El Caso Intelisano
Tadei y la historia secreta del pago del “Caso Intelisano”
Desde su entorno aseguran que el funcionario que firmó el pago de 54 millones tergiversó un informe de la ibarrista donde en realidad pedía frenar e investigar el pago. Las presiones de Eggink, que desde las sombras opera en Economía y Planificación. Cómo la funcionaria albertista complicó a Moroni y se peleó con Alberto Fernández.
Juan Cayetano Intelisano es el funcionario de Economía que impulsó y emitió el pago irregular y objetado por la Justicia de 54 millones a un pool internacional de seguros. Para lograrlo, citó no sólo notas de la Sigen firmadas por el albertista Claudio Moroni, sino que tomó como base para darle vía libre al pago una supuesta indicación de la subsecretaria Legal, Alejandra Tadei. Sin embargo, desde su entorno afirman que Intelisano tergiversó un informe donde, en realidad, Tadei ponía reparos al pago al grupo encabezado por el croata por Iván Holjevac.
La disposición 200 del 25 de octubre de 2007 es la última firma que necesitó Accolade Pool para cobrar los 54 millones de pesos. Allí, Intelisano, el hombre más perseguido y sospechado por el desembolso, asegura que “el 14 de noviembre de 2006 la Subsecretaría Legal indicó que del expediente surge que Accolade Pool es titular de créditos firmes emergentes de sentencias extranjeras” que condenaban a la ex Caja Nacional de Ahorro y Seguro (CNAS).
Pero desde el entorno de Tadei salieron hoy a desmentir rotundamente este dato, dando un giro crucial en la marcha de la investigación y mostrando un circuito muy distinto para conocer cómo circuló el pago por los distintos despachos del Ministerio de Economía entre agosto de 2006, cuando asumió en reemplazo de Osvaldo Siseles, y fines de 2007, cuando el pool de aseguradoras logró hacerse con los millones del Tesoro Nacional.
Ese informe del 14 de noviembre es la clave. Si bien Intelisano lo cita como un OK de Tadei a realizar el pago, gente cercana a la funcionaria ibarrista –amiga del secundario de Vilma Ibarra y abogada personal de Aníbal- asegura que en el texto de esa fecha no sólo criticaba el pago, sino que las mismas líneas acabaron en un sumario del entonces ministro Miguel Peirano al propio Intelisano.
Esto está expresamente explicado en la denuncia emitida por el fiscal Manuel Garrido. El titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) escribe: “El día 14 de noviembre de 2006 la Subsecretaria Legal Alejandra Tadei le hace saber al Contador Intelisano las novedades. Se le informa que de la intervención del Grupo Técnico –al que había pedido intervención Tadei (…) surge de las liquidaciones efectuadas para el grupo “Accolade”, “...que las sumas a abonar por el Estado Nacional, según sentencia extranjera son claramente inferiores a las propuestas efectuadas por las firmas...”.
Y agrega Garrido: “Pues bien, el camino lógico de este expediente debía ser entonces, al menos, que luego de que la Dra. Tadei le diera nueva intervención al Contador Intelisano para que tomara conocimiento de las serias objeciones a los cálculos efectuados en el área a su cargo, se devolvieran las actuaciones a la Subsecretaría con, imaginamos, algún informe vinculado con las distintas objeciones formuladas por el Grupo Técnico. Nada de eso ocurrió. El expediente no volvió nunca más a la Subsecretaría Legal. Ni al despacho del Ministro, ni a la Secretaría Legal”.
Historia oscura
Tadei asumió el cargo el 14 de agosto de 2006, luego que se va Siseles poco antes que estallara el Caso Grecco. Diez días después le llega el expediente empujado por Yolanda Eggink.
La entonces directora General de Asuntos Jurídicos le pide por favor a Tadei que le de pase al dictamen porque “es muy conveniente el acuerdo que propone el grupo demandante”, según detallaron a La Política Online hombres vinculados a la abogada Tadei. Eggink aconsejó el pago en bonos de la suma de casi 41.000.000 de pesos al “Accolade Pool” y casi 11.000.000 a “Umic”, ambos valores expresados en cantidad de Bonos Pro 12.
Pero Tadei, según la propia letra del fiscal perseguido por el kirchnerismo, el día 18 de octubre en lugar de aprobar y continuar con el trámite administrativo, decidió dar intervención al Grupo Técnico de Fortalecimiento para que reevalúe las cifras. El informe concluyó que si se tomaban en cuenta las pautas de las “sentencias” la suma que el Estado Nacional debía pagar al día 8 de noviembre de 2006 era de:
$ 29.659.504,62. Casi 12 millones menos de lo sugerido e impulsado por Eggink.
