Diputados

El kirchnerismo acusa a Macri de facilitar el lavado de los narcos con una ley

Es la que permite crear empresas en un día. El Senado votó su derogación en 2020, pero se trabó en Diputados. Volverán a tratarla.

El kirchnerismo denunció que la ley para crear sociedades por acciones simplificadas (SAS) impulsada por Mauricio Macri y votada por el Congreso fue utilizada por los narcotraficantes de Santa Fe para lavar dinero.

Así lo planteó el diputado rosarino Macos Cleri, de La Cámpora, durante el arduo debate en comisiones de la ley que amplía el organigrama de la justicia federal de Santa Fe.

"Las SAS le permitieron a una sola persona, de forma unipersonal, crear una sociedad que se inscribía en la Inspección de personas Jurídicas de Capital Federal, que dependía del Ministerio de Justicia. ¿Y para qué fue eso? Para lavar dinero que provenía del narcotráfico", acusó Cleri.

Avanza la ley de Parrilli que prohíbe por seis meses crear empresas en un día

Soportó los gritos del jefe de la Coalición Cívica Juan López y de sus colegas santafesinos, con quienes había acordado la ley para sumar jueces y fiscales federales, que se tratará el 28 de marzo.

Después de ese día, el jefe del Frente de Todos Germán Martínez, también rosarino, presentará un proyecto para restringir las SAS, similar a la que se aprobó en el Senado en 2020, promovida por Oscar Parrilli.

 En Diputados tuvo dictamen, pero no llegó al recinto y perdió estado parlamentario por la resistencia del mendocino José Luis Ramón, quien por entonces era un aliado clave del Frente de Todos. Mendoza es una de las provincias con más SAS, entre las 30 mil que se crearon hasta 2019. 

Las SAS le permitieron a una sola persona, de forma unipersonal, crear una sociedad que se inscriba en la Inspección de personas Jurídicas de Capital Federal, que dependía del Ministerio de Justicia. ¿Y para qué fue eso? Para lavar dinero que provenía del narcotráfico.

El 60% está en la Ciudad de Buenos Aires y hay muchas en Santa Fe y Córdoba. Cuando la ley fue sancionada en 2017, la tarea de controlar las SAS estuvo a cargo del Ministerio de Modernización, encabezado por Andrés Ibarra, uno de los confidentes de Macri y actual precandidato a presidente de Boca. 

Durante el debate en el Senado, Parrilli recordó que las SAS "se conformaban con un capital irrisorio de sólo dos salarios mínimos, mediante un sistema digital y sin interferencia de la Inspección General de Justicia".

"Lo que hicieron fue facilitar el lavado de dinero y la evasión tributaria, en contraposición a las normas de la Ocde y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)", agregó el senador kirchnerista.

El neuquino denunció que "en Santa Fe aparecieron cuarenta SAS denunciadas por un fiscal federal que investigaba lavado de activos. Tenían el capital mínimo, ninguna con domicilio real en la ciudad de Buenos Aires, se inscribieron por vía digital, no se informó a la UIF de la constitución y no había ningún emprendedor".

La entonces senadora del Frente de Todos por Santa Fe María de los Ángeles Sacnun recordó que, por decreto, las SAS cotizaron en Bolsa para que el único poder de policía sea la Comisión de Valores, controlada por Macri. "Le sustrajeron todo el control y las habilitaron a cotizar", describió. 

Esteban Burllich, del PRO, fue uno de los encargados de defender las SAS en aquel debate del Senado. 

"Si de 30.000 empresas que se generaron hay 10 sospechadas, con esa lógica deberíamos hacer una ley para que se vuelvan a registrar todos los conventos porque hubo uno de 1.803 que recibió a un ex funcionarios con bolsos de dinero mal habidos", chicaneó, en alusión al ex secretario de Obras Públicas José López en una iglesia, en 2016. 

Por presión del entonces ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, la ley que finalmente se aprobó en el Senado no suspendía las SAS sino que creaba un registro con mayores controles en la Secretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y Emprendedores (SEPyME).

En Diputados nunca se trató y los santafesinos del Frente de Todos la quieren presentar de nuevo. También está pendiente una reforma a la ley de lavado de activos pedida por el GAFI, que realiza su próxima revisión en septiembre. 

Se trató en comisión en noviembre, había un bosquejo de dictamen negociado, pero Juntos por el Cambio no quiso volver a sesionar por este tema. El debate, ahora, se sumará al de las SAS.