Newsom lanza el mayor operativo en medio siglo para reducir al máximo el costo de los alquileres que pagan los latinos en California
El primero de enero entran en vigor en California un aumento al salario mínimo y una serie de nuevas leyes con las que el gobernador Gavin Newsom podrían ayudar a mitigar la carestía de la vivienda.
La legislación entrante más significativa pone por primera vez freno a los propietarios de vivienda que hasta ahora han cobrado cantidades fuera de proporción a sus nuevos inquilinos. DESTACADO
La nueva ley que promulgó el gobernador demócrata dice que los propietarios sólo podrán cobrar el primer mes de renta por adelantado y un mes de depósito como garantía para, por ejemplo, reparar descomposturas y arreglo de deterioro.
Hasta ahora, los dueños que rentan vivienda han cobrado hasta tres meses como depósito, y el primero y último mes, para tener garantías. Un equivalente a cinco meses de renta para un nuevo inquilino y, si se toma en cuenta que el precio promedio de un departamento es de $3,000 dólares, se trata de una cantidad que pocos residentes tienen disponible.
La señora Mena Aguilar dijo a LPO que esas tarifas "han sido un verdadero robo" porque por lo general no te regresan el depósito y los dueños lo gastan no solo en reparaciones, sino en mejoras para cobrar más caro al siguiente inquilino.
Como norma, los propietarios consideran que un inquilino podrá pagar sin problema la renta si equivale al 30 por ciento de su salario. Pero la señora Aguilar dice que muy pocas personas ganan $10,000 al mes. "Entonces lo que hacen es olvidarse de esa norma, pero te cobran más al principio de un contrato de arrendamiento", sostiene.
Los arrendadores, en su mayoría latinos, no tienen muchas opciones. California padece un déficit de 3,5 millones de viviendas, aun cuando más de 800,000 personas han abandonado el estado, de acuerdo con cifras del Instituto de Política Pública de California.
Gavin Newsom, el gobernador de California.
El autor de la nueva ley, el asambleísta demócrata Matt Haney, dijo esperar que la legislación pueda llegar a beneficiar a millones de personas en California. Haney remarcó que, pese a las difíciles circunstancias de la vivienda en el estado, las leyes que rigen los depósitos de seguridad permanecían sin cambios desde 1970.
Otra ley de protección a inquilinos que entra en vigor este primero de enero en California exige que cuando un propietario reclama que una persona desaloje su propiedad, deberá demostrar que lo hace con "causa justa".
Hasta hoy los propietarios podían simplemente exigir que les entregaran las viviendas, les hacían algunos cambios generalmente cosméticos, y luego rentaban al siguiente inquilino a mayor precio. En un contraste abismal, el que tenía que abandonar la vivienda enfrentaba la escasa disponibilidad en el mercado.
Ahora, además de que el dueño tiene que demostrar la causa justa, el inquilino accederá a un plazo de 90 días para abandonar la propiedad, tiempo suficiente para que busque a dónde mudarse.
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La tercera ley de protección a inquilinos que entra en vigor prohíbe que los propietarios echen a las personas que rentan por sospechas, sin comprobar de delitos. Por ejemplo, muchas veces los dueños de viviendas exigían que se les regresaran las unidades si los inquilinos tenían una situación por la que llamaran a las autoridades. Si una discusión familiar terminaba con una llamada a la policía, el inquilino podría perder la vivienda.
La nueva ley establece que una denuncia no asegura necesariamente que se cometió una acción criminal. Una falsa denuncia podría culpar falsamente y encima hacer perder la vivienda a una persona.
También empieza a regir una ley de parte del senado que por primera vez autoriza a las iglesias, instituciones religiosas y a las universidades que operan sin fines de lucro a construir viviendas en sus terrenos.
Hasta hoy, esas instituciones tenían que pasar costosos exámenes de uso de suelos y otros requisitos antes de conseguir permisos de construcción. Ahora podrán hacerlo de manera más libre para beneficiar sus feligreses y a estudiantes.
Finalmente, otra ley permite a los residentes guardar en sus viviendas bicicletas eléctricas, siempre y cuando las baterías se ajusten a los reglamentos de California.
También el primero de enero, comenzará a regir un nuevo aumento al salario mínimo de California. Pasa de $15.50 a $16 dólares por hora, un equivalente a $3,068 dólares mensuales antes de descontar impuestos.
Sin embargo, el mínimo también lo establecen los municipios o gobiernos locales con base en los costos de vida locales, siempre y cuando no sea un salario menor al estatal de $16 dólares por hora.
Por ejemplo, en Palo Alto, en el Valle del Silicón, con mayor costo de vida, el salario mínimo será de $17.80 por hora, de unos $3,420 mensuales antes de impuestos, mientras que en San Diego será de $16.85 por hora. Los trabajadores de la industria de comida rápida ganarán $20 por hora en las cadenas que tienen más de 16 locales en el estado, que básicamente son todas las cadenas grandes.