En Economía revelan que para sortear semejante diferencia de números, la gente de Intelisano hizo alquimias impresentables como pasar la deuda a libras esterlinas y multiplicarla por seis. Ya que si se hubiera ido a juicio y estos se perdían, en rigor la cifra reclamada era de 9 millones de pesos.
Como sea, el expediente sigue su camino y vuelve a lo de Tadei el 14 de noviembre de 2006. Con este informe del grupo técnico, Tadei se pregunta “como es posible que le estemos pagando a esta gente más de lo que nos piden", según palabras de allegados a la funcionaria. Este es el texto que remiten a Intelisano y que luego, denuncian, fue tergiversado para tomarlo como la recomendación del pago.
Pelea albertista
Cuando explotó la situación entre Intelisano y Tadei, Alberto Fernández intercedió enviando a un abogado amigo, Fabián Musso, letrado del estudio del procurador Estéban Righi, un viejo amigo del jefe de Gabinete. Musso, cuentan, intentó interceder ante la funcionaria para que frene su investigación del caso. La respuesta fue tan concisa y terminante que la conversación terminó mal.
Ante la posición dura de Tadei, el ex jefe de ministros decidió intervenir de forma directa. Los que presenciaron desde oficinas lindantes la escena dicen que los gritos superaban varias paredes de obstáculo y que todo se terminó cuando Alberto aceptó que avance con el sumario administrativo pero le pidió que desista de presentar una denuncia penal.
Esto aún mantendría compungida a la abogada, quien buscaba llevar el caso a la Justicia penal, como había hecho con el caso Grecco.
Moroni, complicado
Un dictamen del entonces titular de la Sigen, Claudio Moroni, también aparece en la resolución de Intelisano. Según el texto del cuestionado funcionario de Economía, Moroni expresó que la máxima autoridad del Organismo Deudor debería emitir un dictámen de conformidad. Esa autoridad es el Inder, que controla Intelisano.
Especialistas no entienden como la Sigen tomó como válidos el análisis que hicieron del dictamen adulterado de Tadei: “En la Sigen, cuanto menos, hubo negligencia”, opinan.
Lo mismo creen cuando se los consulta sobre como dos fallos, de primera y segunda instancia rechazando el pago, no fueron citados por el propio procurador de la Nación a la hora de analizar el pago. Por eso nombran a un tal “licenciado Domínguez”, el aparente responsable en la Sindicatura de analizar este expediente.
Entre septiembre y diciembre de 2007, cuando se perpetró el pago, el país y por consecuencia el Ministerio de Economía estaban revolucionados políticamente. Se terminaba el gobierno de Néstor Kirchner y Miguel Peirano también preparaba las valijas.
Las fuentes encuentran en esta situación una vía de escape para el accionar de Intelisano. “Pensó que con Peirano se iba”, explican. Por eso, habría aprovechado para acelerar los pasos, pedir dictamen a la Sigen y sacar el pago. Todo con velocidad de empresa privada, lejos de los tiempos de la administración pública. Así, mostraron una voluntad de pago que, al menos, extraña.
La disposición 200 del 25 de octubre de 2007 es la última firma que necesitó Accolade Pool para cobrar los 54 millones de pesos. Allí, Intelisano, el hombre más perseguido y sospechado por el desembolso, asegura que “el 14 de noviembre de 2006 la Subsecretaría Legal indicó que del expediente surge que Accolade Pool es titular de créditos firmes emergentes de sentencias extranjeras” que condenaban a la ex Caja Nacional de Ahorro y Seguro (CNAS).
Pero desde el entorno de Tadei salieron hoy a desmentir rotundamente este dato, dando un giro crucial en la marcha de la investigación y mostrando un circuito muy distinto para conocer cómo circuló el pago por los distintos despachos del Ministerio de Economía entre agosto de 2006, cuando asumió en reemplazo de Osvaldo Siseles, y fines de 2007, cuando el pool de aseguradoras logró hacerse con los millones del Tesoro Nacional.
Ese informe del 14 de noviembre es la clave. Si bien Intelisano lo cita como un OK de Tadei a realizar el pago, gente cercana a la funcionaria ibarrista –amiga del secundario de Vilma Ibarra y abogada personal de Aníbal- asegura que en el texto de esa fecha no sólo criticaba el pago, sino que las mismas líneas acabaron en un sumario del entonces ministro Miguel Peirano al propio Intelisano.
Esto está expresamente explicado en la denuncia emitida por el fiscal Manuel Garrido. El titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) escribe: “El día 14 de noviembre de 2006 la Subsecretaria Legal Alejandra Tadei le hace saber al Contador Intelisano las novedades. Se le informa que de la intervención del Grupo Técnico –al que había pedido intervención Tadei (…) surge de las liquidaciones efectuadas para el grupo “Accolade”, “...que las sumas a abonar por el Estado Nacional, según sentencia extranjera son claramente inferiores a las propuestas efectuadas por las firmas...”.
