Fondo del Bicentenario: Los camaristas dudan si favorecer al Gobierno
Mientras que los abogados del PRO respondieron a la apelación luego de la presentación del Procurador del Tesoro, desde la UCR ya recusaron a los jueces que deben decidir sobre el Fondo del Bicentenario. Ante el adelanto de LPO -afirmando la inclinación de los camaristas a fallar con efecto suspensivo- ahora las fuentes del tribunal aseguran que los jueces "se manejan con mayor cautela y no están seguros de volcarse a lo que pretende la Casa Rosada".
En una semana que promete condicionar la vida del Fondo del Bicentenario (FOBI), ya hubo dos novedades importantes: por un lado, los abogados del diputado del PRO Federico Pinedo, encabezados por Esteban Eseverri, respondieron a la apelación ante la Corte Suprema luego de la presentación del Procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha.
De esta forma, la Cámara Contencioso Administrativa ya está en condiciones de resolver si concede o no la apelación ante la Corte Suprema del amparo que trabó el giro de reservas al Tesoro; lo crucial pasaría por los efectos de dicha resolución.
Si lo hace con efecto suspensivo, el Gobierno podrá apropiarse de los fondos hasta que la Corte falle.
Los abogados de Pinedo afirmaron a LPO que las dudas que ahora tienen los camaristas son “razonables” ya que “si otorgaran el efecto suspensivo, sería como si la presidente ordenara fusilar a una persona y esta obtuviera un amparo favorable en primera y segunda instancia, y ahora la Cámara resolviera que pueden fusilarla mientras la Corte resuelve si corresponde o no la decisión”.
Por otro lado, los abogados de la UCR, quienes tienen como ideólogo al diputado Ricardo Gil Lavedra, presentaron por medio del letrado Enrique Piragini la recusación de los jueces que deben decidir sobre el Fondo del Bicentenario.
Piragini pidió el "apartamiento" de los jueces y, en caso de que éstos no accedieran a retirarse del expediente, planteó su "recusación". Piragini recordó que en el juzgado federal a cargo de Sergio Torres hay una causa abierta basada sobre la presunta "afinidad existente entre uno de los miembros de esta Sala, que resulta ser hermano del doctor Javier Fernández", uno de los jueces que debe resolver la apelación del gobierno por el FOBI.
Fernández es hermano de un auditor de la Nación "sindicado públicamente como operador judicial de la actual administración kirchnerista", sostuvo Piragini. "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", subraya la denuncia, que pone en duda la imparcialidad de la Sala Cuarta de la Cámara.
Fuentes de la Cámara le confiaron a LPO que luego de la polémica mediática que se generó al trascender el anticipo de este mismo medio –asegurando que la Cámara se inclinaría a fallar con efecto suspensivo para que el Gobierno pudiera apropiarse de los fondos- , “ahora se manejan con mayor cautela y ya no están seguros de volcarse a lo que pretende la Casa Rosada”, indicaron los allegados al tribunal.
De esta forma, la Cámara Contencioso Administrativa ya está en condiciones de resolver si concede o no la apelación ante la Corte Suprema del amparo que trabó el giro de reservas al Tesoro; lo crucial pasaría por los efectos de dicha resolución.
Si lo hace con efecto suspensivo, el Gobierno podrá apropiarse de los fondos hasta que la Corte falle.
Los abogados de Pinedo afirmaron a LPO que las dudas que ahora tienen los camaristas son “razonables” ya que “si otorgaran el efecto suspensivo, sería como si la presidente ordenara fusilar a una persona y esta obtuviera un amparo favorable en primera y segunda instancia, y ahora la Cámara resolviera que pueden fusilarla mientras la Corte resuelve si corresponde o no la decisión”.
Por otro lado, los abogados de la UCR, quienes tienen como ideólogo al diputado Ricardo Gil Lavedra, presentaron por medio del letrado Enrique Piragini la recusación de los jueces que deben decidir sobre el Fondo del Bicentenario.
Piragini pidió el "apartamiento" de los jueces y, en caso de que éstos no accedieran a retirarse del expediente, planteó su "recusación". Piragini recordó que en el juzgado federal a cargo de Sergio Torres hay una causa abierta basada sobre la presunta "afinidad existente entre uno de los miembros de esta Sala, que resulta ser hermano del doctor Javier Fernández", uno de los jueces que debe resolver la apelación del gobierno por el FOBI.
Fernández es hermano de un auditor de la Nación "sindicado públicamente como operador judicial de la actual administración kirchnerista", sostuvo Piragini. "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", subraya la denuncia, que pone en duda la imparcialidad de la Sala Cuarta de la Cámara.
Fuentes de la Cámara le confiaron a LPO que luego de la polémica mediática que se generó al trascender el anticipo de este mismo medio –asegurando que la Cámara se inclinaría a fallar con efecto suspensivo para que el Gobierno pudiera apropiarse de los fondos- , “ahora se manejan con mayor cautela y ya no están seguros de volcarse a lo que pretende la Casa Rosada”, indicaron los allegados al tribunal.