Texas lidera una coalición de 20 estados que denuncian por ilegal el plan de inmigración de Biden
El encargado de liderar la movida contra Joe Biden es uno de los abogados preferidos de Donald Trump. Pero también el Procurador General de Texas que acaba de ser reelecto para su tercer mandato consecutivo. Ken Paxton es el más trumpista de los republicanos de Texas pero eso no le impide alinear a otros detrás de sus intereses. Acaba de demostrarlo con una jugada que logró el acompañamiento de otros 20 estados en contra de la administración Biden.
Como parte de la campaña permanente del Estado de Texas contra la política migratoria de los demócratas, Paxton presentó una demanda en la que considera ilegal el plan con el que la el gobierno federal pretende ordenar la crisis en la frontera y hacer pie en un territorio que ha sido arena movediza desde que asumió, hace ya dos años.
Acostumbrado a jugar fuerte y con el respaldo del gobernador Greg Abbott, el procurador Paxton afirma que el nuevo programa de inmigración que Biden anunció hace algunas semanas permitiría que 360.000 personas al año de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresen al país burlando las leyes. Las diferencias del gobernador Abbott con Biden no solo son públicas: además fueron expresadas en forma personal durante la reciente visita del presidente a la localidad fronteriza de El Paso.
Según informó Texas Tribune, Paxton lidera una coalición de otros 20 estados que lo acompaña en la presentación que hizo en un tribunal de distrito federal en Victoria.
En un movimiento que apunta a salir de la permanente postura defensiva en la que se encuentra en este tema, la Casa Blanca presentó su plan migratorio a fines del mes pasado. Biden y el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas anunciaron un programa de libertad condicional que permitiría a 30,000 personas por mes cruzar legalmente la frontera desde los cuatro países si pasan una verificación de antecedentes y demuestran que tienen patrocinador financiero en los Estados Unidos. Si son aprobados, además, están en condiciones de permanecer en el país por un lapso de hasta dos años y obtener un permiso de trabajo. Una vez en el país, podrían solicitar asilo.
El Procurador General de Texas, Ken Paxton, y Donald Trump.
Como contrapeso, la administración de Biden anunció que pretende seguir utilizando el Título 42 -la norma sanitaria que desempolvó Trump durante la pandemia- para expulsar hacia México a la misma cantidad de migrantes de esos cuatro países que ingresen en forma ilegal a los Estados Unidos.
Según informó el Departamento de Seguridad Nacional, México acordó aceptar hasta 30,000 migrantes al mes de esos países bajo el Título 42. Sin embargo, tal como contó en exclusiva LPO, el objetivo que Mayorkas planteó en la Cumbre de Líderes de América del Norte era bastante más ambicioso y demandaba mayor colaboración por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Mayorkas busca que México reciba el doble de migrantes expulsados por EU antes de fin de año
La demanda dice que el programa de libertad condicional se inspiró en el mismo criterio que permitió a los ucranianos ingresar al país después del inicio de la guerra en Ucrania, en febrero de 2022. Pero, según considera la presentación de Paxton, el último programa de libertad condicional no cumple con los criterios de legalidad.
"El programa de libertad condicional establecido por el Departamento falla en cada uno de los tres factores limitantes de la ley. No es caso por caso, no es por razones humanitarias urgentes y no promueve ningún beneficio público significativo", dice.
Distintos motivos han llevado a que, en los últimos dos años, Texas haya presentado más de 20 demandas en un tribunal federal contra la administración de Biden y la mayoría de ellas han sido presentadas ante jueces designados por Trump. En este caso además, el republicano Paxton -que está en el cargo desde 2015- es uno de los grandes amigos del ex presidente. El circulo se cierra a favor de los republicanos y en contra de la Casa Blanca.
Texas ya ha logrado frenar en forma parcial varios intentos de la administración Biden por establecer políticas migratorias. El último antecedente es reciente: el Estado se unió a una demanda encabezada por Arizona que obligó a la Casa Blanca a continuar con el Título 42 para expulsar a los migrantes a México sin permitirles solicitar asilo.