Los jueces de Lago Escondido temen que los manden a indagatoria antes de la feria
El grupo de jueces involucrado en el Caso Lago Escondido dice tener indicios de presiones del kirchnerismo para que la jueza a cargo de la investigación del presunto delito de dádivas que enfrentan, los mande a indagatoria antes del inicio de la feria judicial de enero.
En la causa están involucrados los jueces federales Pablo Cayssials, Julián Ercolini, Pablo Yadarola y Carlos Mahiques, además del procurador porteño, Juan Bautista Mahiques, el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo DÁlessandro y directivos del grupo Clarín.
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La investigación está a cargo de la jueza federal de Bariloche, Silvia Domínguez. Según afirmaron a LPO allegados de los denunciados, los jueces creen que existe una fuerte presión del kirchnerismo para que la magistrada dicte su indagatoria antes de fin de año y apuntan en especial al senador neuquino Oscar Parrilli y el rionegrino ministro de Justicia, Martín Soria.
La mención a las provincias de origen de estos dirigentes no es casual. La jueza Domínguez es titular del juzgado neuquino de Zapala desde 2016 y subrogante del juzgado de Bariloche desde agosto de 2021. Su pliego fue enviado por Cristina Kirchner al Senado antes de finalizar su mandato y fue aprobado durante el gobierno de Macri.
Con una historia de fallos favorables a los mapuches, los magistrados investigados la visualizan cercana a ciertas posiciones del kirchnerismo.
Pero el supuesto dato que ofrecen los abogados de los jueces para probar sus sospechas es que el denunciante de la causa, el abogado neuquino Marcelo Hertzriken Velasco, un ex defensor oficial en Chos Malal destituido por mal desempeño en 2004, habría presentado como domicilio el mismo que la oficina neuquina de Parrilli y sería socio de su estudio jurídico.
Voceros de Parrilli desmintieron a LPO la versión. "Parrilli no conoce a Hertzriken, no tiene estudio de abogados y de hecho hasta se bajó de la matrícula", afirmaron tajantes los voceros del senador. Al parecer la confusión surgió porque Hertzriken sería socio de un estudio neuquino cuya oficina estaría al lado de la de Parrilli, aunque esto no está confirmado.
A los abogados de los jueces también les llamó la atención que en el juzgado la fiscalía que lleva adelante la causa, trabaje como prosecretario letrado Gustavo Révora, quien sería primo del ministro del Interior, Wado de Pedro, y como él oriundo de Mercedes. Révora, que incluso se habría presentado en el concurso para ocupar el todavía vacante juzgado federal de Bariloche, fue director del Registro Nacional de Armas (RENAR) en el segundo gobierno de Cristina, según los abogados de los acusados.
Sin embargo, la relación de la jueza con la ficalía que interviene en el expediente no parece ser la mejor, al punto que la magistrada la desplazó y asumió personalmente la instrucción de la causa.