Las sospechas y secretos detrás del negocio del Boleto Electrónico

El 4 de febrero pasado, la presidenta Cristina Kirchner anunció un muy importante plan para lanzar el promocionado Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). La inversión sería de unos 200 millones de pesos y en 90 días iba a estar funcionando. Con eso, explicó, se iba a detener “el negocio de las monedas”. Hoy, a 92 días de ese caluroso miércoles y con el plazo del anuncio vencido, no se puso una sola máquina, no se vio una sola tarjeta electrónica y lo único que se acumulan son sospechas y denuncias.

Apurado por el incumplimiento a la fecha anunciada por la presidenta, el denunciado secretario de Transporte, Ricardo Jaime, salió con un insólito anuncio. Ignorando que los plazos de contratos, leyes y licitaciones –para el lector común y el técnico también-, sino se especifica son días corridos, dijo que “va a cumplir con los plazos previstos en la convocatoria que hizo la presidenta” porque en realidad ella hablaba de “90 días hábiles”.

Según su propio cálculo, “estamos hablando de procesos licitatorios que vencen el 22 de mayo”. Aunque después, apurado por la presión mediática de un tema sensible para la opinión pública, aseguró que “el 22 de junio vamos a tener todo el proceso terminado con la complementación y la colocación de máquinas en los principales lugares, y a partir de allí lo extenderemos a toda la zona metropolitana”. Eso sería, basado en sus mismas fechas, un mes después del vencimiento del plazo.

Desde el ámbito empresarial e incluso desde sectores del gobierno coinciden en que esos 90 días que anunció Cristina eran imposibles de cumplir. Pero a la hora, de buscar un responsable, la demora está en responsabilidad de la Secretaría de Transporte. Y las sospechas y las denuncias, también.

La cuchara de Jaime

La licitación del SUBE tuvo una peculiaridad. A diferencia de otras, no se lanzó directamente bajo la órbita de la Secretaría de Transporte, sino que se estableció la firma de un convenio con el Banco Nación –puntualmente, con la sección Nación Servicios-.

En este convenio se fija que hay que hacer un presupuesto “estimativo” del costo total del sistema para luego hacer la licitación. Esto estaba a cargo de Jaime, “que es la que entiende del tema y tiene estadísticas y datos”, explicó una fuente del gobierno a La Política Online, quien agregó: “Jaime demoró el tema más de la cuenta”.

¿Por qué? Las sospechas son obvias. “Al no tener control directo sobre la licitación, Jaime se enojó porque se le complicó a la hora de `meter la cuchara´ en el negocio”, soltó en off the record un funcionario nacional. Así tampoco, pudo digitarla para que caiga en una empresa amiga o, como suele ocurrir, por adjudicación directa.

Una de las excusas que usaron para eliminar la posibilidad de que sean PyMes las que desarrollen este trabajo, irónicamente, fue la imposibilidad de llegar en tiempo y en forma con los plazos. “Para cumplir con el plazo que fijó Cristina, necesitan que fabriquen a un ritmo que las PyMes no pueden cumplir”.

Una fuente de lengua suelta pensó en voz alta: “Es típico. Hacen anuncios dándole urgencia desmedida, así tiene excusas para saltearse plazos o, incluso, terminar en adjudicación directa. Pero después, ellos mismos demoran todos los plazos”.

Sólo para elegidos

La Política Online habló con Claudio Kramer, gerente de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas (CADIEEL). Según contó, la licitación del pliego 4 –el de las máquinas para los colectivos-, está “orientada hacia empresas con una capacidad económica importante”.

Una de las grandes empresas de transporte habría registrado el nombre SUBE, complicando al gobierno. Se comenta en las empresas que no fue una avivada sino un acuerdo con la Casa Rosada. “Eso se acordó con el gobierno porque esa empresa tiene el control de las viejas máquinas con monedas. Cómo les arruinaban el negocio, le dieron `registrá el nombre y yo te pago una compensación como para blanquear el costo´”.

