Científicos y académicos españoles lanzaron una carta abierta para pedir que los ministros de Energía de la Unión Europea no reduzcan los controles existentes de la protección de la biodiversidad, "ni siquiera para acelerar el despliegue de las energías renovables".

El documento -que ya cuenta con más de 300 firmas- exige "no proteger un bien dañando otro" y aclara que "la implantación de las energías renovables puede llevarse a cabo sin poner en peligro la biodiversidad".

En las próximas semanas, la Comisión Europea pondrá a votación una propuesta de reglamento para acelerar el despliegue de la infraestructura verde, proyecto que modifica el régimen de la prohibición del daño de los ecosistemas.

La normativa actual prohíbe el deterioro de las especies, los hábitats y lugares de la red Natura 2000, así como el estado de las aguas superficiales y subterráneas. Estas prohibiciones tienen contadas y estrictas excepciones. Una de ellas es que los proyectos que deterioren los ecosistemas demuestren un "interés público superior".

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Bruselas pretende aprobar un "nuevo reglamento temporal de emergencia" ante el "atasco administrativo" que tiene paralizado muchas inversiones eólicas y fotovoltaicas.

"Hay innumerables proyectos renovables que están esperando a ser aprobados y otros que están atascados debido a los largos procedimientos de autorización. Con las extraordinarias circunstancias a las que se enfrentan nuestros ciudadanos e industrias, no podemos permitirnos el lujo de tener tiempo", justificó la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen.

En España, hasta 60.000 megavatio fotovoltaicos y 19.000 MW eólicos pueden "caerse" si no reciben antes del 25 de enero la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), según la advertencia de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

El planteo de los científicos tiene una puja política de fondo que ya genera chispas en muchas CCAA: "conservación" (transición energética lenta que preserve los territorios) vs. "desarrollo" (despliegue rápido y masivo de los proyectos industriales verdes)

La solución de la UE es declarar a todas estas inversiones, de forma generalizada, de "de interés público superior y contribuyen a la salud y la seguridad públicas".

De aprobarse este nuevo reglamento, estos proyectos -en su mayoría en manos de multinacionales- podrán construirse a los seis meses de presentados los papeles. Transcurrido ese tiempo, el "silencio administrativo" será equivalente a concesiones.

Esta condición de "interés público superior" permite que las nuevas directivas se apliquen directamente en toda la UE sin necesidad de transponerlo a la legislación nacional.

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"Esta presunción rompe el carácter estricto que estas excepciones tienen y por tanto facilita el deterioro de los ecosistemas a través de la ficción jurídica de presumir una realidad sin necesidad de probarla", plantean los profesionales del desarrollo científico en la carta.

Y justifican: "La principal razón que desaconseja esta medida es que la ciencia ha demostrado que, incluso con las medidas de protección existentes, no se ha logrado detener el deterioro en términos de destrucción masiva de biodiversidad. Necesitamos aplicar de manera estricta la prohibición del deterioro y ampliar la protección con nuevas medidas adicionales".

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Europa Press

"Hay además muchas otras razones que impiden apoyar esta propuesta -agregan los firmantes-, destacando entre ellas que su adopción contradice la obligación de integrar de manera completa las exigencias de protección de la biodiversidad en la definición y en la realización de la política de energía".

Por lo pronto, la postura de España es rechazar esta propuesta de reglamento. La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, lo calificó de "confuso" y "desequilibrado". 

"Nos preocupa que se introduzca una gran incertidumbre jurídica respecto a por qué en un determinado momento las renovables representan un interés general superior a la protección ambiental. Creemos que es un texto confuso y desequilibrado que puede llevar a una gran litigiosidad tanto por parte de los promotores de renovables como por parte de los defensores ambientales", aclaró.

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La ministra adelantó que España va a insistir en la necesidad de "precisar en qué condiciones se puede acelerar el procedimiento de permisos de los proyectos renovables". No le parece nada razonable que los gobiernos tengan que "desvincularse" de la protección ambiental para darle "prioridad" a los proyectos verde.

La preocupación por esta intención de Bruselas de declarar de "interés público" a las renovables también alcanza a la España Vaciada, como adelantó LPO. Quienes habitan los territorios "intervenidos" por esta infraestructura verde exigen desde hace años por una "planificación y ordenación" que respete el paisaje y los suelos. 

No debemos proteger un bien dañando otro. La implantación de las energías renovables puede llevarse a cabo sin poner en peligro la biodiversidad

"Las grandes energéticas españolas protestan desde hace tiempo de estas trabas regulatorias alegando que atentan contra sus inversiones y, por ende, contra el despliegue verde. Tienen, hasta cierto punto, algo de razón. Hay demoras de hasta dos o tres años para obtener todos los permisos. Pero una cosa es reducir estos largos plazos y otra muy distinta es sacar un reglamento tan flexible. Entre tres años y un mes hay un mundo. La UE no ha caído en el término medio", se quejó Pedro Menéndez Morán asesor de España Vaciada Madrid en materia de transición energética.

Lo cierto es que el planteo de los científicos tiene una puja política de fondo que ya genera chispas en muchas comunidades autónomas:  "conservación" (transición energética lenta que preserve los territorios) vs. "desarrollo" (despliegue rápido y masivo de los proyectos industriales verdes).

Este choque de visiones quedó escenificado la semana pasada en Valencia. Compromís, una de las formaciones que integra la coalición de gobierno, a cargo de la consejería de Agricultura y Medio Ambiente, destituyó a Pedro Fresco -uno de los perfiles técnico-político con mejor valoración del sector energético- de la dirección general de Transición Ecológica.

Fresco exigía políticas públicas para avanzar, lo más rápido posible, en el despliegue de infraestructura verde para poder alcanzar los objetivos trazados por España y Europa para 2030, y paliar la subida de precios y la dependencia a los combustibles fósiles.

Los asesores ecológicos de Compromís, en cambio, son partidarios de una estrategia más cauta y conservadora. Entienden que la masiva instalación de plantas fotovoltaicas atenta contra la biodiversidad de los territorios.

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Esta semana, un grupo de expertos en materia energética publicó un manifiesto exigiendo "una transición energética a gran escala" en Cataluña, una de las CCAA con menos renovables.

Para los firmantes hay que superar el debate entre pequeñas y grandes instalaciones (autoconsumo doméstico y proyectos industriales) y apostar por "un modelo energético híbrido" para alcanzar una transición energética rápida y justa. Acusan al Govern por el "retraso" en la implantación de la infraestructura verde.

"Catalunya está a la cola de Europa y de España en soberanía energética y energías renovables. Las fuentes renovables son imprescindibles para garantizar el suministro de energía a los centros urbanos, la industria o los equipamientos esenciales", denuncia el documento que lleva la firma de Enric Sala, explorador de National Geographic; Pep Canadell, director ejecutivo del consorcio internacional Global Carbon Project y el ecólogo marino Kike Ballestero, del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CSIC), entre otros.