Sospechas de una coima de un millón de dólares de LAN Chile a Jaime
En 2006, después de un decreto que la benefició, la empresa del presidente chileno Sebastián Piñera contrató los servicios de "consultoría" de Manuel Vázquez, mano derecha de Ricardo Jaime, por u$s 1,15 millones.
Es una verdadera caja de Pandora. Esta vez los archivos de Manuel Vázquez, uno de los asesores más cercanos del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, amenazan con desatar una tormenta de consecuencias inciertas que incluso podrían tener derivaciones en Chile.
Según se desprende de una cadena de mails de Vázquez que ahora investiga la justicia federal, el asesor de Jaime facturó 1.150.000 dólares a una empresa perteneciente al grupo LAN Airlines por supuestos servicios de consultoría "para realizar un estudio de todas las rutas aéreas de la República Argentina", reveló La Nación.
El negociador por la compañía chilena fue Ernesto Ramírez, un ejecutivo de la empresa que reside en Miami y que fue el encargado de manejar la llegada de la aerolínea chilena a la Argentina en 2005, tras la caída de Southern Winds después de los escándalos de la valija con droga encontrada en Madrid. Incluso fue uno de los que acompañaron al actual presidente chileno, Sebastián Piñera, entonces directivo de la aerolínea, a presentar el proyecto LAN Argentina a Néstor Kirchner en la Casa Rosada, en marzo de 2005.
"No vamos a hacer ningún comentario sobre el asunto hasta que no llegue a instancia judicial", fue la respuesta de la filial local de la empresa.
El proceso utilizado con la compañía aérea es el mismo que se usó con una veintena de compañías de primera línea, argentinas y extranjeras, a las que Vázquez les enviaba contratos de consultoría por cifras muchas veces millonarias y que tenían por objeto facilitar negocios en el país.
Todo sucedió a fines de 2006, cuando la compañía aérea ya tenía un año operando en el país. En octubre, Vázquez envió a Ramírez un contrato por el cual una empresa del grupo chileno con sede en Estados Unidos, Atlantic Aviation Investment contrataba Controles y Auditorías Especiales de Argentina (Caesa) para hacer un informe sobre "las rutas existentes en la Argentina y en el mercado regional tanto las que están siendo cubiertas por servicios de diferentes compañías, así como aquellas que no tengan servicio actualmente disponible".
Varios de esos correos electrónicos están copiados a Carlos Astudillo, un abogado cordobés que entonces era jefe de Asesores de Gabinete de la Secretaría de Transporte, que los recibía en la casilla castud@mecon.gov.ar . Allí se enviaron, por ejemplo, los borradores de los acuerdos para hacer consultoría.
En el artículo del acuerdo 5 se refieren a la remuneración que recibirá Caesa y que llega, según el detalle que el propio Ramírez realiza en un mail, a 1.150.000 dólares divididos en tres cuotas de 300.000 y una de 250.000. La duración de la prestación del plazo se estableció en 90 días, tiempo en el que debería estar cancelada la totalidad del contrato.
El 27 de octubre de ese año, Caesa envió la primera factura a la compañía por 300.000 dólares identificada con el número 27. Luego llegó la 30 y la 31. Al pie del documento la empresa describió los datos para hacer los depósitos: Wachovia Bank, 3442 Orange Avenue NE, Roanoke, cuenta 8779 - 9038, cuyos titulares son Manuel Vázquez y Marta Domínguez (esposa de Vázquez). Se facturaban "servicios de consultoría prestados según contrato firmado entre las dos empresas".
Luego llegó un pedido."Estimado Ernesto, disculpa las molestias pero como te imaginarás son consecuencia de la usual presión que tengo sobre las novedades de la transferencia. ¿Tienes idea de la fecha estimada?", insistía el asesor de Jaime en un correo electrónico del 27 de noviembre, un día después de haber facturado la segunda cuota del acuerdo.
Un decreto esperado
Meses antes, en agosto, un largo decreto, el 1012, firmado por el presidente Néstor Kirchner, por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y por los ministros de Planificación Federal, Julio De Vido, y de Economía, Felisa Miceli, había resuelto uno de los problemas más grandes que tenía LAN en el país.
La norma utilizó 3200 palabras para prorrogar la emergencia aerocomercial y autorizar un aumento de las bandas tarifarias. El artículo 10, en apenas 18 palabras, destrabó uno de los escollos que frenaban la expansión de LAN. Sucede que el Código Aeronáutico establece que la mayoría accionaria de las empresas aéreas debe estar en manos de socios argentinos. Esa limitación fue cambiada en 1994, con la apertura económica, pero en 2000, con la crisis de Aerolíneas Argentinas se volvió a implantar el viejo sistema del código.
Cuando LAN llegó al país, en 2005, dos abogados, Jorge Pérez Alati y Manuel Benites, fueron los socios mayoritarios de la empresa. Pero a medida que había que aportar capital para expandir el negocio, la restricción complicó la operación. Finalmente, el artículo 10 del decreto 1012 volvió a la apertura de 1994.
