La oposición presentó el amparo para frenar el uso de reservas del BCRA
Pinedo del PRO, Prat Gay, Bullrich y Vega, de la Coalición Cívica pidieron a la Justicia que suspenda el decreto de Cristina Kirchner por el que se crea el Fondo del Bicentenario para pagar la deuda de los bonistas con los "excedentes" del Central y reclaman que declare inconstitucional el DNU. Qué dice el amparo.
El PRO y la Coalición Cívica fueron a la Justicia y presentaron un amparo para frenar el uso de reservas del Banco Central para pagar la deuda que Argentina mantiene con bonistas particulares.
Piden que se suspenda la aplicación del decreto firmado por Cristina Kirchner para crear el Fondo Bicentenario y que se declare inconstitucional ese DNU.
El escrito iba a ser presentado ante el Poder Judicial ayer por el jefe de la bancada macrista en Diputados, Federico Pinedo, pero fue postergado luego de que el partido Lilita Carrió decidió sumarse al reclamo con las firmas de Alfonso Prat Gay, Patricia Bullrich y Juan Carlos Vega.
La presentación marca tres puntos claves.
Primero reclama que “se suspenda en forma inmediata la vigencia del Decreto Nº 2010/09, hasta tanto se reúna el Congreso de la Nación”.
Argumentan que la Carta Orgánica del BCRA fijada por la ley 24.144 impide expresamente que el Poder Ejecutivo use sus reservas.
“En la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera el Banco Central no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional –dice el artículo 3 de l a norma-El Banco no podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionar, restringir o delegar sin autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación, el ejercicio de sus facultades legales”.
Inconstitucionalidad
Por otro lado, el amparo pide que se declare inconstitucional el decreto firmado por Cristina Kirchner en el que se crea el Fondo del Bicentenario con reservas de “libre disponibilidad”. El Gobierno calcula que la entidad monetaria tiene unos U$S18.000 millones, de los cuales quiere usar U$S6.595 millones.
Para ello se basa en el artículo 99 de la propia Constitución Nacional que dice: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”.
Los diputados de la oposición argumentan que es Cristina Kirchner “quien impide que el Congreso pueda considerar un proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, al no convocar a sesiones extraordinarias, cosa que sólo él Poder Ejecutivo puede hacer”.
“El período de sesiones ordinarias del Congreso terminó el jueves 10 de diciembre de 2009 por decisión del Poder Ejecutivo que, por decreto, sólo prorrogó hasta esa fecha la posibilidad de sesionar. Dos días hábiles después, el lunes 14 de diciembre, dictó el DNU 2010/09 que estamos cuestionando. Es decir, que fue el PEN el que evitó deliberadamente que la cuestión pudiera tratarse por el procedimiento parlamentario ordinario”, dicen Pinedo, Prat Gay, Bullrich y Vega en el escrito.
Finalmente, pide que se considere el amparo pese a la feria judicial. “Atento a la gravedad institucional del asunto involucrado y dado que se han generado actos administrativos de aplicación de la norma cuestionada, solicitamos se resuelva sin más trámite la habilitación de feria, para su inmediata consideración y tratamiento”, argumenta.
Piden que se suspenda la aplicación del decreto firmado por Cristina Kirchner para crear el Fondo Bicentenario y que se declare inconstitucional ese DNU.
El escrito iba a ser presentado ante el Poder Judicial ayer por el jefe de la bancada macrista en Diputados, Federico Pinedo, pero fue postergado luego de que el partido Lilita Carrió decidió sumarse al reclamo con las firmas de Alfonso Prat Gay, Patricia Bullrich y Juan Carlos Vega.
La presentación marca tres puntos claves.
Primero reclama que “se suspenda en forma inmediata la vigencia del Decreto Nº 2010/09, hasta tanto se reúna el Congreso de la Nación”.
Argumentan que la Carta Orgánica del BCRA fijada por la ley 24.144 impide expresamente que el Poder Ejecutivo use sus reservas.
“En la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera el Banco Central no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional –dice el artículo 3 de l a norma-El Banco no podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionar, restringir o delegar sin autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación, el ejercicio de sus facultades legales”.
Inconstitucionalidad
Por otro lado, el amparo pide que se declare inconstitucional el decreto firmado por Cristina Kirchner en el que se crea el Fondo del Bicentenario con reservas de “libre disponibilidad”. El Gobierno calcula que la entidad monetaria tiene unos U$S18.000 millones, de los cuales quiere usar U$S6.595 millones.
Para ello se basa en el artículo 99 de la propia Constitución Nacional que dice: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”.
Los diputados de la oposición argumentan que es Cristina Kirchner “quien impide que el Congreso pueda considerar un proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, al no convocar a sesiones extraordinarias, cosa que sólo él Poder Ejecutivo puede hacer”.
“El período de sesiones ordinarias del Congreso terminó el jueves 10 de diciembre de 2009 por decisión del Poder Ejecutivo que, por decreto, sólo prorrogó hasta esa fecha la posibilidad de sesionar. Dos días hábiles después, el lunes 14 de diciembre, dictó el DNU 2010/09 que estamos cuestionando. Es decir, que fue el PEN el que evitó deliberadamente que la cuestión pudiera tratarse por el procedimiento parlamentario ordinario”, dicen Pinedo, Prat Gay, Bullrich y Vega en el escrito.
Finalmente, pide que se considere el amparo pese a la feria judicial. “Atento a la gravedad institucional del asunto involucrado y dado que se han generado actos administrativos de aplicación de la norma cuestionada, solicitamos se resuelva sin más trámite la habilitación de feria, para su inmediata consideración y tratamiento”, argumenta.