim hizo una lectura lógica y racional de las consecuencias de las políticas de desalojos que el macrismo impulsa a través de jueces afines.
Particularmente, en aquel reportaje estaba furioso con un pronunciamiento del juez porteño Norberto Tavosnansk, que habilitó el uso de "munición letal como ultimo recurso" para desalojar viviendas del Instituto de Vivienda de la Ciudad ocupadas por habitantes de la villa 1.11.14.
"Lo gravísimo es que el Ejecutivo, a través de sus jueces, estén permitiendo con esta sentencia de desalojo, dar la posibilidad de que se reiteren situaciones como las de Kosteki y Santillán", afirmó Kestelboim y la frase fue el título de la entrevista.
La afirmación de Kestelboim además revela un punto particularmente complicado del desastre de Soldati, las versiones cruzadas sobre si la Policía uso o no balas de plomo.
Lamentablemente como ocurrió con el desastre del boliche Beara -que también alertó varios meses antes una nota de LPO-, ninguna autoridad del gobierno porteño tomó nota de la advertencia, que hasta se cumplió en el número de vidas perdidas, en este caso en el brutal desalojo del Parque Indoamericano del barrio de Villa Soldati.
Un amparo para frenar los desalojos
Hoy, el Defensor General de la Ciudad, Mario Kestelboim, presentó un amparo pidiendo que se suspendan los desalojos, ya que el predio volvió a ser ocupado durante la jornada.
En su presentación -que fue realizada ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 6, interinamente a cargo del juez Andrés Gallardo- , Kestelboim pidió que se cumpla con las medidas dispuestas por los propios protocolos de actuación del Ministerio Público Fiscal, para estos casos.
Se trata de una normativa que firmó el fiscal General de la Ciudad, Germán Garavano, un hombre cercano al macrismo en su línea de pensamiento, aunque políticamente juega con Francisco de Narváez a quien lo une la Fundación Unidos por la Justicia.
Lo notable es que el gobierno porteño antes de embarcarse en el desastrozo operativo de ayer, ni siquiera cumplió con la normativa que impulsó un hombre tan cercano como Garavano. La principal afectada por este incumplimiento es la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, ya que su cartera debería haber realizado el censo y ofrecido a los desplazados alguna solución, según explicaron a LPO fuentes de la Defensoría General.
Kestelboim explicó que el propio protocolo de Garavano dispone que antes de llevar adelante und esalojo de estas características, hay que realziar un censo tendientes a recabar información de las personas y el Gobierno de la Ciudad debe garantizar los derechos económicos y sociales de las personas involucradas, como paso previo indispensable a cualquier medida policial.
El defensor subrayó que el deastre de ayer revela la necesidad de “articular instancias de diálogo y negociación entre el Gobierno de la Ciudad y los habitantes, para evitar peligro para vidas humanas" y agregó que el diálogo debe tener como eje central "la resolución de la cada vez más grave problemática de la falta de vivienda en la Ciudad”.