El proyecto para controlar Papel Prensa ratifica las denuncias contra Clarín y La Nación
Reedita la tesis de que los diarios adquirieron la empresa con presión del último gobierno de facto. Así justifica la necesidad de declarar de interés público de "la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios". El texto que llegó a Diputados delega el control de esta actividad en una comisión bicameral a la que promete girar un marco regulatorio, otra clara muestra de improvisación. Y crea un Consejo Consultivo Federal con editores de todo el país.
A tres días de haberlo anunciado, la presidenta envió esta noche a la Cámara de Diputados el proyecto para declarar de interés público “la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios”, lo que le permitiría manejar los precios del principal insumo de los periódicos del país, que en un 75 por ciento hoy abastece Papel Prensa. Esta firma tiene como accionista mayoritario al diario Clarín y el resto del paquete accionario lo comparten La Nación y el Gobierno, que el año pasado inició una embestida para controlarla.
El último golpe lo dio el martes cuando la presidenta anunció que enviaría un proyecto para declarar de interés público la producción de papel y presentó el meneado informe "Papel Prensa, La Verdad" que promete una exhaustiva indagación sobre la compra de Papel Prensa a la familia Graiver por parte de los dos diarios de mayor circulación en el país y de La Razón, operación cerrada al inicio de la última dictadura militar, que segúne sta versión presionó a los dueños originales para que malvendieran la compañía.
Tamaña acusación provocó la inmediata reacción de los diarios, que contraatacaron con una carta certificada ante escribano de Isidoro Gravier, hermano de David Graiver el extinto líder del grupo, descartando haber sido presionado por la dictadura -bajo torturas afirmó el canciller Héctor Timerman-. Isidoro dijo que si sufrieron presiones y amenazas de muerte, pero estas provinieron de Montoneros, organización afín al kirchnerismo.
En las consideraciones generales del proyecto de ley que llegó esta noche a Diputados, el Gobierno ratifica su tesis para justificar la necesidad de administrar el precio y la producción del papel de diario.
“Queda demostrado que la compraventa se ha tratado en realidad de un acto ilícito con la presunta forma de un contrato, obtenido a través del uso irresistible de la violencia ejercida por el aparato del Estado en su forma de "Terrorismo de Estado”, señala un tramo del texto.
Y asegura: “Se ha probado palmariamente que no se trató de un negocio jurídico, pues el mismo requiere la expresión libre de la voluntad, la existencia de cosa cierta y determinada y no debe efectuarse a precio vil”.
Sin matices, el Gobierno acusa a los diarios CLARÍN, LA NACIÓN y LA RAZÓN de emprender “las gestiones de compra del paquete accionario en consulta con la Junta de Comandantes en Jefe de aquella etapa y con la Secretaría General de la Presidencia de la República y luego de obtenida la conformidad del entonces titular de la cartera económica y no hallándose objeción alguna, se celebraron el 2 de noviembre de 1976 los contratos de compra de las acciones”.
Como también de operar “con información confidencial, sabiendo que ese día la Junta Militar no le aprobaría la compra al Grupo Graiver y, por ende, lo descapitalizaría. En consecuencia, el Grupo perdía -como mínimo- los derechos políticos sobre las acciones, es decir, todo, y con el riesgo de tener que devolver las acciones”.
Escueto
Sí la demora en la presentación del proyecto de ley anunciado el martes provocó rumores sobre un supuesto cambio de rumbo del Gobierno, tras los rumores de que intervendría la empresa, el texto que finalmente llegó a Diputados pareciera parte de ese vértigo.
El primer artículo cumple con lo prometido: declara de interés público “la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios”. El segundo establece que el Poder Ejecutivo deberá enviar a una Comisión Bicameral el marco regulatorio de la producción de papel prensa según una serie de criterios, como la abastecimiento a todos los medios que lo requieran “en forma igualitaria”.
La bicameral estaría conformada por 8 legisladores por Cámara. Y para aplicar el marco regulatorio prometido contaría con la ayuda de un Consejo Consultivo Federal, integrado por editores de todo el país.
El kirchnerismo buscará el aval de la centroizquierda, los once diputados que se apartan por igual de las acciones del oficialismo y de la oposición, aunque suelen ser funcionales a éstos últimos. Ocurre que en ese grupo ya habían avanzado el proyecto para declarar al papel de interés público, tal como quiere ahora el Gobierno.