Legislatura: buscan crear una comisión investigadora por mobiliario urbano

Se trata de una iniciativa de Proyecto Sur que encuentra consenso en otros bloques de la oposición. Por esta licitación pública, el jefe de Gobierno podría resultar procesado, porque su gobierno insistió en beneficiar a la empresa Publicidad Sarmiento, desoyendo fallos judiciales en contra, en primera y segunda instancia.
En la política porteña, todos saben que la cuestionada licitación del mobiliario urbano puede terminar en un escándalo y complicar al Jefe de Gobierno, si es que finalmente resulta procesado.

Frente a esta situación, los diputados Julio Raffo y Rafael Gentili (de Proyecto Sur) presentaron un proyecto para que se cree, en el marco de la Legislatura, una comisión que investigue el proceso por el que se otorgó a la empresa Publicidad Sarmiento la explotación comercial de las paradas de colectivos, los carteles de calles, los cestos, los bancos públicos y la cartelería transluminosa y convencional.

El tema complica profundamente a Mauricio Macri porque la Justicia consideró en primera y segunda instancia que la empresa beneficiada había presentado antecedentes falsos en la licitación que le permitieron calificar primera y quedarse con una de las cuatro zonas de la Ciudad. Y el Jefe de Gobierno desoyó esos fallos y le mantuvo la concesión.

No es casual. La compañía Publicidad Sarmiento tiene fuertes lazos con el macrismo: el hijo de sus dueños, el corredor de rally “Orly” Terranova fue el fracasado candidato del PRO en Mendoza en las pasadas elecciones de concejal y habría colaborado también en la recaudación de fondos de campaña.

El diputado Raffo le dijo a LPO que espera que su iniciativa se discuta en la Comisión de Asuntos Constitucionales y que si bien no quiere que su actividad se superponga con la investigación actual por el caso de las escuchas ilegales, podría plantearse “una conformación para después de diciembre”.

Desde la Coalición Cívica, el diputado Sergio Abrevaya precisó: “me parece correcta la idea de una comisión investigadora porque es un tema que está en la Justicia y no sabemos si no termina con una condena a Macri. Habría que estudiar bien el proyecto”.

El legislador Eduardo Epszteyn, miembro del bloque ibarrista Diálogo por Buenos Aires señaló que le parece apropiado porque “el fallo de la Cámara fue contundente respecto de las irregularidades en la licitación y porque hay funcionarios del gobierno porteño llamados a indagatoria por administración fraudulenta”; y agregó: “Con eso sólo, ya es suficiente para que la Legislatura abra una instancia de investigación”.

Voceros del bloque kirchnerista Encuentro por la Victoria, señalaron que en estos días se encuentran analizando la iniciativa de Proyecto Sur y que la intención es profundizar el estudio del tema para determinar la responsabilidad política del Jefe de Gobierno en el caso.

A su vez, el diputado Daniel Amoroso (bloque Unión Federal) presentó un Pedido de Informes sobre la licitación del mobiliario urbano en el que solicita que se remita a la Legislatura el dictamen de la Comisión Evaluadora del proceso licitatorio, y particularmente los controles que se realizaron sobre la empresa Publicidad Sarmiento.

La causa que complica al gobierno porteño

Aunque en el palacio municipal lo nieguen, existe por estos días un gran temor de que Macri, su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, el ex ministro de Espacio Público Juan Pablo Piccardo y su sucesor Diego Santilli, sufran el mismo procesamiento que los empresarios Orlando y Norberto Terranova.

Es que el supuesto delito cometido por los dueños de Publicidad Sarmiento, si se comprueba, fue tolerado y convalidado en reiteradas oportunidades por el gobierno de la Ciudad, que aún hoy se niega a desplazarlos de los negocios.

Los camaristas también exigieron que se investigue al ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, y al ex procurador General de la Ciudad, Pablo Tonelli.

En la causa estuvo procesado el legislador macrista Patricio Di Stéfano, quien integró la comisión evaluadora que adjudicó la concesión y firmó autorizaciones cuando ya había renunciado a su puesto porque había asumido como legislador porteño. Luego la Justicia le dictó la falta de mérito.