¿Cristina frenó sobre el final, la embestida de Papel Prensa?
El mundo político debate casi frustrado, sobre los motivos que llevaron a Cristina Kirchner a defraudar a quienes esperaban los fastos de una arrolladora "chavización". La incógnita es si detrás de las modositas resoluciones de la Presidenta –enviar un proyecto de ley y pedirle a la justicia que investigue- existió un retroceso impuesto por el vacío empresarial, o por el contrario las versiones de expropiación fueron hábilmente agitadas por los diarios.
“Hay un olor a freno infernal”, bromeaban con un gusto agridulce esta tarde en el Congreso, algunos diputados del peronismo opositor. Es que la presentación de Cristina Kirchner descolocó a más de uno. “La verdad que ahora mucho para hacer no tenemos, salvo esperar que manden el proyecto para analizarlo” se lamentaban casi frustrados los opositores, que imaginaban que ayer por la tarde los Kirchner finalmente iban a concretar la tantas veces anunciada “chavización”.
Es que en los días previos distintos medios –no La Política Online- habían alertado que al presentar el informe sobre Papel Prensa, la Presidenta iba a anunciar su estatización, o al menos la intervención.
Las versiones por cierto incluían una dosis importante de desconocimiento del derecho administrativo y comercial. Es decir, en principio cualquier tipo de expropiación de una empresa privada o con capital privado como en este caso, la única manera que tiene de prosperar es por la vía de una ley de Congreso, previo pago de la indemnización correspondiente.
Pero además, por tratarse de una medida tan extrema es uno de los pocos actos del Estado que exige la intervención de los tres poderes. Es decir, sancionada la ley y decidido el Ejecutivo a apropiarse del bien, si el particular no se aviene a la indemnización propuesta, el juez que debe convalidar lo actuado puede abrir un juicio. Claro que el particular pierde el bien y seguirá reclamando en base al precio.
De cualquier manera, para el camino de la expropiación la clave son los votos en el Congreso y hoy el kirchnerismo no los tiene.
Además, si el kirchnerismo quiere avanzar por ese camino debería fundar detenidamente la “utilidad pública” que justifique la expropiación. Es verdad que ese sendero parece abonar el proyecto de ley que ayer anunció Cristina Kirchner, para darle esa entidad a la producción de pasta celulosa para los diarios. Y en ese sentido, ya se vislumbra el apoyo de sectores afines a la ideología kirchnerista como Proyecto Sur y la centroizquierda. Sin mencionar, que un reciente fallo de la justicia norteamericana –fuente habitual de los tribunales nacionales- acaba de extender de manera notable los bienes susceptibles de expropiación.
Claro que aquí entra a jugar también otra cláusula constitucional. El artículo 32 que dispone explícitamente que no se pueden dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta ni que la someten al control de la jurisdicción federal. Y si se quiere, yendo a una de las principales fuentes de nuestra carta magna, en la Bill of Rights -nombre por el que se conocen las primeras diez enmiendas de la Constitución de Estados Unidos-, ya señalaba la importancia cardinal del freedom of speech, esto es la libertad de expresión, como una de las bases de la soberanía del pueblo y el sistema republicano; y no casualmente está ubicada al tope de la lista.
Este texto a su vez abrevó de la Bill of Rigth de Inglaterra de 1689 en la que se fijaron límites al poder absolutista. Es muy impactante observar la vigencia de la agenda de esos “lores espirituales y temporales y comunes” que se reunieron en Westminster en el siglo XVII. Desde la protesta por la imposición arbitraria de cargas sin pasar por el Parlamento –cualquier similitud con las retenciones es pura casualidad- hasta la preocupación por el control por parte del gobierno central de la justicia.
Claro que estamos en la Argentina donde los políticos han mostrado que su ingenio para proponer expropiaciones no tiene límites. Por caso, el senador opositor Samuel Cabanchick presentó hace poco un proyecto para que el gobierno nacional expropie inmueble de la desaparecida “Confitería del Molino” de Callao y Rivadavia y la transfiera al Congreso, que podría entonces dedicarse a gerenciar las siguientes actividades: en el subsuelo y la planta baja una confitería, restaurante y local de elaboración de productos de panadería y pastelería. Y en el resto de esa joya del Art Noveau, crear un museo y un centro cultural, al que propone bautizar “De las Aspas”, dedicado a exhibir las obras de “artistas jóvenes argentinos”.
