Aerolíneas: reabren una investigación por defraudación que complica a Mata
En fallo dividido, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal dejó sin efecto una resolución que declaraba prescripta la causa por presunta defraudación contra la administración pública por parte de empresarios españoles que habrían intentado perjudicar a Aerolíneas Argentinas entre 2000 y 2002. El principal imputado es el dueño de Crítica.
La Cámara Nacional de Casación Penal reabrió una investigación contra empresarios españoles acusados de "defraudación contra la administración pública" cometida presuntamente mediante maniobras destinadas a perjudicar a Aerolíneas Argentinas a principios entre 2000 y 2002.
La Sala Tercera de la Cámara, en fallo dividido, dejó sin efecto una resolución que declaraba prescripta la causa, que tiene como principal imputado al empresario español Antonio Mata Ramayo.
El 31 de julio de 2009 la Cámara del Crimen declaró "extinguida la acción penal por prescripción" y decidió dictar el sobreseimiento, entre otros, del propio Mata Ramayo.
Pero los camaristas de Casación Liliana Catucci y Eduardo Riggi revocaron esa decisión, le devolvieron la causa al juez Alberto Baños y ordenaron una serie de declaraciones indagatorias y que "se defina la situación procesal de los acusados".
En la causa se investiga un asiento presuntamente falso en el balance de Aerolíneas Argentinas 2001, mediante la capitalización de 1.238 millones de pesos aportados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales de España (SEPI) que "se trataba de meros asientos contables".
"La aprobación del balance se concretó el 18 de octubre de 2002, despojando al Estado Nacional de su participación activa en la aerolínea de bandera", sostiene la acusación.
También se investiga "la entrega de 758 millones de dólares que habría realizado SEPI a Air Comet -empresa controlante de Interinvest SA, que a su vez resulta ser controlante de Aerolíneas Argentinas SA- cuando esa suma debía destinarse a cancelar pasivos de Aerolíneas Argentinas, hecho que no ocurrió".
"Por el contrario, Antonio Mata Ramayo, como presidente de Air Comet con el dinero adelantado por la SEPI habría abonado 195.000.000 dólares en España a distintos bancos acreedores de Aerolíneas y se subrogó en el crédito", precisa la imputación.
"Mediante esa supuesta e inexistente operación, el Estado Nacional -al no poder hacer frente a la capitalización- perdería un porcentual de su participación accionaria, quedando así ubicado por debajo del 2 por ciento exigido por la ley para tener prerrogativas tales como pedir información y efectuar denuncias ante la Sindicatura, y transformándose en consecuencia en un accionista pasivo", explica el fallo.
Mata Ramayo, además de ser Presidente de Air Comet, se desempeñaba como presidente de Aerolíneas Argentinas y de Interinvest, dueña del 93 por ciento de Aerolíneas, "cargos que resultaban incompatibles, perjudicándose así los intereses de la línea aérea argentina".
La causa cuenta con 24 cuerpos y un total de 4.693 páginas.
La Casación determinó que "el objeto de investigación descripto abarca un intrincado entramado de operaciones comerciales, cuyo análisis sobre su legitimidad resulta de una considerable complejidad".
"A las características propias del giro comercial reseñado, así como por la intervención de diversas personas físicas y jurídicas que participaron en los hechos que se examinan, se añaden las dificultades propias de la probable existencia de elementos de prueba que se encuentren fuera de la jurisdicción nacional", añadió la Casación al rechazar la prescripción de la causa.
En disidencia, la jueza Angela Ledesma se había inclinado por confirmar que la causa estaba prescripta.
La Sala Tercera de la Cámara, en fallo dividido, dejó sin efecto una resolución que declaraba prescripta la causa, que tiene como principal imputado al empresario español Antonio Mata Ramayo.
El 31 de julio de 2009 la Cámara del Crimen declaró "extinguida la acción penal por prescripción" y decidió dictar el sobreseimiento, entre otros, del propio Mata Ramayo.
Pero los camaristas de Casación Liliana Catucci y Eduardo Riggi revocaron esa decisión, le devolvieron la causa al juez Alberto Baños y ordenaron una serie de declaraciones indagatorias y que "se defina la situación procesal de los acusados".
En la causa se investiga un asiento presuntamente falso en el balance de Aerolíneas Argentinas 2001, mediante la capitalización de 1.238 millones de pesos aportados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales de España (SEPI) que "se trataba de meros asientos contables".
"La aprobación del balance se concretó el 18 de octubre de 2002, despojando al Estado Nacional de su participación activa en la aerolínea de bandera", sostiene la acusación.
También se investiga "la entrega de 758 millones de dólares que habría realizado SEPI a Air Comet -empresa controlante de Interinvest SA, que a su vez resulta ser controlante de Aerolíneas Argentinas SA- cuando esa suma debía destinarse a cancelar pasivos de Aerolíneas Argentinas, hecho que no ocurrió".
"Por el contrario, Antonio Mata Ramayo, como presidente de Air Comet con el dinero adelantado por la SEPI habría abonado 195.000.000 dólares en España a distintos bancos acreedores de Aerolíneas y se subrogó en el crédito", precisa la imputación.
"Mediante esa supuesta e inexistente operación, el Estado Nacional -al no poder hacer frente a la capitalización- perdería un porcentual de su participación accionaria, quedando así ubicado por debajo del 2 por ciento exigido por la ley para tener prerrogativas tales como pedir información y efectuar denuncias ante la Sindicatura, y transformándose en consecuencia en un accionista pasivo", explica el fallo.
Mata Ramayo, además de ser Presidente de Air Comet, se desempeñaba como presidente de Aerolíneas Argentinas y de Interinvest, dueña del 93 por ciento de Aerolíneas, "cargos que resultaban incompatibles, perjudicándose así los intereses de la línea aérea argentina".
La causa cuenta con 24 cuerpos y un total de 4.693 páginas.
La Casación determinó que "el objeto de investigación descripto abarca un intrincado entramado de operaciones comerciales, cuyo análisis sobre su legitimidad resulta de una considerable complejidad".
"A las características propias del giro comercial reseñado, así como por la intervención de diversas personas físicas y jurídicas que participaron en los hechos que se examinan, se añaden las dificultades propias de la probable existencia de elementos de prueba que se encuentren fuera de la jurisdicción nacional", añadió la Casación al rechazar la prescripción de la causa.
En disidencia, la jueza Angela Ledesma se había inclinado por confirmar que la causa estaba prescripta.