Mafia de los medicamentos: Hay otras siete obras sociales sospechadas

El superintendente de Salud, Ricardo Bellagio, dijo que, además de la bancaria, otras entidades le compraban remedios a la droguería San Javier, de Néstor Lorenzo, investigado por presunta venta de medicamentos adulterados. El negocio involucra a pacientes oncológicos, hemofílicos y con HIV.
l superintendente de Servicios de Salud, Ricardo Bellagio, admitió hoy que hay al menos otras siete obras sociales, además de la Bancaria, que operaban con las droguerías San Javier y Multifarma, sospechadas por la Justicia de suministrar medicamentos adulterados para tratamientos oncológicos y hemofílicos.

El funcionario, además, confirmó que el Estado obligará a las obras sociales del país a que brinden información referida a los tratamientos que han dado desde el 1 de enero de 2006 a sus afiliados afectados de enfermedades oncológicas, de virus HIV o de hemofilia.

"He pedido un informe, hay otras obras sociales que son pocas, muy poquitas, que serían siete, que tenían como proveedor a estas droguerías" San Javier y Multifarma, dijo Bellagio a radio Continental.

Sobre la intimación a las obras sociales para que entreguen información, en virtud de lo dispuesto por la resolución 934/09, destacó que tendrán tiempo hasta el 30 de este mes para cumplir.

"La idea es analizar los casos, y una vez evaluados, se enviarán síndicos para hacer análisis en terreno, a fin de ver si se siguieron los protocolos" correspondientes a cada enfermedad.

Bellagio dijo que "como mínimo", hay unos 20 mil casos a estudiar, sobre un total de "14 millones de personas que hay en el sistema".

"La gente está angustiada, y eso nos lleva a tomar esta decisión", justificó.

El superintendente aclaró que "no se va a citar a todos. Se va a evaluar cada uno de los casos, y de esa evaluación van a surgir aquellos que tengan deficiencias. A esos sí se los va a llamar", completó.

En concreto, desde el Ministerio de Salud buscarán analizar las historias clínicas para controlar los resultados de los tratamientos recibidos por los pacientes, en virtud de las irregularidades detectadas en medicamentos provistos por al menos dos droguerías, para pacientes oncológicas, con HIV o hemofilia.