La segunda posibilidad
Se agitó también en los días previos a la presentación del informe trabajado por Guillermo Moreno y Beatriz Paglieri (Pagliari para Cristina), la “intervención” de la papelera.
Todo es posible en el mundo kirchnerista, pero en principio esta decisión sólo podría tomarla un juez. Es cierto que el gobierno ya avanzó de manera unilateral en la intervención de compañías como Metrogas y Autopistas del Sol, pero en ambos casos se trataba de servicios públicos concesionados. Situación muy distinta a Papel Prensa, una empresa con amplia mayoría de capital privado.
De manera, que en rigor lo que anunció la Presidenta –más allá de su enredada perorata de 72 minutos- no deja de ajustarse a derecho. Si hubo un ilícito en la constitución originaria de esa sociedad, que lo investigue la justicia; y al mismo tiempo se envía un proyecto al Congreso para que debata la posibilidad de declarar de “interés público” la producción de papel para diarios ¿Fue un retroceso?
Las versiones
El tema es materia de debate por estas horas. Una lectura –opositora- sostiene que ante el tremendo vacío que le hizo el mundo empresario y la información que Clarín y La Nación tenían un testimonio de Isidoro Graiver negando que hubiera vendido la compañía bajo presiones y torturas del Proceso; los Kirchner sintieron el abismo bajo los pies y se frenaron justo al borde del precipicio.
Mientras que desde el gobierno, afirman que las versiones de intervención y expropiación fueron maliciosamente alimentadas por Clarín y La Nación, aderezadas con invocaciones a una inminente escalada “chavista”, para generar un clima de espanto entre el empresariado y así provocar la estampida que finalmente ocurrió. Si fue así, habría que reconocer que en esta ocasión el equipo de Héctor Magnetto demostró una astucia interesante.
Como sea, hoy había más motivos para festejar en los directorios de los principales diarios del país, que en los despachos de la Casa Rosada. Es que el demoledor testimonio del hermano de David Graiver dejó orillando el ridículo, el intrincado relato de la Presidenta y puso en crisis terminal la idea de acusar por “lesa humanidad” al CEO de Clarín.
Por estas horas, la pregunta es de qué se disfrazarán el procurador del Tesoro Agustín da Rocha y el propio jefe de los fiscales Esteban Righi, para sostener esa demanda.
Claro que siempre les queda el consuelo de impugnar a los directivos de Clarín y La Nación por maniobras monopólicas, el cobro de “retornos”, el pago de sueldos altos y otras ocurrencias que vaya aportando Moreno. Pero claro, se trata de minucias habituales –casi una obviedad- para el actual “clima de época”, que muy bien pueden calzarle a la mayoría de los nuevos ricos de la fauna empresaria kirchnerista, a los que por cierto, tampoco se los vio ayer en el “Salón de los Patriotas Latinoamericanos”.
Es que en los días previos distintos medios –no La Política Online- habían alertado que al presentar el informe sobre Papel Prensa, la Presidenta iba a anunciar su estatización, o al menos la intervención.
Las versiones por cierto incluían una dosis importante de desconocimiento del derecho administrativo y comercial. Es decir, en principio cualquier tipo de expropiación de una empresa privada o con capital privado como en este caso, la única manera que tiene de prosperar es por la vía de una ley de Congreso, previo pago de la indemnización correspondiente.
Pero además, por tratarse de una medida tan extrema es uno de los pocos actos del Estado que exige la intervención de los tres poderes. Es decir, sancionada la ley y decidido el Ejecutivo a apropiarse del bien, si el particular no se aviene a la indemnización propuesta, el juez que debe convalidar lo actuado puede abrir un juicio. Claro que el particular pierde el bien y seguirá reclamando en base al precio.
De cualquier manera, para el camino de la expropiación la clave son los votos en el Congreso y hoy el kirchnerismo no los tiene.
Además, si el kirchnerismo quiere avanzar por ese camino debería fundar detenidamente la “utilidad pública” que justifique la expropiación. Es verdad que ese sendero parece abonar el proyecto de ley que ayer anunció Cristina Kirchner, para darle esa entidad a la producción de pasta celulosa para los diarios. Y en ese sentido, ya se vislumbra el apoyo de sectores afines a la ideología kirchnerista como Proyecto Sur y la centroizquierda. Sin mencionar, que un reciente fallo de la justicia norteamericana –fuente habitual de los tribunales nacionales- acaba de extender de manera notable los bienes susceptibles de expropiación.