Meses más tarde, una compañía de LAN contrataba los servicios de Caesa por un poco más de 1 millón de dólares.
Según se desprende de una cadena de mails de Vázquez que ahora investiga la justicia federal, el asesor de Jaime facturó 1.150.000 dólares a una empresa perteneciente al grupo LAN Airlines por supuestos servicios de consultoría "para realizar un estudio de todas las rutas aéreas de la República Argentina", reveló La Nación.
El negociador por la compañía chilena fue Ernesto Ramírez, un ejecutivo de la empresa que reside en Miami y que fue el encargado de manejar la llegada de la aerolínea chilena a la Argentina en 2005, tras la caída de Southern Winds después de los escándalos de la valija con droga encontrada en Madrid. Incluso fue uno de los que acompañaron al actual presidente chileno, Sebastián Piñera, entonces directivo de la aerolínea, a presentar el proyecto LAN Argentina a Néstor Kirchner en la Casa Rosada, en marzo de 2005.
"No vamos a hacer ningún comentario sobre el asunto hasta que no llegue a instancia judicial", fue la respuesta de la filial local de la empresa.
El proceso utilizado con la compañía aérea es el mismo que se usó con una veintena de compañías de primera línea, argentinas y extranjeras, a las que Vázquez les enviaba contratos de consultoría por cifras muchas veces millonarias y que tenían por objeto facilitar negocios en el país.
Todo sucedió a fines de 2006, cuando la compañía aérea ya tenía un año operando en el país. En octubre, Vázquez envió a Ramírez un contrato por el cual una empresa del grupo chileno con sede en Estados Unidos, Atlantic Aviation Investment contrataba Controles y Auditorías Especiales de Argentina (Caesa) para hacer un informe sobre "las rutas existentes en la Argentina y en el mercado regional tanto las que están siendo cubiertas por servicios de diferentes compañías, así como aquellas que no tengan servicio actualmente disponible".
Varios de esos correos electrónicos están copiados a Carlos Astudillo, un abogado cordobés que entonces era jefe de Asesores de Gabinete de la Secretaría de Transporte, que los recibía en la casilla castud@mecon.gov.ar . Allí se enviaron, por ejemplo, los borradores de los acuerdos para hacer consultoría.
En el artículo del acuerdo 5 se refieren a la remuneración que recibirá Caesa y que llega, según el detalle que el propio Ramírez realiza en un mail, a 1.150.000 dólares divididos en tres cuotas de 300.000 y una de 250.000. La duración de la prestación del plazo se estableció en 90 días, tiempo en el que debería estar cancelada la totalidad del contrato.
El 27 de octubre de ese año, Caesa envió la primera factura a la compañía por 300.000 dólares identificada con el número 27. Luego llegó la 30 y la 31. Al pie del documento la empresa describió los datos para hacer los depósitos: Wachovia Bank, 3442 Orange Avenue NE, Roanoke, cuenta 8779 - 9038, cuyos titulares son Manuel Vázquez y Marta Domínguez (esposa de Vázquez). Se facturaban "servicios de consultoría prestados según contrato firmado entre las dos empresas".
Luego llegó un pedido."Estimado Ernesto, disculpa las molestias pero como te imaginarás son consecuencia de la usual presión que tengo sobre las novedades de la transferencia. ¿Tienes idea de la fecha estimada?", insistía el asesor de Jaime en un correo electrónico del 27 de noviembre, un día después de haber facturado la segunda cuota del acuerdo.
Un decreto esperado
Meses antes, en agosto, un largo decreto, el 1012, firmado por el presidente Néstor Kirchner, por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y por los ministros de Planificación Federal, Julio De Vido, y de Economía, Felisa Miceli, había resuelto uno de los problemas más grandes que tenía LAN en el país.
La norma utilizó 3200 palabras para prorrogar la emergencia aerocomercial y autorizar un aumento de las bandas tarifarias. El artículo 10, en apenas 18 palabras, destrabó uno de los escollos que frenaban la expansión de LAN. Sucede que el Código Aeronáutico establece que la mayoría accionaria de las empresas aéreas debe estar en manos de socios argentinos. Esa limitación fue cambiada en 1994, con la apertura económica, pero en 2000, con la crisis de Aerolíneas Argentinas se volvió a implantar el viejo sistema del código.
Cuando LAN llegó al país, en 2005, dos abogados, Jorge Pérez Alati y Manuel Benites, fueron los socios mayoritarios de la empresa. Pero a medida que había que aportar capital para expandir el negocio, la restricción complicó la operación. Finalmente, el artículo 10 del decreto 1012 volvió a la apertura de 1994.
Meses más tarde, una compañía de LAN contrataba los servicios de Caesa por un poco más de 1 millón de dólares.