Avanza la causa de mobiliario urbano y complica a un legislador macrista
Se presentó espontáneamente en el juzgado de Raúl Cubas ya que formó parte de la comisión evaluadora que elevó un informe para que se adjudique el contrato. Por esta causa el magistrado ya procesó a los hermanos Terranova por presentar documentos falsos en la licitación. Ahora la Justicia analiza llamar a funcionarios del gobierno porteño.
El jueves pasado el legislador porteño Patricio Di Stéfano se presentó espontáneamente en el juzgado de Raúl Cubas por haber sido parte de la comisión evaluadora que elevó un informe para la adjudicación del mobiliario urbano porteño.
Es que a partir de la licitación del mobiliario se inició una denuncia encabezada por la empresa Spinazzola, que manejó durante más de 15 años los refugios de colectivos y que quedó afuera de la licitación.
Entre otras cuestiones, la firma denunció que en la adjudicación Publicidad Sarmiento, de los hermanos Terranova, presentaron documentos truchos. De esta manera, los mendocinos terminaron procesados y van camino al juicio oral.
El tema es que toda la licitación se basó en un informe que presentó la comisión evaluadora que integró Di Stéfano y que, a partir de ella, se armó un sistema de puntajes para la adjudicación. Publicidad Sarmiento fue la primera calificada y a partir de allí se calificó al resto. Por ello, en Spinazzola creen que todo el proceso licitatorio debe declararse nulo y volver a llamar a otra licitación.
Según explica LPO Augusto Íbero Spinazzola, dueño de la empresa, la Sala 6ta de la Cámara Penal Criminal ya había indicado en un fallo que había que seguir investigando: “Llama a suspicacia cuando el articulo 46 (del pliego) advierte que el falseamiento de datos deja afuera al oferente”, advirtió en un dictamen hace aproximadamente un mes.
Para el empresario esto indica que “la Sala está alertando que hay imputación contra la comisión evaluadora” ya que, según dice, deberían haber chequeado que la documentación que presentaron
los Terranova no sea falsa.
“Además hay dos decretos de 2008 que firma Macri, un año y medio después de haber abierto las ofertas, para que PC (que explota los refugios de colectivos) y Girolla tengan antecedentes”, apunta. “Es decir, una vez que abrieron las ofertas, se cambió el pliego”, agrega.
En este marco el informe de la comisión evaluadora se emitió cuatro días después de los dos decretos. “En ese informe ignoran nuestras impugnaciones y observaciones”, cuenta Spinazzola. “Evidentemente ellos ya tenían el informe lo emiten muy pegado a los decretos.
El legislador que declaró
A todo esto, el jueves pasado Di Stéfano se presentó por voluntad propia ante el juzgado. Allí, según pudo saber LPO, realizó una descripción de cuáles fueron las tareas que realizó como integrante de la comisión evaluadora. Según explicó allí tuvo un rol abreviado ya que si bien estuvo trabajando en el tema, tiempo después asumió como legislador porteño.
Justamente este es el tema más polémico porque, si bien ya no estaba trabajando en la comisión, el legislador macrista firmó el informe una vez que había asumido. Por esto apuntó que el dictamen firmado por él no es vinculante y que el trabajo era ad honórem.
Si bien los funcionarios judiciales no le realizaron preguntas, Di Stéfano explicó que la Junta de Ética de la Legislatura porteña se expidió tres veces en las que explicitó que no hubo incompatibilidad al firmar ese dictamen.
La comisión evaluadora
Acorde a lo que opina Spinazzola “el pliego indica que la comisión evaluadora debe hacer una evaluación, ver las ofertas y las observaciones que hicieron los oferentes”.
Según completa, su informe “es vinculante y el ministro (en ese entonces Juan Pablo Piccardo) sólo lo refrenda”.
“Eso sí, el ministro puede cambiar la comisión evaluadora y sus miembros”, agrega el empresario. “Por eso si asumió como legislador y luego firmó las ofertas, el acto jurídico es nulo. Además el informe es vinculante porque el pliego así lo indica. La incompatibilidad es absoluta, uno forma parte del Legislativo o del Ejecutivo”, concluye Spinazzola.