Claro que aquí entra a jugar también otra cláusula constitucional. El artículo 32 que dispone explícitamente que no se pueden dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta ni que la someten al control de la jurisdicción federal. Y si se quiere, yendo a una de las principales fuentes de nuestra carta magna, en la Bill of Rights -nombre por el que se conocen las primeras diez enmiendas de la Constitución de Estados Unidos-, ya señalaba la importancia cardinal del freedom of speech, esto es la libertad de expresión, como una de las bases de la soberanía del pueblo y el sistema republicano; y no casualmente está ubicada al tope de la lista.
Este texto a su vez abrevó de la Bill of Rigth de Inglaterra de 1689 en la que se fijaron límites al poder absolutista. Es muy impactante observar la vigencia de la agenda de esos “lores espirituales y temporales y comunes” que se reunieron en Westminster en el siglo XVII. Desde la protesta por la imposición arbitraria de cargas sin pasar por el Parlamento –cualquier similitud con las retenciones es pura casualidad- hasta la preocupación por el control por parte del gobierno central de la justicia.
Claro que estamos en la Argentina donde los políticos han mostrado que su ingenio para proponer expropiaciones no tiene límites. Por caso, el senador opositor Samuel Cabanchick presentó hace poco un proyecto para que el gobierno nacional expropie inmueble de la desaparecida “Confitería del Molino” de Callao y Rivadavia y la transfiera al Congreso, que podría entonces dedicarse a gerenciar las siguientes actividades: en el subsuelo y la planta baja una confitería, restaurante y local de elaboración de productos de panadería y pastelería. Y en el resto de esa joya del Art Noveau, crear un museo y un centro cultural, al que propone bautizar “De las Aspas”, dedicado a exhibir las obras de “artistas jóvenes argentinos”.
La segunda posibilidad
Se agitó también en los días previos a la presentación del informe trabajado por Guillermo Moreno y Beatriz Paglieri (Pagliari para Cristina), la “intervención” de la papelera.
Todo es posible en el mundo kirchnerista, pero en principio esta decisión sólo podría tomarla un juez. Es cierto que el gobierno ya avanzó de manera unilateral en la intervención de compañías como Metrogas y Autopistas del Sol, pero en ambos casos se trataba de servicios públicos concesionados. Situación muy distinta a Papel Prensa, una empresa con amplia mayoría de capital privado.
De manera, que en rigor lo que anunció la Presidenta –más allá de su enredada perorata de 72 minutos- no deja de ajustarse a derecho. Si hubo un ilícito en la constitución originaria de esa sociedad, que lo investigue la justicia; y al mismo tiempo se envía un proyecto al Congreso para que debata la posibilidad de declarar de “interés público” la producción de papel para diarios ¿Fue un retroceso?
Las versiones
El tema es materia de debate por estas horas. Una lectura –opositora- sostiene que ante el tremendo vacío que le hizo el mundo empresario y la información que Clarín y La Nación tenían un testimonio de Isidoro Graiver negando que hubiera vendido la compañía bajo presiones y torturas del Proceso; los Kirchner sintieron el abismo bajo los pies y se frenaron justo al borde del precipicio.
Mientras que desde el gobierno, afirman que las versiones de intervención y expropiación fueron maliciosamente alimentadas por Clarín y La Nación, aderezadas con invocaciones a una inminente escalada “chavista”, para generar un clima de espanto entre el empresariado y así provocar la estampida que finalmente ocurrió. Si fue así, habría que reconocer que en esta ocasión el equipo de Héctor Magnetto demostró una astucia interesante.
Como sea, hoy había más motivos para festejar en los directorios de los principales diarios del país, que en los despachos de la Casa Rosada. Es que el demoledor testimonio del hermano de David Graiver dejó orillando el ridículo, el intrincado relato de la Presidenta y puso en crisis terminal la idea de acusar por “lesa humanidad” al CEO de Clarín.
Por estas horas, la pregunta es de qué se disfrazarán el procurador del Tesoro Agustín da Rocha y el propio jefe de los fiscales Esteban Righi, para sostener esa demanda.
Claro que siempre les queda el consuelo de impugnar a los directivos de Clarín y La Nación por maniobras monopólicas, el cobro de “retornos”, el pago de sueldos altos y otras ocurrencias que vaya aportando Moreno. Pero claro, se trata de minucias habituales –casi una obviedad- para el actual “clima de época”, que muy bien pueden calzarle a la mayoría de los nuevos ricos de la fauna empresaria kirchnerista, a los que por cierto, tampoco se los vio ayer en el “Salón de los Patriotas Latinoamericanos”.