Diputados: otra vez Pino Solanas traba la posibilidad de rechazar el uso de reservas
Los bloques mayoritarios quieren convocar a una sesión sólo para derogar de oficio el decreto que habilita el uso de reservas para pagar deuda, pero no logran garantizar los votos necesarios. Se opone la centroizquierda y varios de los otros bloques minoritarios. Elisa Carrió podría volver a denunciar acuerdos y complicidades. Para que el decreto quede sin efecto también debe expresarse en contra el Senado.
Después de celebrar los dos fallos de Cámara que levantaron la suspensión del decreto para usar reservas pagar deuda, el Gobierno podría tener un festejo doble si, como ocurre hasta ahora, la oposición, que decidió no apelar esas sentencias, tampoco logra unir fuerzas en el Congreso para derogar el DNU.
Si eso ocurre, la presidenta podrá cumplir con comodidad con la cancelación de vencimientos con acreedores externos que pautó ayer, que empieza el lunes con un desembolso de 200 millones de dólares.
El triunfo judicial de los Kirchner sacudió una vez más a la oposición de Diputados, cuyos principales referentes diseñaron una estrategia que, ahora, debe encontrar la venia de los bloques minoritarios para garantizarse los 129 votos necesarios. Es esa negociación la que está trabada y amenaza con terminar con cualquier chance de frenar el uso de reservas.
Lo que tienen en carpeta la UCR, el peronismo Federal, la Coalición Cívica y el PRO es convocar a una sesión especial para el miércoles una hora antes de la ordinaria, para acudir al recinto a rechazar el DNU en caso de que, como se espera, el presidente de la Cámara, el kirchnerista Eduardo Fellner, se resista a incluirlo en el orden del día.
Pretenden forzar un tratamiento de oficio basándose en el artículo 20 de la ley 26.122, marco jurídico de los decretos presidenciales, que establece que vencido los diez días de plazo para que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo se expida sobre un decreto “las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto”.
Ese tiempo está vencido y no habría problemas para imponer el tratamiento sólo que, como en todas las trifulcas entre oficialismo y oposición, nadie sabe a ciencia cierta si se requieren dos tercios o mayoría simple.
Pero el mayor problema es otro: hasta ahora, la centroizquierda, el interbloque de once diputados que lidera Proyecto Sur y pide a gritos estudiar el origen de la deuda, no está con intenciones de firmar un nuevo pedido de sesión especial.
Sin ellos, el resto de las bancadas llegaría con fórceps a las 129 votos, un riesgo que no estarían dispuestos a correr.
Sobre todo porque otras bancadas minoritarias, como el Gen y el socialismo, no ven con simpatía seguir con disciplina las estrategias de Elisa Carrió, quien ya hizo público su malestar por la resistencia de la centroizquierda a avalar sesiones especiales y ahora podría volver a hacerlo.
Más aún porque uno de los fallos que habilitó ayer el uso de reservas hizo hincapié en que el Congreso podría haber convocado a sesión especial para tratar el DNU, algo que en Diputados no hicieron por los vaivenes de la centroizquierda, que sólo aceptó pedirla una de las tantas veces que fue solicitada por el resto de los bloques no kirchneristas, justo cuando no hizo falta.
De lograr superar todos estos obstáculos, el decreto sólo puede ser desechado si el Senado se expresa también en ese sentido, o sea, lo trata “de oficio” y lo rechaza. Y sólo puede hacerlo con el total de los votos de los bloques no oficialistas, una empresa que ha dado muestras de no ser siempre posible.
Si eso ocurre, la presidenta podrá cumplir con comodidad con la cancelación de vencimientos con acreedores externos que pautó ayer, que empieza el lunes con un desembolso de 200 millones de dólares.
El triunfo judicial de los Kirchner sacudió una vez más a la oposición de Diputados, cuyos principales referentes diseñaron una estrategia que, ahora, debe encontrar la venia de los bloques minoritarios para garantizarse los 129 votos necesarios. Es esa negociación la que está trabada y amenaza con terminar con cualquier chance de frenar el uso de reservas.
Lo que tienen en carpeta la UCR, el peronismo Federal, la Coalición Cívica y el PRO es convocar a una sesión especial para el miércoles una hora antes de la ordinaria, para acudir al recinto a rechazar el DNU en caso de que, como se espera, el presidente de la Cámara, el kirchnerista Eduardo Fellner, se resista a incluirlo en el orden del día.
Pretenden forzar un tratamiento de oficio basándose en el artículo 20 de la ley 26.122, marco jurídico de los decretos presidenciales, que establece que vencido los diez días de plazo para que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo se expida sobre un decreto “las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto”.
Ese tiempo está vencido y no habría problemas para imponer el tratamiento sólo que, como en todas las trifulcas entre oficialismo y oposición, nadie sabe a ciencia cierta si se requieren dos tercios o mayoría simple.
Pero el mayor problema es otro: hasta ahora, la centroizquierda, el interbloque de once diputados que lidera Proyecto Sur y pide a gritos estudiar el origen de la deuda, no está con intenciones de firmar un nuevo pedido de sesión especial.
Sin ellos, el resto de las bancadas llegaría con fórceps a las 129 votos, un riesgo que no estarían dispuestos a correr.
Sobre todo porque otras bancadas minoritarias, como el Gen y el socialismo, no ven con simpatía seguir con disciplina las estrategias de Elisa Carrió, quien ya hizo público su malestar por la resistencia de la centroizquierda a avalar sesiones especiales y ahora podría volver a hacerlo.
Más aún porque uno de los fallos que habilitó ayer el uso de reservas hizo hincapié en que el Congreso podría haber convocado a sesión especial para tratar el DNU, algo que en Diputados no hicieron por los vaivenes de la centroizquierda, que sólo aceptó pedirla una de las tantas veces que fue solicitada por el resto de los bloques no kirchneristas, justo cuando no hizo falta.
De lograr superar todos estos obstáculos, el decreto sólo puede ser desechado si el Senado se expresa también en ese sentido, o sea, lo trata “de oficio” y lo rechaza. Y sólo puede hacerlo con el total de los votos de los bloques no oficialistas, una empresa que ha dado muestras de no ser siempre posible.