El 60% rechaza la desaparición de Fibertel

Según una encuesta realizada por Management & Fit en Capital, Conurbano y el interior bonaerense, seis de cada diez ciudadanos no está de acuerdo con la medida del Gobierno que declaró la caducidad de la empresa como proveedora de internet.
Una encuesta conocida hoy señaló que el 60 por ciento de la población que vive en Capital, Gran Buenos Aires y algunas poblaciones del interior rechaza la medida del Gobierno por la que se revocó la licencia de Fibertel, empresa que brinda servicio de internet y es propiedad del Grupo Clarín.

El relevamiento realizado por la consultora Management & Fit para el diario Perfil indicó que el 60,7 por
ciento de los encuestados está en contra de la medida oficial, mientras que el 18 por ciento aprueba la misma y da su apoyo al Gobierno, y el 21,3 optó por no expresarse al respecto.

Asimismo, el 60,3 por ciento de los encuestados consideró que con la decisión de revocar la licencia a Fibertel el Gobierno está perjudicando a los usuarios, el 18,7 por ciento sostuvo que no y el 21 restante decidió no contestar ni a favor ni en contra, se indicó.

La encuesta fue realizada entre personas que viven en la Capital, el Gran Buenos Aires y algunas localidades del interior bonaerense entre el viernes y el sábado y el rechazo a la medida gubernamental hizo dar cuenta que el cierre de Fibertel está entre las medidas más impopulares del kirchnerismo.

La decisión de revocarle la licencia para ofrecer acceso a Internet a Fibertel, la marca con la que Cablevisión, principal
fuente de ingresos del Grupo Clarín, no cayó bien entre los usuarios quienes denuncian que se sienten afectados.
Hay un millón de hogares que, de no mediar un freno judicial, deberán buscar otro proveedor en los próximos noventa días, que es el plazo que impuso el Gobierno de Cristina Kirchner para el cierre definitivo de la empresa.

El nivel de rechazo es alto y se cuenta entre las medidas más impopulares del Gobierno, por lo que puede compararse con las desaprobaciones a cómo gestionó la crisis del campo y la de las reservas del Banco Central.

Ni la estatización de los fondos jubilatorios generó tanto rechazo como poner en riesgo la costumbre de informarse,
entretenerse y educarse que posibilita el acceso a Internet para un millón de familias.