La trama oculta de la relación entre Macri y la Justicia porteña

Desde la asunción de Mauricio Macri al gobierno porteño la relación con la Justicia de la ciudad siempre fue complicada.

Ya desde principios de 2008 el Procurador Pablo Tonelli, hombre de Recrear, y apoyado por el ministro de Justicia Guillermo Montenegro, decidió encarar una fuerte ofensiva contra los magistrados que consideraba que se oponían a las decisiones que tomaba el Ejecutivo a partir de recusaciones masivas.

En especial, contra los jueces del Fuero en lo Contencioso y Administrativo, encargados de las causas contra el gobierno.

Caso testigo: el juez Gallardo

Uno de los más afectados por esta estrategia, aunque no el único, fue Roberto Andrés Gallardo, a cargo del juzgado N.2, cuyas recusaciones ascendieron a 763 en menos de un año, un auténtico récord desde que funciona el fuero.

Ante esto el magistrado reaccionó y organizó en septiembre de 2008, con el apoyo de los legisladores de la oposición y gran parte de la Justicia porteña, una conferencia de prensa en la Legislatura.

"Vengo a denunciar que a través de una maniobra procesal del Gobierno se me ha desplazado de mi función de juez. Este avasallamiento del Poder Judicial es un antecedente para cualquier intervención federal. El Jefe de Gobierno lo tiene que saber. Hoy soy yo, pero mañana puede ser cualquier otro", denunció.

A partir de ello, Tonelli fue citado al Parlamento de la ciudad para ofrecer explicaciones. Allí explicó: “En el juzgado Nº 2 de Gallardo existen actualmente no menos de 45.526 expedientes, de los cuales solamente 763 merecieron la recusación al juez y de ese total sólo 141 son de contenido social. Vale decir que se ha recusado al juez en el 1,7% de la causas a su cargo”.

En este marco, en ese entonces un sector del PRO, en especial los denominados “michettistas” analizaban en las sombras un pedido de juicio política a Gallardo, acusación que se le hizo en tres años atrás y quedó trunca en el Tribunal Superior. Se sabe: Montenegro es un funcionario de la vicejefa.

A tal punto que el ministro de Justicia, al rechazar las acusaciones realizadas por el juez, dijo en otra conferencia de prensa en el Palacio Comunal y acompañado por el Procurador, que "si tiene apetencias políticas debería presentarse como candidato".

Sin embargo, un par de semanas después, la Cámara de Apelaciones ratificó a Gallardo en una de las tantas causas en las que fue recusado y sentó precedente para otras.

De todas formas, esta ofensiva llevó a que Tonelli, junto al jefe de gobierno, sea denunciado por el prestigioso constitucionalista Eduardo Barcesat por presunta "injerencia en la administración de justicia"

"La recusación masiva, que implica dejar sin causas al Juzgado... constituye un obrar antijurídico que violenta la división de poderes, piedra basal del Estado de Derecho, a la vez que configura la injerencia del Poder Ejecutivo en las causas en trámite", sostuvo la presentación del año pasado.

Por otro lado, el malestar en la Justicia porteña también se visualizó en el Consejo de la Magistratura, donde en el macrismo analizaban reducir su planta de empleados en un 75% y dinamitar parte de las estructuras existentes, en especial por considerarlas “obsoletas” y parte del “gasto político” vinculado a ex militantes de Franja Morada y la UCR que recayeron allí a principios del 2000 con la Alianza.

Un dato más mostró la complicada relación que se dio en el primer año de gestión de Macri: por no presentarse en una audiencia, el titular del Instituto de la Vivienda, Roberto Apelbaum, fue multado con $10 mil por la Cámara de Apelaciones.

Todo un gesto del clima que se vivía donde, según revelan altas fuentes judiciales, alrededor del 70% de los magistrados de segunda instancia también estaban muy disgustados con los manejos del gobierno de Macri.

Cambio de estrategia

En este marco, el PRO decidió modificar su estrategia para este año. Para este trabajo el macrismo decidió apelar a la táctica del “bueno y el malo”, al estilo Dr. Jeckyll y Mr. Hyde.

Por un lado, Tonelli mantuvo su ofensiva a partir de sus dos espadas: Alejandro Speroni, director de Asuntos Judiciales y Torcuato Sozio, procurador general adjunto.

Ellos son quienes diagraman las recusaciones, arman la estrategia judicial del Ejecutivo y mantienen una tensa relación con los jueces, en especial los de primera instancia.

Fuentes judiciales apuntaron a LPO que una parte de los magistrados cree que, en muchas ocasiones, “son políticas salvajes” y que “no entienden la lógica de los jueces” ya que actúan “sin generar consensos y avasallando”, acorde a lo que pudo recoger este medio entre varios magistrados.

A sabiendas de esta posición “dura” de la Procuración porteña, para 2009 Montenegro decidió mostrarse más componedor con los jueces y comenzó a acercarse a muchos de ellos para trabajar con menor tensión y generando los consensos que en el comienzo de la gestión del PRO no existieron.

Reuniones

En todo este marco en marzo de este año Tonelli invitó a almorzar a un coqueto restaurant a cuatro jueces de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo.

Allí intentó bajarle el tono a las disputas y a las recusaciones, y dialogó amenamente con los magistrados que no bajaron la guardia durante el almuerzo.

Entre otras cosas, Tonelli les planteó que la idea de Macri no era confrontar salvo con un juez en particular: obviamente, Gallardo, de quien inclusive llegó a decir que estaban intentando encontrar elementos para iniciarle un juicio político, único procedimiento para poder removerlo.

La pelea por el Tribunal Superior

Una de las cuestiones que revelaba estos cruces con la Justicia era la falta de un operador de fuste para mantener un diálogo permanente con los magistrados. Así como lo había sido Agustín Zbar durante el gobierno de Jorge Telerman.
En este contexto, a fin de año habrá una silla vacía clave para el macrismo: la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, la máxima autoridad en la materia de la ciudad.

Es que el actual titular, el cordobés Julio Maier, se jubilará a fines de 2009 y por ello ya empezaron a sonar futuros reemplazantes.

El primer nombre que sonó fue el del mismo Montenegro quien, de esa forma, podría cubrir la espalda de Gabriela Michetti en su afán de llegar a la jefatura de gobierno 2011. Sin embargo, el ministro repite entre los suyos que no es de su interés ese lugar.

“Me fui de la Justicia y no quiero volver”, explica a sus allegados cuando le preguntan por el tema.

Otro nombre que dio vueltas en el macrismo es el del camarista Esteban Centanaro, padre de la legisladora Ivana, la borocotizada joven radical que saltó del kirchnerismo (entró gracias a Vilma Ibarra) al PRO sin escalas y hasta fue candidata en el lugar 13 en estas elecciones.

Ante esto, Centanaro había sonado, aunque según cuentan a este medio las fuentes judiciales consultadas el camarista no tiene buena llegada a sus pares (“no tiene prédica”, apuntan) y no calificaría para semejante cargo.