En una decisión inédita, el Tribunal Constitucional frena su propia reforma y paraliza el Parlamento
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado a última hora de este lunes suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Se trata de una decisión inédita y de un avasallamiento de poderes que, según las primeras valoraciones del Gobierno, "pone en riesgo la democracia". Es la primera vez, en sus más de 40 años de historia, que el Constitucional ordena suspender de forma urgente un debate parlamentario en las Cortes Generales.
Tras una larga jornada de debate, el órgano de garantías ha decidido, finalmente, paralizar la tramitación, lo que supone que queda anulada la votación en el Congreso y que se retrotraen las enmiendas hasta el momento de su presentación. El sector conservador impuso su mayoría y sacó adelante la votación por seis votos contra cinco.
Para el Gobierno, el PP y el Poder Judicial intentan consumar un "golpe blando a la democracia"
Las enmiendas en cuestión habían sido aprobadas en el Congreso de los Diputados el pasado jueves en el marco de la proposición de ley para derogar el delito de sedición. Restaban ser validadas este jueves por el Senado.
De esta manera, el TC avala el argumento del PP sobre un procedimiento (la reforma impulsada por el Gobierno) supuestamente "inconstitucional". El viernes postergó su decisión (dejó que el Congreso votase) y este lunes, tras más de nueve horas de intenso debate decidió frenar la tramitación parlamentaria.
La primera medida de los magistrados fue rechazar los incidentes de recusación presentados por PSOE y Unidas Podemos contra dos de integrantes del TC, el presidente del Tribunal, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez (elegidos por Mariano Rajoy y con mandatos caducados), quienes votaron con sus compañeros conservadores para tumbar el intento de recusación.
Se trata de los dos magistrados que Pedro Sánchez, en aplicación de la Ley, pretende cambiar por Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y Laura Díaz, ex directora general en el ministerio de Presidencia.
Tras conocerse la decisión judicial, desde el Ejecutivo de coalición salieron al cruce advirtiendo del "peligrosísimo" paso del TC.
"El ala derecha del Tribunal Constitucional impide una votación democrática en la sede de la soberanía popular. La derecha política, mediática y judicial consuma un golpe sin precedentes a la democracia. Toca demostrar que los y las demócratas somos más", tuiteó Ione Belarra, secretaria general de Unidas Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030.
El presidente del TC, Pedro González-Trevijano, durante el acto del 12 de octubre de 2022
"Consumado el atropello democrático. Unos magistrados que se saltan la ley amordazan a las Cortes elegidas por voto popular. Hay que defender la democracia", avisó Iñigo Errejón, líder de Más País.
Por su parte, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha anunciado en una comparecencia de urgencia que la Cámara acatará la decisión del Tribunal Constitucional, pero ha defendido la actuación parlamentaria y ha mostrado su "preocupación" por este hecho "sin precedentes".
Unidas Podemos fue más allá y denunció golpe de estado. Los portavoces parlamentarios, Pablo Echenique y Pablo Fernández, lo hicieron a través de sus cuentas de Twitter.