La expropiación de Iberdrola a un vecino de Usagre, caso testigo de la consigna política "Renovables sí, pero no así"
La cronología empieza en 2012. Santos Lázaro Arias, un terrateniente de 72 años, histórico vecino de Usagre, un pequeño municipio español, perteneciente a la provincia de Badajoz (Extremadura), firma un contrato de alquiler con un inversor de la zona para explotar sus 525 hectáreas.
El hombre, con el tiempo, descubre que la empresa arrendataria quiere montar en esas tierras el "Proyecto Núñez de Balboa", una gigantesca instalación de energía solar. Y se entera que la firma es el satélite legal de la multinacional Iberdrola.
Con las cartas sobre la mesa, Lázaro Arias pide, en 2018, la revisión de precio del contrato de alquiler. Le estaban pagando 500 euros la hectárea cuando el precio del mercado, inflado por la burbuja verde, superaba los 1500. Iberdrola acepta negociar. Pero en paralelo -y en silencio- mueve sus hilos en las administraciones locales para apoderarse del terreno.
Se activa, entonces, la operación "expropiación". El ayuntamiento -la Dirección General de Política Energética y Minas- declara las hectáreas de "utilidad pública", lo que obliga al vecino a aceptar lo que no quiere hacer: desprenderse de sus tierras.
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Lo que sigue se contó en los medios de comunicación: la construcción en tiempo récord de la planta fotovoltaica "más grande de Europa" (entre marzo de 2019 y abril de 2020).
La inversión de Iberdrola rondó los 290 millones de euros. Para su financiación suscribió un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), por 145 y 140 millones, respectivamente.
El megaparque abarca 1.000 hectáreas (las restantes 475 arrendadas a otros vecinos), tiene 1.430.000 de paneles fotovoltaicos y atraviesa tres localidades a la vez: Usagre, Hinojosa del Valle y Bienvenida.
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Lázaro Arias no se quedó con los brazos cruzados. Contrató a la abogada madrileña Dorinda Aventín para llevar el caso -la "expropiación ilegal"- a la Justicia.
En junio del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) emitió una sentencia en la que obligaba a Iberdrola a devolverle a este vecino sus hectáreas.
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Textual del fallo: "Carece de fundamento alguno pedir la expropiación de unas fincas que antes nos hemos asegurado su disponibilidad mediante un contrato de arrendamiento por un periodo de 25 años. Es decir, la solicitud de la expropiación carecía de causa o justificación para privar el derecho de propiedad, por lo que se da inexistencia de causa expropiandi que conlleva la nulidad de todo el expediente expropiatorio".
El escrito judicial concluía con una categórica frase: "La actuación (de Iberdrola) es sorprendente. El despropósito no tiene nombre".
Como era de esperar, la compañía apeló. Solicitó, en primer lugar, la "subsanación y complemento" de la sentencia inicial, un recurso que existe antes de recurrir al Supremo, pero el alto tribunal extremeño lo rechazó, por lo que expediente pasó al mayor órgano de justicia nacional, que aún no se ha expedido.
Iberdrola alega que cuando adquirió en 2018 la "Sociedad Proyecto Núñez de Balboa" ya estaban firmados los contratos de arrendamiento y que el propietario incumplió las condiciones, "llegando a prohibir a la compañía acceder a la finca," por lo que se solicitó "la expropiación al Estado por gozar el proyecto de la declaración de utilidad pública".
Para la abogada Dorinda Aventín, la sentencia del TSJEx confirma "el abuso de derecho con el que Iberdrola ha gestionado su proyecto Núñez de Balboa, reconociendo la violación del derecho de propiedad de mi cliente". No solo eso. También valida que la multinacional se valió "de los poderes del Estado" para conseguir una expropiación ilegal.
La planta sigue funcionando con normalidad, pese a un fallo judicial que da por sentada otra irregularidad: la carencia de la "licencia de actividad". En agosto de 2021, el Ayuntamiento de Usagre ordenó el cierre inmediato de las instalaciones al no disponer de dicho permiso. Iberdrola confía que el Supremo revierta la sentencia, caso contrario tendrá que desmantelar más de un millón de paneles fotovoltaicos.
Las responsabilidades políticas están siendo investigadas, de forma paralela, en una juicio penal. El mes pasado, el Ministerio Público pidió 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público para el exalcalde de Usagre, Antonio Luna (PP), y la ex primera teniente de alcalde, María Dolores Esteban. Ve claros indicios de prevaricación en la concesión de la licencia urbanística de la planta.
La Fiscalía solicitó, además, 21 meses de cárcel para Andras Hilkermann, administrador de Proyecto Núñez de Balboa S.L, firma que pidió las primeras licencias al Ayuntamiento de Usagre y, una vez logradas, vendió los derechos de la planta fotovoltaica a Iberdrola. Se le achaca el delito de falsedad en documento oficial.
La acusación particular pide penas de prisión para todos los acusados, también para los dos funcionarios municipales, por la "gravedad" de los delitos: falsedad documental, tráfico de influencias y corrupción en los negocios y prevaricación urbanística.
Aventin pretende ampliar su denuncia e incluir a las principales autoridades de la Junta de Extremadura, incluido el presidente Guillermo Fernández Vara, y las máximas autoridades de Iberdrola, entre ellos Sánchez Galán.
La abogada denunció ante la prensa que su cliente sufre "constantes hostigamientos", presiones veladas que intentan que desista de su demanda. En noviembre, la nave de Lázaro Arias fue calcinada. "Está muy preocupado y está siendo sometido a una gran presión, recibiendo casi a diario insultos y provocaciones de personas próximas al poder municipal", contó.
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El caso desnuda, al cabo, lo que, ecologistas, ambientólogos y científicos, denuncian como un "asalto a lo Far West" del oligopolio energético -con la venia de Moncloa- a las renovables, con falta total de transparencia en los contratos, en los impactos ambientales y una endémica corrupción a gran escala.
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Los temores de sufrir expropiaciones se empiezan a replicar en varias comunidades autónomas. Un ejemplo: en Castellón, los vecinos afectados por el proyecto del Parque Solar Fotovoltaico "Magda" (avalado por el MITECO, pero rechazado por la Generalitat) temen correr la misma suerte debido a que las firmas que están detrás de la inversión (china y francesa) ya solicitaron la Declaración de Interés Público, paso previo a la expropiación forzosa.
"Posiblemente hagan falta plantas grandes, pero no primero grandes y luego de autoconsumo, comunidades energéticas y comunidades energéticas locales, la propuesta es darle la vuelta a lo que se ha planteado", resume el portavoz de la Coordinadora Valenciana por una Ubicación Racional de las Energías Renovables, Julio Rodrigo sobre esta lucha ciudadana.