La oposición evitó trampa del kirchnerismo y logró dictamen para aumentar control de los DNU
El tucumano Gerónimo Vargas Aignasse, uno de los puntales del bloque Frente para la Victoria-PJ, intentó levantar un plenario de comisiones en el que se iba a debatir el proyecto final para modificar el trámite para revisar los decretos presidenciales. No lo logró y la oposición, horas antes de no poder sesionar, logró el dictamen y la semana que viene lo llevará al recinto. El proyecto pretende que los DNU deban ser avalados por las dos Cámaras.
Cuando no tenga más opción que ir al recinto, el kirchnerismo de Diputados deberá afrontar el tratamiento de un proyecto que modifica la ley que regula el destino de los decretos de necesidad y urgencia, el arma que mayor utiliza el Gobierno desde quedó en minoría en el Congreso.
El proyecto obtuvo dictamen este miércoles en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones y Reglamentos y estaría en condiciones de ser tratado en la próxima sesión.
Tiene dos cambios sustanciales: un aumento de los integrantes de la comisión bicameral de trámite legislativo, cuya composición estaría judicializada y que pasaría de tener 16 a 24 miembros; y la obligatoriedad de que los DNU reciben el aval de las dos cámaras para que sean ratificados. Hoy alcanza con que eso ocurra solo en una.
El kirchenrismo apeló a una jugada de último momento para fracasar el plenario que finalmente no resultó. Antes que transcurriera la media hora de tolerancia para que con menor número ambas comisiones pudieran actuar reglamentariamente, Vargas Aignasse intentó levantar a la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento "por falta de quórum", lo cual motivó la reacción de Camaño, que preside la comisión cabecera, quien tildó a su colega de "irrespetuoso".
Camaño anunció que planteará una cuestión de privilegio en el recinto para manifestar su disgusto por "la usurpación de micrófono" que hizo su par del kirchnerismo.
El plenario de comisiones funcionó con 18 miembros de la comisión de Asuntos Constitucionales y 16 miembros de Peticiones, Poderes y Reglamento, todos de la oposición, que alcanzaron la mayoría para firmar el dictamen. O sea, el tucumano fue sólo a intentar que todo se rompa, no lo logró y se fue.
El dictamen de la oposición -que condensa varias iniciativas- duplica el número de miembros de la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo -actualmente de 12 integrantes- indicando que la integrarán doce diputados y doce senadores.
También señala que los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente deberán ser rubricados por la mayoría absoluta de sus miembros y en caso de que haya más de un dictamen con igual número de firmas, el dictamen de mayoría será el que lleve la firma del presidente.
A su vez, el despacho de la mayoría opositora establece que el Jefe de Gabinete deberá someter los DNU a la consideración de la Comisión Bicameral Permanente y concurrir personalmente ante ella dentro de los diez días corridos desde la fecha de su dictado; en caso que no lo hiciese, la comisión se abocará de oficio a su tratamiento.
Por otra parte, el dictamen modifica la ley vigente para ordenar a las Cámaras que se pronuncien expresamente sobre los DNU a través de resoluciones que deberán ser aprobados por mayoría absoluta de los cuerpos.
Los DNU rechazados por una de las Cámaras o que no sean aprobados en forma expresa por ambas "perderán su vigencia" dentro de los 60 días corridos, lo cual cambia el régimen actual, que permite que el silencio del Congreso sea interpretado como aprobación.
El proyecto obtuvo dictamen este miércoles en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones y Reglamentos y estaría en condiciones de ser tratado en la próxima sesión.
Tiene dos cambios sustanciales: un aumento de los integrantes de la comisión bicameral de trámite legislativo, cuya composición estaría judicializada y que pasaría de tener 16 a 24 miembros; y la obligatoriedad de que los DNU reciben el aval de las dos cámaras para que sean ratificados. Hoy alcanza con que eso ocurra solo en una.
El kirchenrismo apeló a una jugada de último momento para fracasar el plenario que finalmente no resultó. Antes que transcurriera la media hora de tolerancia para que con menor número ambas comisiones pudieran actuar reglamentariamente, Vargas Aignasse intentó levantar a la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento "por falta de quórum", lo cual motivó la reacción de Camaño, que preside la comisión cabecera, quien tildó a su colega de "irrespetuoso".
Camaño anunció que planteará una cuestión de privilegio en el recinto para manifestar su disgusto por "la usurpación de micrófono" que hizo su par del kirchnerismo.
El plenario de comisiones funcionó con 18 miembros de la comisión de Asuntos Constitucionales y 16 miembros de Peticiones, Poderes y Reglamento, todos de la oposición, que alcanzaron la mayoría para firmar el dictamen. O sea, el tucumano fue sólo a intentar que todo se rompa, no lo logró y se fue.
El dictamen de la oposición -que condensa varias iniciativas- duplica el número de miembros de la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo -actualmente de 12 integrantes- indicando que la integrarán doce diputados y doce senadores.
También señala que los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente deberán ser rubricados por la mayoría absoluta de sus miembros y en caso de que haya más de un dictamen con igual número de firmas, el dictamen de mayoría será el que lleve la firma del presidente.
A su vez, el despacho de la mayoría opositora establece que el Jefe de Gabinete deberá someter los DNU a la consideración de la Comisión Bicameral Permanente y concurrir personalmente ante ella dentro de los diez días corridos desde la fecha de su dictado; en caso que no lo hiciese, la comisión se abocará de oficio a su tratamiento.
Por otra parte, el dictamen modifica la ley vigente para ordenar a las Cámaras que se pronuncien expresamente sobre los DNU a través de resoluciones que deberán ser aprobados por mayoría absoluta de los cuerpos.
Los DNU rechazados por una de las Cámaras o que no sean aprobados en forma expresa por ambas "perderán su vigencia" dentro de los 60 días corridos, lo cual cambia el régimen actual, que permite que el silencio del Congreso sea interpretado como aprobación.