La UE admite que no ha evaluado los "impactos" de reducir los controles ambientales de las renovables
El reglamento temporal y de urgencia que la Comisión Europea (CE) pretende aprobar para acelerar el despliegue de energía renovable -los ministros de Energía lo votan este miércoles- tiene un asterisco que justifica la preocupación de científicos y ambientalistas sobre los posible daños a la biodiversidad del continente.
En la página siete, la CE reconoce que "dado el carácter temporal y urgente de las medidas, que responden a una situación de emergencia, no se ha podido llevar a cabo una evaluación de impacto".
El reglamento detalla las "razones y objetivos" de la propuesta, su "base jurídica" y los alcance de las flexibilizaciones. Pero en el apartado titulado "evaluación de impacto" se admite que no hay una proyección sobre la huella que dejará el debilitamiento de las normas de protección ambiental para acelerar las renovables.
Bruselas justifica esta "medida urgente" debido a que la "situación de crisis ha empeorado" desde la publicación del plan REPowerEU (18 de mayo).
"Es necesario un despliegue más rápido de las energías renovables para poner fin definitivamente a la emergencia actual, ya que reducirá de forma inmediata y estructural la demanda de combustibles fósiles en los sectores de la electricidad, la calefacción y la refrigeración, la industria y el transporte", explica la propuesta de reglamento.
La UE entiende que "los procedimientos administrativos largos y complejos obstáculos que frenan el ritmo de inversión en energías renovables e infraestructuras conexas y el número de estas inversiones". El documento aclara que la "propuesta es una medida extraordinaria y aplicable durante un tiempo limitado".
Otra justificación para aprobar el reglamento es que "los Estados miembros no pueden lograr por sí solos un despliegue rentable, rápido y a gran escala de energía renovable sostenible en consonancia con la ambición del Pacto Verde Europeo".
"Se requiere un enfoque europeo coordinado para acortar y simplificar los procedimientos de concesión de autorizaciones y los procesos administrativos a fin de acelerar el despliegue necesario de las energías renovables", reza el borrador de la propuesta.
Para la CE, el reglamento está "en consonancia con los objetivos medioambientales, ya que la aceleración del despliegue de energía renovable es fundamental para mitigar los impactos tanto del cambio climático como de la contaminación, que están provocando la pérdida de biodiversidad y suponen una amenaza para la salud".
Pero aclara que los proyectos de energías renovables "son de interés público superior a efectos de la legislación medioambiental".
Textual: "Una de las medidas propuestas consiste en la introducción de la presunción refutable de que los proyectos de energías renovables son de interés público superior y contribuyen a la salud y la seguridad públicas, en particular a efectos de la legislación medioambiental pertinente de la Unión, salvo cuando haya pruebas claras de que dichos proyectos tienen efectos adversos importantes sobre el medio ambiente que no pueden mitigarse o compensarse".
Esta "presunción" permitirá que tales proyectos se beneficien, con efecto inmediato, de una "evaluación simplificada de las excepciones específicas que se contemplan, en particular, en la legislación medioambiental pertinente de la Unión Europea".
De este artículo se desprende que en España una comunidad autónoma deberá autorizar el despliegue de molinos de viento en zonas con riesgo de colisiones de aves si el inversor pone "medidas mitigadoras adecuadas". Este daño ambiental (las colisiones de aves) ya no vulnerará la directiva europea de aprobarse el nuevo reglamento.
La ministra Teresa Ribera este martes en Bruselas durante el debate por el tope de gas.
Las administraciones tendrán un "plazo máximo de seis meses" para conceder los permisos y las autorizaciones con todas las evaluaciones medioambientales incluidas. Transcurrido ese tiempo, el "silencio administrativo" será equivalente a concesiones.
La validez de este nuevo reglamento será de un año con "una cláusula de reexamen que permita su ampliación, en caso necesario". Y solo se aplicará a los nuevos procedimientos de autorización que se inicien una vez puesto en vigencia, por lo que no tiene carácter retroactivo.
Rechazo de científicos y ecologistas
Semanas atrás, científicos y académicos españoles lanzaron una carta abierta para pedir que los ministros de Energía de la Unión Europea no reduzcan los controles existentes de la protección de la biodiversidad, "ni siquiera para acelerar el despliegue de las energías renovables".
El documento -que cuenta casi con 500 firmas- exige "no proteger un bien dañando otro" y aclara que "la implantación de las energías renovables puede llevarse a cabo sin poner en peligro la biodiversidad".
En paralelo, las principales organizaciones ecologistas lanzaron un comunicado conjunto rechazando el nuevo reglamento.
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF solicitan al Gobierno "que mantenga firme su posición, como hizo hace tres semanas, en el Consejo de Energía y anuncie que denunciarán el reglamento si rebaja el nivel de protección establecido en las directivas de protección de la naturaleza".
Los colectivos advierten del "peligro que representa la idea de enfrentar renovables y biodiversidad". "El Consejo de la UE pretende eliminar unilateralmente procedimientos de protección de la naturaleza en la concesión de permisos para acelerar el despliegue de las energías renovables. Para las entidades ecologistas es innecesario y generará un pernicioso precedente que pondrá en riesgo tanto las políticas de conservación de la naturaleza como las de lucha contra el cambio climático, además de afectar a la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones europeas", advierten.