Para la AGN, Dujovne no tenía potestad para firmar el Acuerdo con el FMI
La Auditoría General de la Nación presentó este jueves el resultado del Informe de Ejecución Presupuestaria de 2018 y firmó un dictamen adverso. La investigación concluyó que la deuda pública se contrajo sin adecuarse a los procedimientos que exige el Derecho Público, en particular respecto del Acuerdo Stand-By que Dujovne y Sturzenegger le pidieron el 12 de junio al FMI y que se aprobó el 20 de junio de ese año.
No solo se detectaron irregularidades administrativas de forma, sino que hubo errores de procedimiento. Entre los más graves, figura que al momento de la contracción de la deuda con el FMI, Nicolás Dujovne no tenía entre sus facultades como Ministro de Hacienda el tomar esa deuda. Cabe recordar que hasta el 22 de junio estuvo en funciones el Ministerio de Finanzas a cargo de Luis Caputo. Y recién cuando Caputo se fue al Banco Central, Finanzas y Hacienda se unificaron y la gestión del crédito quedó bajo su órbita.
A su vez, no se cumplieron con los análisis de solvencia, sostenibilidad y la consulta previa al Banco Central por el efecto del endeudamiento sobre la balanza de pagos que exige la Ley de Administración Financiera.
"Esta auditoría, al combinar un análisis de cumplimiento con el estrictamente financiero nos permite concluir que, aunque se haya verificado la razonabilidad de los saldos que presentan las cuentas del sistema de crédito público incluidas en los Estados Contables de la Cuenta de Inversión al 31 de diciembre de 2018, el auditado no cumplió con la normativa vigente relativa al endeudamiento público. Esto cobra especial relevancia cuando se considera que el endeudamiento neto en este ejercicio se elevó a $ 2.115.019.907.640,06 (USD 55.940.624.350,74). La magnitud del endeudamiento en el periodo auditado y la preponderancia que dentro del mismo representó el préstamo Stand by con el FMI resultan de suma importancia y sus consecuencias exceden el ejercicio bajo control proyectándose a futuro", se lee en la página 11 de un informe de 83 fojas.
De acuerdo documento emitido por Jesús Rodríguez, "el préstamo con el FMI no cumple con el criterio establecido" de autorización del endeudamiento porque, entre otras cosas, se omitió la consulta previa al Banco Central. No fue la única inobservancia a la normativa, tampoco se respetaron los "procedimientos para la colocación de títulos públicos en mercados internacionales", además de que se incurrió en "la falta de normativa sobre la emisión y seguimiento de avales, fianzas y garantías". Y advirtieron que el crédito Stand By tomado con el FMI tuvo efectos adversos sobre la sostenibilidad de la deuda pública.
Al respecto destacaron que la documentación de respaldo al crédito se cargaron en el sistema de Gestión Documental Electrónica después de firmado el Acuerdo con el Fondo Monetario de forma desordenada y, en algunos casos, sin la firma digital que valida los actos administrativos como la Ley de Firma Digital manda.
"Finalmente se detectó que la formalización del endeudamiento, no fue realizada por Ley de Presupuesto ni por Ley específica, ni similar, como podría haber sido un Decreto presidencial. El Acuerdo fue firmado por el Ministro de Hacienda cuya cartera no contaba entre sus Misiones y Funciones la gestión del Crédito Público. No es de extrañar, entonces la carencia de análisis de riesgos, solvencia y sostenibilidad anteriores a la firma del Acuerdo".
"Al ser un préstamo multilateral, se lo registró y expuso como tal, pero no se cumplió con los requisitos regulados por la Res. Ex MEyFP 108/09. Tampoco se cumplió con el art. 61 de la Ley 24.156 que establece que en los casos en que las operaciones de crédito público originen la constitución de deuda pública externa antes de formalizarse el acto respectivo y cualquiera sea el ente del sector público emisor o contratante, deberá emitir opinión el Banco Central de la República Argentina sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos".
Con este reporte, la Auditoría General de la Nación rechazó la Ejecución Presupuestaria de 2018 y se expidió sobre el primer acuerdo de Macri con el FMI, el mismo que Miguel Pesce desde el Banco Central pidió investigar el 1 de marzo de 2021, cuando elevó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Oficina Anticorrupción toda la documentación vinculada, para determinar si generaron perjuicios al Estado.
En aquel entonces, el Central pidió "la realización de una auditoría específica" de la documentación para evaluar las "responsabilidades en los funcionarios que actuaron oportunamente en la efectivización del acuerdo suscripto por la República Argentina con el FMI" en 2018 y "determinar la existencia de perjuicio para el patrimonio público".
El dictamen adverso también se funda en que el endeudamiento se hizo sin criterios de sostenibilidad, ya que se llevó el ratio de deuda en moneda extranjera arriba del 84% y el 82,8% se concentró antes de 2025, producto de la falta de estrategia financiera para la deuda en función de la capacidad de repago del país.