Científicos se enfrentan a penas de cárcel por la lucha climática: "Es una imagen muy incómoda para el Gobierno"
Alberto Coronel (30 años) es Doctor en Filosofía e Investigador de Ecología Política en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Fue uno de los 60 científicos que el 6 de abril del año pasado participó de un protesta pacífica de desobediencia civil por la inacción climática en las puertas del Congreso de los Diputados de Madrid.
La intervención, organizada por el colectivo Rebelión Científica tras la filtración del sexto informe del IPCC, que en España cuenta con el apoyo y respaldo de más de un millar de profesionales, incluyó una sentada en las escalinatas al grito de consignas como "No hay planeta B" o "Alerta Roja. Escuchad a la Ciencia" y el lanzamiento de tinta roja biodegradable (zumo de remolacha) a la fachada del inmueble.
La Policía cargó contra los científicos, quienes, sin oponer resistencia, fueron desalojados a la fuerza por los agentes que participaron del operativo de seguridad. Meses más tarde, 15 investigadores fueron arrestados por los delitos de daños a las instituciones y daño patrimonial.
Las detenciones fueron efectuadas por efectivos de las Brigadas Provinciales de Información, es decir, los policías vinculados a Inteligencia encargados de investigar y tratar con grupos terroristas o radicales, la misma fuerza que, por ejemplo, investigó el 11M.
El proceso penal comenzará este jueves. El juicio -el primero que sienta a científicos en el banquillo de los acusados por luchar contra la emergencia climática- está en fase de instrucción, pero por los cargos que imputa la Fiscalía se esperan acusaciones graves que podrían acarrear penas de prisión.
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Coronel logró sortear el hostigamiento judicial. La Policía no lo identificó aquel día de protesta. En la víspera del juicio, escribió junto al prestigioso profesor del CSIC, Fernando Valladares -también partícipe de la desobediencia civil- y a la catedrática Agnes Delage un manifiesto de apoyo a sus compañeros.
"Si lo jueces contemplan las sanciones máximas que pide la Fiscalía, puede haber penas de hasta ocho años y medio de prisión, por lo que hay un riesgo real de que un científico pise la cárcel por luchar contra la inacción climática. Sería un antecedente gravísimo en todos los sentidos", advierte Coronel en diálogo con LPO.
El documento recuerda que en marzo de 2022, más de 4500 personas firmaron un llamamiento de la comunidad científica titulado "Los científicos que nos rebelamos contra la inacción climática".
Los firmantes expresaron su apoyo público a las primeras acciones de desobediencia civil científica coordinadas por el colectivo Rebelión Científica en más de 25 países con el objetivo de "alertar sobre la extrema gravedad de la crisis climática" y la "senda suicida" a la que se encamina la humanidad, en palabras del secretario general de la ONU, António Guterres.
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"La comunidad científica lleva décadas de investigaciones, informes, alertas, divulgación y cartas abiertas que han sido ignoradas. Por ello, desde el movimiento Rebelión Científica, los investigadores han decidido asumir la responsabilidad de dirigirse directamente a la ciudadanía, saliendo de sus laboratorios y cumpliendo con un necesario deber de desobediencia civil. Los científicos más eminentes del planeta consideran que ya no pueden limitarse a seguir documentando la catástrofe en curso y midiendo cómo se está cerrando la ventada para asegurar un futuro habitable", justifica el manifiesto.
El grupo de científicos que encabezó el año pasado la protesta de desobediencia civil en el Congreso.
Los científicos llegan al juicio acusados por el delito de "daños a bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental" agravado "por tratarse de daños de especial gravedad por lo "relevante" del bien (el Congreso).
La Fiscalía, sin embargo, retiró el delito por interrupción de la sesión parlamentaria, contemplado en un primer momento. Fue tras la declaración de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, quien negó que la protesta alterase el orden del día del Hemiciclo.
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Sin embargo, la parte acusatoria añadió a último momento los delito de "resistencia o desobediencia grave" y de "desórdenes público", amparados por la Ley Mordaza, una normativa del PP que el gobierno de coalición, pese a sus promesas, no ha derogado en estos cuatro años de legislatura.
"Este proceso judicial, la vigencia de la Ley Mordaza y la infiltración de una policía en colectivo climático confirman que hay mucha desconfianza estatal hacia los movimientos sociales y ecologistas", afirma Coronel.
Y agrega: "La lectura es que como el gobierno que dice tener compromisos ecológicos y ambientales no puede responder al mensaje -la protesta por la inacción climática-, se avanza en la persecución judicial. Al hilo de los cargos, la reflexión es que hay un recelo muy fuerte al derecho a la protesta pacífica".
Para este investigador, la imagen de un grupo de científicos juzgados por protestar contra la inacción climática es "muy incómoda" para un Ejecutivo que dice levantar banderas climáticas y ecológicas.
"Los gobiernos saben que con el empeoramiento de la crisis climática van a aumentar las protestas y que cada vez más personas van a dar un paso adelante a nivel de desobediencia civil. En el caso del gobierno español este proceso penal no hace más que visibilizar sus enormes contradicciones", analiza.
La "conciencia" de que la crisis climática se va a agravar es, a juicio de Coronel, el "conflicto real" que perturba a los poderes estatales.
"Somos ese sujeto que enuncia que los gobiernos no están cumpliendo con los compromisos de reducción de emisiones pactados y que no están respondiendo a la altura del desafío y de la emergencia que tenemos por delante. Sabemos que el riesgo que asumimos es muy elevado, pero sentimos que la lucha es más importante que la libertad de las personas que participamos en estas protestas", aclara.
El "apoyo social" a esta causa ya es "muy grande", afirma Coronel. Y seguirá creciendo en los próximos años: "Esto lo sabe el gobierno. Un movimiento como Rebelión Científica está en condiciones de disputar y definir si se están llevando a cabo o no las acciones para cumplir con la responsabilidad de España frente a la crisis climática. Por eso molesta tanto".
Los científicos que están poniendo su cuerpo a esta lucha admiten que es muy difícil conciliar esta militancia con la vida privada y profesional, pero están convencidos que sin "un paso adelante" de la comunidad científica la gravísima crisis climática va a quedar "rendida a la inercia del mercado".
"La gente confía en la ciencia, sabe que la ciencia cuidad su salud, que le arregla el coche, sabe que el conocimiento científico crea las neveras, sabe que la ciencia resuelve muchos de los problemas de la vida cotidiana. Un movimiento como Rebelión Científica tiene la capacidad de generar cambios reales. Por eso vamos a seguir en la calle", resume Coronel.
El manifiesto concluye con otra tajante afirmación: "Sólo democratizando la acción climática e integrando las recomendaciones científicas en la agenda de todos los programas políticos será posible evitar los peores escenarios de la catástrofe en marcha".