Y agrega Garrido: “Pues bien, el camino lógico de este expediente debía ser entonces, al menos, que luego de que la Dra. Tadei le diera nueva intervención al Contador Intelisano para que tomara conocimiento de las serias objeciones a los cálculos efectuados en el área a su cargo, se devolvieran las actuaciones a la Subsecretaría con, imaginamos, algún informe vinculado con las distintas objeciones formuladas por el Grupo Técnico. Nada de eso ocurrió. El expediente no volvió nunca más a la Subsecretaría Legal. Ni al despacho del Ministro, ni a la Secretaría Legal”.
Historia oscura
Tadei asumió el cargo el 14 de agosto de 2006, luego que se va Siseles poco antes que estallara el Caso Grecco. Diez días después le llega el expediente empujado por Yolanda Eggink.
La entonces directora General de Asuntos Jurídicos le pide por favor a Tadei que le de pase al dictamen porque “es muy conveniente el acuerdo que propone el grupo demandante”, según detallaron a La Política Online hombres vinculados a la abogada Tadei. Eggink aconsejó el pago en bonos de la suma de casi 41.000.000 de pesos al “Accolade Pool” y casi 11.000.000 a “Umic”, ambos valores expresados en cantidad de Bonos Pro 12.
Pero Tadei, según la propia letra del fiscal perseguido por el kirchnerismo, el día 18 de octubre en lugar de aprobar y continuar con el trámite administrativo, decidió dar intervención al Grupo Técnico de Fortalecimiento para que reevalúe las cifras. El informe concluyó que si se tomaban en cuenta las pautas de las “sentencias” la suma que el Estado Nacional debía pagar al día 8 de noviembre de 2006 era de:
$ 29.659.504,62. Casi 12 millones menos de lo sugerido e impulsado por Eggink.
En Economía revelan que para sortear semejante diferencia de números, la gente de Intelisano hizo alquimias impresentables como pasar la deuda a libras esterlinas y multiplicarla por seis. Ya que si se hubiera ido a juicio y estos se perdían, en rigor la cifra reclamada era de 9 millones de pesos.
Como sea, el expediente sigue su camino y vuelve a lo de Tadei el 14 de noviembre de 2006. Con este informe del grupo técnico, Tadei se pregunta “como es posible que le estemos pagando a esta gente más de lo que nos piden", según palabras de allegados a la funcionaria. Este es el texto que remiten a Intelisano y que luego, denuncian, fue tergiversado para tomarlo como la recomendación del pago.
Pelea albertista
Cuando explotó la situación entre Intelisano y Tadei, Alberto Fernández intercedió enviando a un abogado amigo, Fabián Musso, letrado del estudio del procurador Estéban Righi, un viejo amigo del jefe de Gabinete. Musso, cuentan, intentó interceder ante la funcionaria para que frene su investigación del caso. La respuesta fue tan concisa y terminante que la conversación terminó mal.
Ante la posición dura de Tadei, el ex jefe de ministros decidió intervenir de forma directa. Los que presenciaron desde oficinas lindantes la escena dicen que los gritos superaban varias paredes de obstáculo y que todo se terminó cuando Alberto aceptó que avance con el sumario administrativo pero le pidió que desista de presentar una denuncia penal.
Esto aún mantendría compungida a la abogada, quien buscaba llevar el caso a la Justicia penal, como había hecho con el caso Grecco.
Moroni, complicado
Un dictamen del entonces titular de la Sigen, Claudio Moroni, también aparece en la resolución de Intelisano. Según el texto del cuestionado funcionario de Economía, Moroni expresó que la máxima autoridad del Organismo Deudor debería emitir un dictámen de conformidad. Esa autoridad es el Inder, que controla Intelisano.
Especialistas no entienden como la Sigen tomó como válidos el análisis que hicieron del dictamen adulterado de Tadei: “En la Sigen, cuanto menos, hubo negligencia”, opinan.
Lo mismo creen cuando se los consulta sobre como dos fallos, de primera y segunda instancia rechazando el pago, no fueron citados por el propio procurador de la Nación a la hora de analizar el pago. Por eso nombran a un tal “licenciado Domínguez”, el aparente responsable en la Sindicatura de analizar este expediente.
Entre septiembre y diciembre de 2007, cuando se perpetró el pago, el país y por consecuencia el Ministerio de Economía estaban revolucionados políticamente. Se terminaba el gobierno de Néstor Kirchner y Miguel Peirano también preparaba las valijas.
Las fuentes encuentran en esta situación una vía de escape para el accionar de Intelisano. “Pensó que con Peirano se iba”, explican. Por eso, habría aprovechado para acelerar los pasos, pedir dictamen a la Sigen y sacar el pago. Todo con velocidad de empresa privada, lejos de los tiempos de la administración pública. Así, mostraron una voluntad de pago que, al menos, extraña.