Empresarios rechazan reforma minera y administrativa: piden a la oposición voto en contra
Poco a poco va creciendo la presión empresarial en contra de dos iniciativas de reforma que impulsa la 4T en materia administrativa y minera, pues advierte que tendrá repercusiones en las inversiones, además de que podrían contravenir al T-MEC. Escenarios negativos que el presidente López Obrador descarta.
Desde el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin)y el International Chamber of Commerce México (ICC México) han empezado a levantar la voz contra estas iniciativas, acusando que no han sido convocados en la discusión legislativa de estos proyectos que tienen impacto directo en el sector empresarial.
"Manifestamos que las iniciativas presentadas contienen normas contrarias al marco constitucional, tratados internacionales como el TMEC y otros instrumentos comerciales, incluso, atentan contra las libertades individuales y los derechos humanos", lanzaron desde el CCE que encabeza Francisco Cervantes.
Reforma Ley Minera: Gobierno asegura que hay concesiones en zonas naturales protegidas
Esta mañana de jueves, durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, se le cuestionó a Andrés Manuel López Obrador sobre el impacto de la Ley Minera y las preocupaciones en la industria. El mandatario aseguró que "no afecta" y descartó que se trate de una iniciativa "expropiatoria" como acusan algunos de la iniciativa privada.
"Es cuidar el agua y evitar el derroche de entrega de concesiones a empresas mineras, fantasmas muchas, y el acaparamiento de grandes extensiones de propiedad del subsuelo para la explotación minera porque hubo un exceso. ¡Ni con Porfirio Díaz se enajenó tanto suelo patrio como en el periodo neoliberal!", dijo.
Por este tema en semanas pasadas también se pronunció la calificadora Moody's, que advirtió que, de aprobarse, sería negativa para la industria. "Los cambios serán negativos a nivel crediticio para el sector minero, lo que incrementaría la carga regulatoria de los productores y elevaría el riesgo de la terminación temprana de sus actuales concesiones", advirtió.
Andrés Manuel López Obrador
Aunque López Obrador sostiene que los contratos que ya están vigentes se mantendrán, este mensaje no da tranquilidad al mercado, sobre todo de frente a la iniciativa en materia administrativa que también se interpreta desde la industria que tiene intenciones expropiatorias.
"La iniciativa propone facultar a la Administración Pública Federal para revisar, modificar, nulificar y revocar actos administrativos que no respondan al interés general o que quebranten las leyes en beneficio de intereses privados", dice el documento que se presentó el pasado 24 de marzo.
En el centro de esta iniciativa se plantea el reconocimiento legal de la "supremacía del interés general, público y social sobre el interés privado, ya que el primero hace posible el ejercicio efectivo de derechos humanos que implican el disfrute de los bienes comunes de la Nación, como condición indispensable, incluso, para el ejercicio de otros derechos humanos".
Para la ICC México esta iniciativa genera mayor preocupación, pues asegura que "generaría grandes márgenes de discrecionalidad al Gobierno mexicano en contra de los particulares y atentaría contra el Estado de Derecho".
Además, afirman que se "crearía mayor incertidumbre jurídica para los inversionistas y se convertiría en un dique para la llegada de inversión extranjera directa para el país", lo que preocupa en medio del proceso de nearshoring. Y al igual que el CCE, apuntan a que pueda ser violatoria a la Constitución y a tratados comerciales.
Esta preocupación también se ha manifestado en el sector energético. Como dio a conocer LPO, en el marco de la compraventa de 13 plantas de Iberdrola en la que participa el Estado se planteó que esta iniciativa pudo haber sido un factor clave que la española consideró para concretar la operación, en medio de otras cuestiones ligadas a su enfoque de negocios en energías renovables.