Para Clarín y La Nación, la querella es "una aberración moral y jurídica"
En un comunicado conjunto, los diarios calificaron de "falaz operación oficial" la denuncia que realizó el gobierno nacional por la presunta apropiación ilegítima de la compañía Papel Prensa durante la última dictadura cívico-militar. También señalaron que el objetivo es "criminalizar" a sus directivos.
El Gobierno acusó ayer a ocho directivos y ex directivos de los diarios Clarín, La Razón y La Nación de haber actuado como partícipes de una supuesta asociación ilícita que comandaron Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y José Martínez de Hoz con el fin de perjudicar al Grupo Graiver y apropiarse de la empresa Papel Prensa SA.
La Nación y Clarín rechazaron esa acusación, a la que calificaron de "aberración moral y jurídica, carente de todo sustento fáctico" y que lleva al "bastardeo de una causa como la de derechos humanos, política de Estado que debería ser preservada de intereses coyunturales". Pero el objetivo es, destacaron mediante un comunicado conjunto, "criminalizar a directivos" de ambos diarios.
Horas después de conocerse la querella oficial, los principales diarios emitieron un comunicado conjunto de prensa, en el que señalaron que el Gobierno "sigue buscando criminalizar" a sus directivos. También expusieron “que pretender vincular esa compra con un delito de lesa humanidad es una aberración moral y jurídica, carente de todo sustento fáctico".
En párrafo siguiente, precisaron que "pese a que la falaz operación oficial ha quedado desmentida por pruebas contundentes, el Gobierno sigue insistiendo en mentir, reescribir la historia y manipular los derechos humanos como herramienta de persecución y represalia".
"Que este nuevo paso ratifica las alertas institucionales que ambos diarios vienen sosteniendo respecto de la intención oficial de avanzar sobre aquellos medios que no se alinean con el discurso oficial” y "que el bastardeo de una causa como la de los derechos humanos -política de Estado que debiera ser preservada de intereses coyunturales- ha llegado con este caso a límites insospechados por un afán autoritario que violenta los principios jurídicos y las garantías constitucionales".
La Nación y Clarín rechazaron esa acusación, a la que calificaron de "aberración moral y jurídica, carente de todo sustento fáctico" y que lleva al "bastardeo de una causa como la de derechos humanos, política de Estado que debería ser preservada de intereses coyunturales". Pero el objetivo es, destacaron mediante un comunicado conjunto, "criminalizar a directivos" de ambos diarios.
Horas después de conocerse la querella oficial, los principales diarios emitieron un comunicado conjunto de prensa, en el que señalaron que el Gobierno "sigue buscando criminalizar" a sus directivos. También expusieron “que pretender vincular esa compra con un delito de lesa humanidad es una aberración moral y jurídica, carente de todo sustento fáctico".
En párrafo siguiente, precisaron que "pese a que la falaz operación oficial ha quedado desmentida por pruebas contundentes, el Gobierno sigue insistiendo en mentir, reescribir la historia y manipular los derechos humanos como herramienta de persecución y represalia".
"Que este nuevo paso ratifica las alertas institucionales que ambos diarios vienen sosteniendo respecto de la intención oficial de avanzar sobre aquellos medios que no se alinean con el discurso oficial” y "que el bastardeo de una causa como la de los derechos humanos -política de Estado que debiera ser preservada de intereses coyunturales- ha llegado con este caso a límites insospechados por un afán autoritario que violenta los principios jurídicos y las garantías constitucionales".