“El pliego 4 cuesta 200 mil pesos. No es criticable este precio, la legislación marca que el uno por mil del valor del proyecto puede ser establecido como costo de pliego. Pero nadie que pueda perder va a pagarlo. Si el Estado quisiera ampliar el proyecto a las PyMes, igualmente, podría ponerlo en 5 mil pesos. Si cuesta 200 mil es porque se ha aplicado el máximo posible de la norma jurídica”, aseguró.

Y entregó otro dato crucial: “el pliego 4 tiene una exigencia de participación de un patrimonio neto mínimo de 15 millones de dólares". Así destacó que "la pequeña y mediana industria argentina estaría casi afuera de carrera", y precisó que "el patrimonio neto promedio de las pymes nacionales está en los 3 millones de dólares".

Asimismo, subrayó que las condiciones tampoco permiten "que se pueda alcanzar ese patrimonio mínimo a través de la suma de quienes conformen una UTE (Unión Transitoria de Empresas), sino que tiene que ser un solo oferente el que cuente con ese requisito". Al menos una de las empresas que conformen la UTE debería, igualmente, alcanzar el patrimonio mínimo de 15 millones de dólares.

Desde el gobierno, lejos de desmentir estos datos, los explicaron. Funcionarios vinculados a la elaboración del plan evaluaron que “Es natural que exijan ese mínimo y el precio de los pliegos, por la envergadura del trabajo”. Es un sistema que va a ser de los más grandes del mundo, como es el sistema de transporte público del área metropolitana. Es lógico que requieras un operador de fuste”.

Al incluir el requisito de los 15 millones, aducen, evitan que un conglomerado de PyMes hagan una propuesta, la ganen, y después “les estalle en las manos por no poder cumplir ni pagar las multas por demora”.

Lo mismo ante la inclusión del “compre argentino”. Kramer asegura que “la ley de compre nacional no es comprar malo y caro, es una ley que promueve el desarrollo de la industria con patrocinio del estado. Si existe cualidad técnica similar en el orden del 5 a 7 % de diferencia en el precio, debe darse preferencia a lo nacional. Siempre y cuando las condiciones técnicas sean las mismas. Es un instrumento de promoción industria”.

Al parecer, desde el Banco Nación se acercaron a algunas medianas y pequeñas empresas para ver la posibilidad de avanzar en esta dirección. Pero el “compre argentino” no está explicitado fundamentalmente por el hardware requerido, que es un tema de gran complejidad. “Es como hacer un París-Dakar y pedir que corran sólo Torino y Rastrojeros”, fue la frase elegida para graficarlo.

Siemens e Indra

Kramer contó a este medio que, según su cuenta, son solo 3 o 4 las empresas 100 por ciento nacionales en condiciones de encarar estas condiciones licitatorias. El resto, deberían ser internacionales. Por eso, no es extraño que pensando en las empresas se buena sintonía con el gobierno kirchnerista surja el nombre de Siemens.

Varias fuentes empresariales afirman que habría un sector del gobierno que la quiere entregar a la empresa alemana de excelente vínculo con Julio De Vido el negocio del Boleto Electrónico. De hecho, empresas grandes del sector anticiparon a La Política Online que si esto se concreta no se van a quedar “de brazos cruzados”.

A su vez, otra sospecha recae sobre Indra, la empresa allegada al ministro de Justicia, Aníbal Fernández, y responsable del escrutinio desde hace 12 años. Esto es así por las sugestivas características del pliego 1, que es para la confección de tarjeta y formulario de adhesión.

El sistema dice que la tarjeta debe ser “personalizada”. Ahí es donde entran Siemens e Indra porque tasto la alemana como la española se dedican a confeccionar bases de datos personalizadas y electorales –Siemens es la que iba a hacer los nuevos DNI, antes de la aparición del escándalo de coimas-. Esto, justamente, desató una oleada de denuncias por inconstitucionalidad –ver aparte-.