De todas maneras, ahora la Justicia podría avanzar hacia los funcionarios del gobierno porteño. En la causa están imputados Piccardo (Espacio Público), Tomás Palastanga (director general), hasta Horacio Rodríguez Larreta y el propio Macri.
Es que a partir de la licitación del mobiliario se inició una denuncia encabezada por la empresa Spinazzola, que manejó durante más de 15 años los refugios de colectivos y que quedó afuera de la licitación.
Entre otras cuestiones, la firma denunció que en la adjudicación Publicidad Sarmiento, de los hermanos Terranova, presentaron documentos truchos. De esta manera, los mendocinos terminaron procesados y van camino al juicio oral.
El tema es que toda la licitación se basó en un informe que presentó la comisión evaluadora que integró Di Stéfano y que, a partir de ella, se armó un sistema de puntajes para la adjudicación. Publicidad Sarmiento fue la primera calificada y a partir de allí se calificó al resto. Por ello, en Spinazzola creen que todo el proceso licitatorio debe declararse nulo y volver a llamar a otra licitación.
Según explica LPO Augusto Íbero Spinazzola, dueño de la empresa, la Sala 6ta de la Cámara Penal Criminal ya había indicado en un fallo que había que seguir investigando: “Llama a suspicacia cuando el articulo 46 (del pliego) advierte que el falseamiento de datos deja afuera al oferente”, advirtió en un dictamen hace aproximadamente un mes.
Para el empresario esto indica que “la Sala está alertando que hay imputación contra la comisión evaluadora” ya que, según dice, deberían haber chequeado que la documentación que presentaron
los Terranova no sea falsa.
“Además hay dos decretos de 2008 que firma Macri, un año y medio después de haber abierto las ofertas, para que PC (que explota los refugios de colectivos) y Girolla tengan antecedentes”, apunta. “Es decir, una vez que abrieron las ofertas, se cambió el pliego”, agrega.
En este marco el informe de la comisión evaluadora se emitió cuatro días después de los dos decretos. “En ese informe ignoran nuestras impugnaciones y observaciones”, cuenta Spinazzola. “Evidentemente ellos ya tenían el informe lo emiten muy pegado a los decretos.
El legislador que declaró
A todo esto, el jueves pasado Di Stéfano se presentó por voluntad propia ante el juzgado. Allí, según pudo saber LPO, realizó una descripción de cuáles fueron las tareas que realizó como integrante de la comisión evaluadora. Según explicó allí tuvo un rol abreviado ya que si bien estuvo trabajando en el tema, tiempo después asumió como legislador porteño.
Justamente este es el tema más polémico porque, si bien ya no estaba trabajando en la comisión, el legislador macrista firmó el informe una vez que había asumido. Por esto apuntó que el dictamen firmado por él no es vinculante y que el trabajo era ad honórem.
Si bien los funcionarios judiciales no le realizaron preguntas, Di Stéfano explicó que la Junta de Ética de la Legislatura porteña se expidió tres veces en las que explicitó que no hubo incompatibilidad al firmar ese dictamen.
La comisión evaluadora
Acorde a lo que opina Spinazzola “el pliego indica que la comisión evaluadora debe hacer una evaluación, ver las ofertas y las observaciones que hicieron los oferentes”.
Según completa, su informe “es vinculante y el ministro (en ese entonces Juan Pablo Piccardo) sólo lo refrenda”.
“Eso sí, el ministro puede cambiar la comisión evaluadora y sus miembros”, agrega el empresario. “Por eso si asumió como legislador y luego firmó las ofertas, el acto jurídico es nulo. Además el informe es vinculante porque el pliego así lo indica. La incompatibilidad es absoluta, uno forma parte del Legislativo o del Ejecutivo”, concluye Spinazzola.
De todas maneras, ahora la Justicia podría avanzar hacia los funcionarios del gobierno porteño. En la causa están imputados Piccardo (Espacio Público), Tomás Palastanga (director general), hasta Horacio Rodríguez Larreta y el propio Macri.